El Gobierno y la Conaie se miden en los frentes político y judicial
Después del paro, la relación entre el Ejecutivo y el movimiento indígena avanza entre denuncias penales, intenciones de juicios políticos y la gestión relativa a pueblos y nacionalidades.
El presidente Guillermo Lasso en una reunión del comité de seguridad, el 24 de junio de 2022.
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Pese a la supuesta 'tregua' entre el Gobierno y las organizaciones indígenas y campesinas que lideraron el paro nacional, de 18 días, el pulso con la Conaie se lleva en cuatro frentes paralelos.
El principal escenario son las mesas de diálogo temáticas, donde los ministros del presidente Guillermo Lasso y los dirigentes sociales discuten las propuestas planteadas durante las movilizaciones.
Las tensiones no han bajado y los plazos para generar resultados son cortos, de tres a cinco días por cada uno de los diez ejes. Sin embargo, los reclamos y acusaciones de lado y lado no han cesado.
A la par, hay otros tres frentes los que se desarrolla este episodio protagonizado por el Ejecutivo y la Conaie:
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Procesos judiciales
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Tanto el Presidente de la República como el presidente de la Conaie están involucrados en procesos penales derivados del paro nacional. Leonidas Iza enfrenta una acusación por presunta paralización de servicios públicos, por los múltiples cierres de carreteras. El dirigente indígena fue aprehendido la madrugada del 14 de julio, mientras regresaba a su hogar en Latacunga. En una confusa jornada, las autoridades lo trasladaron a Quito y después nuevamente a Latacunga. Su equipo legal denunció irregularidades en el proceso de flagrancia y presiones políticas previas a la audiencia de juzgamiento, del 4 de julio. Pero la audiencia no pudo instalarse y se declaró fallida, ya que tanto la defensa como la Fiscalía, Procuraduría y Petroecuador pidieron que se otorguen otros 15 días para la evacuación de pruebas, que estaba incompleta. La respuesta del movimiento indígena fue una contra demanda contra el presidente Lasso y sus ministros del Interior, Patricio Carrillo, y de Defensa, Luis Lara. Según la Conaie, los funcionarios son responsables de una presunta privación ilegal de libertad. Y la Fiscalía abrió una investigación al respecto.
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Juicios políticos
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Después de iniciado el paro, el brazo político del movimiento indígena, Pachakutik, anunció el inicio de un juicio político en la Asamblea Nacional contra el ministro del Interior, Patricio Carrillo. El motivo fue también la detención de Leonidas Iza. La Conaie había pedido ya la destitución de Carrillo y del ministro de Defensa, Luis Lara. Pero el Gobierno los felicitó por su labor durante las movilizaciones y no se prevé su salida del Ejecutivo. Una semana después del paro, la filial amazónica del movimiento indígena, Confeniae, pidió nuevamente el inicio del juicio político y que se incluya al titular de Defensa. Pero el mismo Carrillo respondió que estaba ratificado en el cargo. Pachakutik se encuentra recolectando las firmas para el proceso.
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Secretaría de Pueblos
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En el discurso del 5 de julio, durante la posesión de sus nuevos ministros, el presidente Lasso agradeció al secretario de Pueblos, Luis Pachala, por su gestión, a la par que despedía a los funcionarios salientes. Al día siguiente se hizo pública la renuncia del funcionario, quien dijo se iba de la entidad para facilitar los diálogos con el movimiento indígena. La dirigencia de la Conaie, Feine y Fenocin, en distintos momentos habían criticado la administración de Pachala, lo acusaron de intentar dividirlos y de no representarlos. Todos advirtieron la intención, incluso, de someterlo a procesos de justicia indígena por su gestión. Han pasado 10 días y el Mandatario no ha aceptado públicamente la renuncia de Pachala ni ha nombrado su reemplazo. Incluso, el funcionario sigue liderando la cartera de Estado, el 13 de julio entregó un cheque por más de USD 1 millón en convenios. https://twitter.com/Secretaria_PyN/status/1547349062105587712?s=20&t=eVRycOkybn6G4oFMtCfBMA
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