El Estado quebró a los medios incautados y no puede venderlos

De los 18 medios incautados por el Estado, 15 han quebrado. Solo cuatro siguen activos: TC Televisión, Gamavisión y las radios La Prensa y Súper K-800. Todavía no existe un plan de venta para ninguno de ellos y tampoco interesados en comprarlos.

La madrugada del 8 de julio de 2008 el Estado ecuatoriano incautó casi 200 empresas pertenecientes al grupo Isaías, prófugos de la justicia y expropietarios del quebrado Filanbanco.

Tras esa acción el Estado pasó a ser propietario de una decena de medios de comunicación.

Rafael Correa, cuyo Gobierno ordenó la incautación, prometió vender los medios “en máximo seis meses”, es decir, en enero de 2009.

El 24 de octubre de 2017, el entonces gerente de Medios Públicos, Andrés Michelena, develó el déficit económico y las fallas estructurales y editoriales de este grupo de medios.

Michelena denunció que la Revolución Ciudadana, de Rafael Correa, manejó estas empresas “de forma propagandística, mediocre, dispendiosa e indolente”. También dijo que los canales incautados, Gamavisión y TC Televisión, registraban a esa fecha pérdidas acumuladas de USD 23 millones.

El régimen del presidente Lenín Moreno anunció un manejo independiente y sin injerencias políticas del sistema público de información, incluyendo los medios incautados. Según Michelena, esto sería posible con una Ley Orgánica de Medios Públicos.

El anuncio quedó en promesa, ni siquiera se ha enviado una propuesta.

Lo único tangible ha sido que en 2019, por orden de la Contraloría, la Presidencia de la República pagó USD 6,6 millones a Gamavisión por la transmisión de 119 sabatinas, entre enero de 2015 y mayo de 2017.

Las sabatinas eran programas de televisión en vivo en los que Correa promocionaba su administración, y en los que llegaba a hablar durante horas.

Eso se convirtió en un alivio para evitar el cierre el de Gamavisión, aunque de sus 300 empleados solo quedan 78 (nueve en Guayaquil y 69 en Quito).

Ni la sombra de lo que fue

Gamavisión está en proceso de liquidación, a cargo de la Superintendencia de Compañías. Su liquidador, Juan Manuel Gutiérrez, no quiso conceder una entrevista a PRIMICIAS.

¿Cuánto le cuesta a los ecuatorianos mantener estos medios, entre gastos operativos, nómina, pérdidas y deudas? Es una respuesta que Medios Públicos EP tampoco quiere ofrecer.

Gamavisión funciona al mínimo y debe retransmitir informativos y contenidos del canal público Ecuador TV.

El Estado posee el 78% del paquete accionario de Gamavisión. El resto (22%) lo compraron en 2011 los empleados con un crédito a 10 años del Banco Nacional de Fomento (hoy BanEcuador).

“Ni este Gobierno ni el anterior han tenido la genuina intención de vender este canal ni TC”, asegura Mauricio Herrera, presidente del Comité de Empresa de Gamavisión.

Aunque repite que la televisora “se está levantando, ya vende publicidad y paga los salarios a tiempo”. Una versión que contradicen otros empleados del canal: las reducciones de personal continúan.

La LOC obliga al Estado a vender

No es cuestión solo de decisión política, sino de legalidad. El 20 de febrero de 2019 entró en vigencia la reformada Ley Orgánica de Comunicación (LOC), impulsada en la Asamblea por el gobierno de Moreno y sus aliados.

La LOC reformada (que cambia en un 80% la ley de 2013 impulsada por Correa) exige, en su primera transitoria, al Estado vender las acciones de los medios incautados en 365 días contados a partir de la entrada en vigencia de la ley.

Ese plazo se cumple este 20 de febrero de 2020. No se conocen nombres de compañías interesadas en la compra. ¿Tal vez no las haya? Gamavisión ni siquiera tiene los equipos para el apagón analógico de 2021 y para empezar a transmitir en HD.

El abogado de los hermanos Isaías, Jorge Zavala Egas, explicó a PRIMICIAS que la venta de los medios y el resto de empresas incautadas es improcedente.

Esto por resolución de un Juzgado Civil del Guayas que prohíbe la enajenación y venta de esos bienes, acogiendo un dictamen internacional (Corte de Derechos Humanos de Ginebra).

“No se va a cumplir transferencia que exige la LOC. Esas empresas fueron arrebatadas ilegalmente a los Isaías. Hoy reclamamos los activos. En el caso de los canales y el resto, edificios y terrenos. En 12 años hemos visto cómo el Estado ha quebrado todo lo incautado. Por eso, es imposible vender, tal como ofrecen falsamente los funcionarios del Gobierno”.

