Gobierno no pagará USD 265 millones al Consejo de la Judicatura
Pablo Arosemena, ministro de Economía, informó que la acción de protección presentada por Wilman Terán fue aceptada parcialmente por la justicia.
Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, firma un memorando de entendimiento con ONU Mujeres, el 27 de marzo de 2023.
Cortesía / Consejo de la Judicatura
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El 21 de abril de 2023, la juez Cecilia Pareja dio a conocer su sentencia sobre la acción de protección que había interpuesto Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), en calidad de ciudadano.
Y el ministro Arosemena anunció, a través de su cuenta de Twitter, que el fallo fue favorable para el Gobierno. Si bien la jueza Pareja declaró que el derecho a la justicia se vulneró parcialmente, no dio paso al pago reclamado por Terán.
Por la misma vía, Terán indicó que, por orden de la magistrada, el presupuesto de la Función Judicial deberá ser reestructurado urgentemente.
Para eso, se instalarán mesas técnicas entre la Judicatura, Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación. En 30 días, dijo el ministerio, se priorizarán los proyectos de inversión, así como las necesidades judiciales.
La acción de protección
Wilman Terán, a través de la acción de protección, esperaba conseguir que el Gobierno pague USD 265,7 millones como medida de reparación a favor de unas 9.396 víctimas por la falta de recursos para la justicia.
Terán interpuso la acción de protección en contra de Guillermo Lasso, presidente de la República, y Pablo Arosemena, ministro de Economía.
Terán se presentó, como ciudadano, en representación de las víctimas. En la lista había funcionarios judiciales, exservidores y usuarios del sistema de justicia.
Según Terán, esas víctimas han sido objeto de cuatro violaciones a sus derechos por la falta de asignación de recursos:
- Derecho a la defensa, acceso a la justicia, a un sistema judicial independente y seguridad jurídica de los usuarios del sistema de justicia.
- Derecho al trabajo digno de los abogados en libre ejercicio y de los servidores judiciales.
- Derecho a la seguridad jurídica de los trabajadores de la Función Judicial.
- Derecho al trabajo de los servidores judiciales destituidos.
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