El CAL desestima los pedidos correístas sobre el juicio político de la fiscal Diana Salazar
La última solicitud de la interpelante del juicio político, Gissela Garzón, se desestimó por "falta de fundamento". En el oficialismo se habla de persecusión a la fiscal Diana Salazar.
La fiscal Diana Salazar durante un evento el 10 de junio en la Cancillería, un mes después de que anunciara que afronta un embarazo de riesgo.
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El Consejo de Administración Legislativa (CAL) no llegó a tratar el pedido de la asambleísta correísta, Gissela Garzón, para dar seguimiento para una posible reactivación del juicio político a la fiscal, Diana Salazar Mendez.
La solicitud de la legisladora del correísmo, y proponente del juicio, fue desestimada incluso antes de que pueda ser sometida a votación dentro de ese organismo de la Asamblea Nacional.
"No estaba fundamentado (el pedido) y no podemos dar paso a que se pretenda certificar, a cada rato, el estado de gestación de la fiscal", dijo el asambleísta oficialista de ADN, Diego Matovelle, que integra el CAL.
Matovelle se refiere a que no es la primera vez que Garzón pide información al respecto. El 19 de junio ya envió un oficio buscando se le dé a conocer el estado del pronunciamiento de la Procuraduría, que sirvió como base para suspender el juicio político a la fiscal.
Ahí se le informó que sigue igual. Es decir, que con base a los certificados médicos presentados por la fiscal Salazar, ella tiene un embarazo que es de alto riesgo, por lo tanto, el proceso seguía suspendido.
Garzón niega que en alguno de sus pedidos haya solicitado información íntima o de la situación de salud de la fiscal, pero si quiere asegurarse de que no se limite su capacidad de fiscalización por el criterio de Procuraduría, que considera tiene sesgos e imprecisiones.
Matovelle prefiere no hablar de sanciones o llamados de atención a Garzón, por ahora, ante la insistencia sobre un tema que, dentro del CAL, una mayoría considera que está claro.
"Pienso que hay un tipo de persecución y molestia que se quiere causar a la Fiscal del Estado".
Diego Matovelle, asambleísta de ADN.
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