Firmas falsas y favores a cambio de cargos: así operó la red de Mendoza
Imagen de la audiencia preparatoria de juicio del caso Hospital de Pedernales, el 10 de noviembre de 2020, en Quito.
CNJ
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Cuatro de las 19 personas, que inicialmente estuvieron en caso Hospital de Pedernales, fueron declarados inocentes de manera anticipada.
El 7 de noviembre de 2020, el juez Marco Rodríguez los sobreseyó. La decisión se basó en el dictamen abstentivo que presentó la Fiscalía. Es decir, no se hallaron pruebas en su contra.
Si bien ahora son inocentes, las cuatro personas sí participaron en los hechos que rodean la trama de corrupción. Por lo que sus versiones y las investigaciones dieron más detalles sobre el modo de operar de la red que lideró el exlegislador Daniel Mendoza.
En el caso, la Fiscalía investiga el desvío de fondos públicos. El Estado entregó más de USD 8 millones al Consorcio Pedernales - Manabí para la construcción del hospital de esa localidad. Pero parte de esos valores fueron entregados a servidores públicos a manera de coimas.
Inocentes
A continuación, PRIMICIAS le presenta los hechos que rodearon el sobreseimiento de cuatro de los procesados:
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La esposa del contratista
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“Solo cumplía órdenes de tomar notas de cualquier tipo. En fin de lo que yo le indicaba, cumpliendo un rol como lo cumple toda mujer como esposa, ella no tiene conocimiento de absolutamente de nada”.
Así explicó José Véliz, procurador del Consorcio Pedernales - Manabí, el rol de su esposa, Tania Saltos, en la red de corrupción que se montó alrededor del Hospital de Pedernales.
Ese testimonio fue ratificado por ella y por los demás integrantes de la red, quienes ni siquiera la conocían personalmente.
Saltos, por ejemplo, llevó el registro de los cheques que emitió el Consorcio hacia diferentes personas. Pero no sabía que ese dinero provenía del anticipo para la construcción del Hospital de Pedernales y que estaba siendo desviado hacia funcionarios corruptos.
"Mi amor, uno de USD 100.000 y dos de USD 80.000 ya quedaron llenos en números (...). Le pone USD 360.000 para asambleístas, USD 320.000 de comisión para Jorge Jalil y (René) Tamayo y USD 80.000 para Franklin Calderón y Juan Guerra. Gracias mi vida te amo".
Esa fue una de las instrucciones que Saltos recibió de Véliz. La Fiscalía lo constató en los chats encontrados en los celulares incautados a ambos.
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Una anciana engañada
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Olga Macías es la suegra de Franklin Calderón, identificado como uno de los hombres más cercanos a Daniel Mendoza a quien se refería como jefe.
Ella tiene una cuenta en la Cooperativa 15 de Abril Y, según la UAFE, pese a que no tenía ingresos considerables recibió depósitos por USD 111.500. Luego ese dinero fue transferido, entre otras, a la cuenta de Calderón.
La Fiscalía ordenó varias pericias documentales y grafotécnicas de las firmas y rúbricas atribuidas a Macías, que constaban en los microfilms originales de los cheques y papeletas de depósitos que reposan en la cooperativa.
Los análisis concluyeron que las firmas no corresponden gráfica y morfológicamente con la firma original de la procesada. Es decir, su firma fue falsificada.
En su versión, Olga Macías dijo que no conocía nada del caso, que no ha firmado ningún cheque y que le han falsificado la firma porque ella no sale de su casa.
"Yo paso en mi casa, porque soy una persona mayor, sufro de las piernas y yo no voy al banco porque yo no puedo caminar", dijo en su versión.
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El amigo del asesor
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Jean Carlos Benavides, asesor y hombre de confianza de Mendoza, fue detenido el 14 de mayo de 2020. En su poder había más de USD 500.000 y sellos de varias dependencias públicas.
Ese día, él se movilizaba en un vehículo manejado por Mario Ordóñez, quien también fue detenido y procesado por delincuencia organizada.
Él había trasladado a Benavides a cobrar varios cheques en distintas agencias de BanEcuador, mientras la Policía los vigilaba.
Ordóñez y Benavides se conocieron en enero de 2017. El primero trabajaba como gestor de un albergue del MIES en Manabí. Benavides lo llamó y se presentó como el asesor de Daniel Mendoza, en ese entonces candidato a legislador.
Más adelante, con Mendoza ya en funciones, lo invitaron a formar parte del Movimiento Mejor. Ordóñez colaboró en la recolección de firmas para la inscripción de la organización.
Por su ayuda y militancia, luego de la inscripción de Mejor, Benavides y Mendoza ubicaron a Ordóñez en la Agencia Nacional de Tránsito y luego en el Ministerio de Transporte.
"Benavides me pedía que le ayude con depósitos, ya que él no tenía tiempo. Yo accedí a colaborarle, ya que tenía disponibilidad de tiempo y pues me había ayudado dos ocasiones con puestos de trabajo", dijo Ordóñez en su versión.
A partir de septiembre de 2019, los depósitos se hicieron más frecuentes. Hubo semanas en que movió hasta USD 4.000. Pero Ordóñez no sabía quiénes eran los destinatarios. Incluso, pagaba las tarjetas de crédito de personas cercanas a Mendoza, el arriendo de su departamento, entre otras cuentas.
El 13 de mayo de 2020, Benavides lo llamó y le pidió que lo acompañará a Manta y Portoviejo, desde Calceta. Luego de todo el recorrido fueron detenidos.
Él nunca supo que ese día había dado transporte y logística a una estructura criminal.
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El maestro ebanista
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A bordo del vehículo en el que iban Benavides y Ordóñez, el 14 de mayo de 2020, iba una persona más.
Se trata de Esteban Velásquez, quien se dedicaba a la ebanistería. Específicamente, trabaja con desechos naturales y fibras vegetales en la elaboración de muebles e infraestructura rústica.
Semanas antes conoció a Benavides, quien se interesó por su trabajo. Le pidió que le ayudará en la construcción de una cabaña.
Se habían reunido ya dos veces previamente para cuadrar la obra y faltaban afinar pocos detalles. El 14 de mayo, Velásquez llamó a Benavides y le propuso una nueva reunión.
Él le dijo que no tenía tiempo, pero que si quería lo podía acompañar a hacer unas gestiones a Manta y Portoviejo, mientras conversaban de la cabaña.
Nunca supo que hicieron cuando pararon en las agencias bancarias de esas ciudades, ni tampoco entendió por qué lo detuvieron al final de esa tarde.
La audiencia
El 10 de noviembre de 2020, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), se instaló la audiencia preparatoria de juicio del caso. El magistrado Marco Rodríguez debe decidir quienes, de los siete procesados que siguen en el juicio, y serán juzgados luego de ser acusados por la Fiscalía.
- La Fiscalía acusó al exasambleísta Eliseo Azuero de ser el líder de la organización y podría enfrentar una pena de hasta 10 años.
- Además, la Fiscalía acusó a Jorge Jalil, exsubdirector del Secob, y otras cinco personas, en calidad de colaboradores de la red criminal. Podrían enfrentar penas de hasta siete años.
Durante la audiencia, la Fiscalía y los acusados mostraron las pruebas que practicarán en un eventual juicio. Rodríguez todavía no ha anunciado su decisión.
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