El Estado sin estrategia, frente a Odebrecht que sí quiere cobrar sus deudas
La fiscal Diana Salazar, el secretario anticurrupción Iván Granda, el procurador Iñigo Salvador, el contralor Pablo Celi, junto a los representantes de Odebrecht Sebastián Valle, Thiago Ribeiro y Felix Martins, durante la reunión en Procuraduría, en julio de 2019.
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Han pasado tres años desde que Odebrecht tocó las puertas del Gobierno ecuatoriano y sus autoridades para acordar una reparación integral tras el escándalo de corrupción regional que hundió a la empresa.
En ese entonces nadie supo como actuar. Y parece que esa tónica se mantiene.
Lo único que consiguieron los acercamientos de la empresa, en junio de 2017, fue sellar un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía General del Estado, en ese entonces dirigida por Carlos Baca Mancheno. Gracias a eso, por ejemplo, los empleados de la constructora han dado versiones a la justicia ecuatoriana sobre casos de corrupción.
Aunque ahora, según el procurador Íñigo Salvador, la información ofrecida tampoco ha llegado en su totalidad.
Del posible pago de una compensación económica al Estado no hay noticias.
Pero, esto no sucede en todos los países. Desde marzo de 2016, Odebrecht la ha tenido más fácil alcanzando varios tipos de acuerdos con Brasil, Estados Unidos, Suiza, República Dominicana, Panamá, Guatemala, Perú. Y, debido a las negociaciones y reparaciones con estos países, la empresa asegura que no tiene más fondos disponibles.
Pero es, precisamente, en los países que tuvieron gobiernos de línea socialista -que se auto definían como Socialistas del Siglo XXI- donde más le ha costado a la empresa concretar estos procesos de indemnización: Ecuador, Venezuela, Argentina, Bolivia.
Incluso, últimamente el proceso con México se ha visto frenado.
La empresa ya no tiene mucho que perder. En Ecuador existe básicamente solo como personería jurídica. Y el Gobierno, en su campaña de una presunta lucha anticorrupción, advirtió que la gigante brasileña no volvería a operar en el país, al menos, mientras Lenín Moreno sea presidente.
Así, a Odebrecht le resultaría más sencillo irse en cualquier momento y dejar que el Estado busque la forma de cobrar la reparación por la vía judicial o en tribunales internacionales.
Los dos últimos directores regionales de la constructora han buscado concretar un acuerdo con las autoridades ecuatorianas sin éxito. El primero, Félix Martins, participó en dos citas. Pero los miembros de la comisión negociadora estatal, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y la Secretaría Anticorrupción, aún no se ponen de acuerdo en cuánto debería pagar Odebrecht.
El último director, Mauricio Cruz, aún está esperando que se concrete un nuevo encuentro con todos los miembros de la comisión, que se preveía sería entre diciembre y enero.
Sin embargo, el mismo Procurador dio la pista de que eso no sucederá. Pese a que el tiempo sigue transcurriendo y la posibilidad de lograr una reparación se aleja cada vez más, Salvador dijo a Expreso que "va a ser necesaria una evaluación en la que el Estado decida si proseguir con eso o no".
Es decir, aunque desde hace siete meses las autoridades supuestamente reúnen información para calcular la indemnización y reparación que debería pagar la empresa a Ecuador, todavía no hay una decisión en firme de si concretar el proceso.
El Procurador, en un inicio, era de la idea de cobrar por lo menos los millones que la empresa acepta haber pagado en coimas en el país. Esto a sabiendas de que Odebrecht no tenía fondos ilimitados y que llevaba dos procesos de declaración de banca rota.
Pero ahora, la Contraloría afirma que, tras el incendio de sus instalaciones en octubre, deben recuperar la información. El Procurador dijo desde un inicio que no tiene la competencia para hacerse cargo solo de las negociaciones. La Secretaría Anticorrupción no tiene un titular que la represente. Y la Fiscalía está ocupada intentando mantener en pie los juicios derivados de los casos de corrupción.
Aunque el Estado no tome una decisión ni las acciones necesarias para recuperar el dinero, la empresa no pierde el tiempo. Una de las opciones que propusieron es hacer un cruce de cuentas. Odebrecht sí quiere cobrar lo que el Ecuador le debe por planillas no pagadas.
Precisamente hoy podría haber novedades en un juicio administrativo que interpuso la empresa en contra de Petroecuador en 2018, porque la estatal petrolera le debe presuntamente USD 184 millones en pagos por el poliducto Pascuales Cuenca.
Por cómo ha avanzado hasta ahora el proceso de negociaciones, parece más probable que Odebrecht cobre primero sus deudas antes que el Estado garantice una reparación integral.
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