El 24 de mayo de 2018 el entonces Secretario de Comunicación, Andrés Michelena, admitió que la venta de Gamavisión era complicada.

“Lo quebraron y alguien dispuso que transmitan 426 sabatinas. Rafael Correa y Fernando Alvarado deben responder por qué abusaron, malgastaron y llevaron a la quiebra a esos medios”.

Ese día Michelena también ofreció concretar “en un plazo de seis a ocho meses” (es decir de noviembre de 2018 a enero de 2019) la venta de TC Televisión.

“Hay interesados en su compra", dijo en la ocasión, aunque no dio nombres.

TC "está seis puntos arriba (en rating) de su competidor (aludiendo a Ecuavisa). No se usó políticamente el canal y eso nos permite vender el paquete accionario”, dijo Michelena.

Otra promesa incumplida.

TC es el único medio a flote 

De los 18 medios incautados o bajo administración del Estado, solo uno goza de buena salud, opera al 100% y se ha convertido en la joya de la corona: TC Televisión.

En 2018 y 2019, TC Televisión fue líder en audiencia, según Kantar Ibope Media.

¿Por qué no se ha vendido? Su gerente general, María Piedad Palacios, no atendió la solicitud de información que hizo PRIMICIAS.

El departamento de Comunicación argumentó que los ejecutivos de Medios Públicos EP son los únicos voceros.

Tampoco accedió a una entrevista el Presidente del Comité de Empresa de TC, Daniel Lara, “porque no tenemos autorización de nuestro abogado”, explicó.

El 13% de acciones de TC pertenece a los trabajadores, a través de un fideicomiso, que las compraron también con un crédito del BNF (BanEcuador) en 2011.

Hasta el cierre de este informe tampoco respondió a las preguntas de PRIMICIAS el gerente de Medios Públicos EP, Luis Eduardo Velarde, pese a los reiterados pedidos -por escrito y por vía telefónica- a su equipo de comunicación.

Aunque la facturación de TC disminuyó de USD 35 millones en 2017 a USD 32 millones en 2018, según su informe de rendición de cuentas, hay que analizar cuáles son los factores que lo han mantenido a flote.

Históricamente, ha sido un canal de alto rating y su producción nacional tiene gran acogida, en especial las novelas, las series y los programas de entretenimiento de corte popular.

La televisora también ha ejecutado continuos recortes de personal y se ha adaptado a un mercado mediático cambiante en la última década, particularmente por el auge de plataformas digitales y las redes sociales.

¿Cuánto cuesta TC? En 2009 el Fideicomiso-Medios lo valoró en USD 70 millones y a Gamavisión, en USD 25 millones. Un precio que va a la baja.

Los medios fueron parte de la maquinaria de propaganda de Rafael Correa para reconfigurar la opinión pública y lograr, por ejemplo, las victorias en 11 procesos electorales entre 2007 y 2017.

Eran los años en que Alianza PAIS era imbatible políticamente. Eso lo establece una investigación académica de la Universidad de Navarra en marcha.

Nadie quiere semejante lío

El mercado de inversión publicitaria de la televisión en Ecuador mantiene su tendencia decreciente: pasó de USD 211 millones en 2012 a USD 128 millones en 2018, incluyendo los siete canales nacionales de señal abierta.

"Hoy los medios no son rentables", explica el periodista Fernando Larenas, quien hasta enero de 2020 fue uno de los altos ejecutivos de Medios Públicos EP.

“Hay que agregar que los medios incautados son una cosa extraña que provoca miedo. Es como querer vender un carro. Dices que lo vendes, pero sin papeles, porque era de tu suegra y ella, a su vez tenía problemas legales. Nadie quiere un lío así”, dice Larenas.

El grupo Isaías, desde Estados Unidos, inició a partir de 2008 una cadena de demandas para recuperar lo incautado, las 195 empresas, y ha amenazado con iniciar más acciones legales contra futuros compradores.

Mientras, la Contraloría comenzó una serie de exámenes y determinó indicios de responsabilidad, aunque todavía nadie ha sido sancionado.

Casi 12 años después de esa madrugada de incautación, con operativos armados en Quito y Guayaquil, se evidencia un Estado que acumula, quiebra y no logra vender los medios de comunicación.

Allen Panchana Macay es PhD Candidate de la Universidad de Navarra en Media & Society. Su tesis doctoral versa sobre los medios públicos e incautados en Ecuador.