Holguín: "la paralización va a traer efectos perversos a la economía"
El ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín, aseguró a Efe que el Gobierno del presidente Guillermo Lasso centrará su segundo año en atender las demandas que motivaron una serie de protestas, porque "de macroeconomía no come nuestra gente".
El canciller Juan Carlos Holguín, durante la reunión ministerial sobre migración, en Panamá, el 20 de abril de 2022.
Twitter Juan Carlos Holguín
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Holguín afirmó que es "muy optimista" en que el Ejecutivo atienda esas peticiones después de que el primer año del mandato de Lasso se haya enfocado principalmente en la vacunación y en la reactivación económica.
"El Ecuador es uno de los ejemplos de manejo macroeconómico. Sin embargo, de macroeconomía no come nuestra gente, y hacia allá tenemos que ir una vez que hemos puesto la casa en orden", añadió.
En ese sentido, Lasso dio una muestra al aprobar parte de las demandas exigidas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), principal convocante de las movilizaciones, al mismo tiempo que decretó el estado de excepción en las tres provincias en las que se concentran las protestas.
El Gobierno decretó la subvención de un 50% del precio de la urea, que se utiliza como fertilizante, así como condonar las deudas vencidas de hasta USD 3.000 que tuviesen familias campesinas y la reducción de la tasa de interés del 10% al 5% para los créditos vigentes; además del aumento del bono de desarrollo humano de USD 50 a USD 55.
"De macroeconomía no come nuestra gente, y hacia allá tenemos que ir una vez que hemos puesto la casa en orden"
"Efectos perversos de las manifestaciones"
Holguín se lamentó de que las protestas causen "una paralización que va a traer efectos perversos para la economía, sobre todo después de una pandemia y en medio de los efectos de una guerra", y cuando el país iba "en el buen camino" de la reactivación.
Sobre la posibilidad de iniciar un diálogo con las organizaciones movilizadas en las protestas, el canciller reiteró que el Gobierno siempre ha estado abierto al diálogo.
"El problema es que se convocó una manifestación diciendo 'no dialogaremos', y ahí es donde a nosotros nos genera dudas de que podamos tener una posibilidad de diálogo cuando lo que han querido es desestabilizar. No todos, pero sí sus líderes", apuntó Holguín.
El titular de la cartera de Relaciones Exteriores indicó que el Gobierno no teme ninguna medida internacional en contra del Estado por el manejo de las protestas, donde hubo varias detenciones, entre ellas la del presidente de la Conaie, Leonidas Iza, principal promotor de la movilización.
"No hay nada que temer porque todo está absolutamente argumentado y justificado", sostuvo Holguín, al recordar que el arresto de Iza fue considerado legal por la Justicia ecuatoriana al aceptar los cargos y dejarlo en libertad condicional tras casi un día completo detenido.
"Ha sido evidente que el señor Iza accedió a un proceso justo. Se respetaron absolutamente sus derechos humanos", enfatizó el canciller ecuatoriano sobre el arresto del líder indígena por presuntamente instigar la paralización de servicios esenciales.
Sin embargo, Iza ha denunciado haber sufrido una detención "ilegal y arbitraria" a la que ha llegado a calificar de "secuestro político", e incluso el sábado denunció haber sido objeto de un supuesto atentado por un disparo contra su vehículo.
Por ello, sus abogados esperan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) apruebe las medidas cautelares solicitadas para que el Estado garantice su integridad.
Protestas se tornaron violentas
Holguín aseveró que las manifestaciones "se tornaron en actos violentos que transgredieron lamentablemente la norma, y el Ecuador en eso lo que ha hecho es aplicar la ley".
"En el momento en que nuestro país se cortan vías públicas, el servicio de agua, se apedrean buses escolares o ambulancias, hay una violación a la norma y al derecho supremo de una convivencia en armonía", agregó.
"Somos muy respetuosos de la Justicia, pero sí debe haber un mensaje claro de que el respeto a esas protestas termina también en el respeto que se debe dar a las normas que existen en un país", reiteró.
En este escenario, las Naciones Unidas emitieron un pronunciamiento en el que instaban al Gobierno a respetar el derecho a la protesta y a garantizar un debido proceso a los detenidos, mientras que exhortaba a las organizaciones sociales a desarrollar las movilizaciones sin violencia.
"Estoy completamente de acuerdo con ese pronunciamiento. La resistencia es un derecho que debe ser absolutamente respetado y fomentado desde quienes hacemos Gobierno, siempre y cuando no sean violentos", concluyó Holguín.
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