Estados Unidos pide a Ecuador aprobar la ley de extinción de dominio
El embajador Michael Fitzpatrick y el canciller Luis Gallegos, el 3 de septiembre de 2020 en Quito, durante la asignación de fondos para la lucha contra las drogas.
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El embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, y el canciller ecuatoriano, Luis Gallegos, concretaron este 3 de septiembre la asignación de USD 6,5 millones adicionales en cooperación para Ecuador, para el control de narcóticos.
El dinero servirá para incrementar programas de cooperación y capacitación y contrarrestar el tráfico de drogas y otros crímenes internacionales, dijo el diplomático estadounidense.
Pero, advirtió que "para luchar inteligentemente contra el crimen organizado, debemos afectar sus finanzas, la plata". Y agregó que la extinción de dominio ha mostrado resultados positivos en otros países, en el combate contra las mafias.
Es importante recordar que este tipo de criminalidad se fundamenta en el comercio ilícito y su principal motivación es el ánimo de lucro, entonces, hay que seguir la plata.
Michael Fitzpatrick, embajador de EE.UU.
Una ley de extinción de dominio, con base en las mejores prácticas de la ONU, puede establecer en el Ecuador una base para extraer bienes ilícitos y reinvertir estos recursos en el país, para todos los ciudadanos, advirtió Fitzpatrick.
Por lo que señaló que el Gobierno de Estados Unidos "motiva a la Asamblea Nacional del Ecuador a aprobar el borrador existente de una ley de extinción de dominio lo más antes posible, el pueblo lo demanda".
Y señaló que, desde su parte, continuará proporcionando asistencia técnica, para fundamentar la necesidad de aprobar esa ley y el país tenga en sus manos una herramienta esencial en la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y los crímenes financieros.
Además, Fitzpatrick dijo que el caso del exitoso rescate de Elsy Valencia, hermana del futbolista Enner Valencia, está relacionado con una de las decenas de programas de capacitación, asistencia técnica y donación de equipos que realiza Estados Unidos.
Esto porque tres de los agentes que participaron en la operación fueron capacitados en un programa de operaciones especiales antisecuestro y extorsión, financiado por la Embajada de Estados Unidos y facilitado por la Policía Nacional de Colombia.
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