Fiscalía rechaza las acusaciones de persecución política de Freddy Carrión
La fiscal Diana Salazar aseguró que la elaboración del informe sobre el paro nacional de 2019 no tiene nada que ver con la investigación de un delito por abuso sexual.
La fiscal general, Diana Salazar, compareció ante la Comisión de Fiscalización este 1 de septiembre de 2021.
AN
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La fiscal general, Diana Salazar, compareció el miércoles 1 de septiembre de 2021 ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea dentro del proceso de juicio político en contra del defensor del Pueblo, Freddy Carrión.
Salazar hizo un resumen del caso por presunto delito de abuso sexual que se sigue en contra de Carrión, en el que la esposa del exministro de Salud Mauro Falconí es la presunta víctima.
La comparecencia de la fiscal general se da un día después de que Carrión también apareciera en la Asamblea, y acusara a esa institución y la Fiscalía de persecución política. Se le permitió estar presente en las versiones para ejercer su derecho a la defensa.
Su argumento es que está siendo perseguido por el informe sobre el paro nacional de 2019, que presentó una comisión conformada por la Defensoría del Pueblo.
Ante esto, Salazar descartó cualquier tipo de persecución política, según dijo, porque lo que se investiga es un presunto delito de abuso sexual. Aseguró que el informe no fue realizado por Carrión, sino por una comisión especial integrada por tres miembros de la sociedad civil.
"No tiene ningún sentido hablar de una persecución. Es más, la Fiscalía colaboró con estar tres personas en su investigación. Y ninguno de los integrantes de esta comisión figuran como personas objeto de investigación penal".
Diana Salazar, fiscal general
Salazar incluso contó que Carrión estaba dentro del programa de víctimas y testigos de Fiscalía, pues había pedido ser incluido porque "temía por su vida" después de la publicación del informe.
La fiscal general también aseguró que los USD 46.570 dólares en efectivo que se encontraron en la vivienda de Falconí son parte de otro proceso penal que actualmente se encuentra en indagación previa. El presunto delito que se investiga es contra la eficiencia de la administración pública.
Salazar precisó que trata de un presunto delito de peculado.
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