Gobierno advierte que juicio político tiene "serios vicios legales"

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, fue el primero en reaccionar a la decisión de la Asamblea, en su cuenta de Twitter.
"La Asamblea ha decidido continuar con el juicio político al Presidente de la República en un proceso ilegítimo que nació, se desarrolló y terminará sin pruebas, sin argumentos y con serios vicios legales", dijo.
Y aseguró que el Gobierno se mantendrá firme "en la defensa del derecho de los ecuatorianos a vivir en democracia".
https://twitter.com/henrycucalon/status/1656069260379078656

Tras la resolución de la Asamblea, el presidente Saquicela deberá solicitar a la Comisión de Fiscalización todo el expediente del proceso de juicio político contra Lasso y difundirlo entre los 137 asambleístas.
Sin embargo, los plazos no están claros, dado que esta resolución no consta en la Ley como parte del trámite del juicio político.
Según el asambleísta Fernando Cedeño (UNES), la convocatoria debería ser para este lunes, es decir, un día después de la renovación de las autoridades. Y el juicio debería llevarse adelante así el presidente Lasso no asista a la sesión del Pleno.

Tras la decisión del Pleno, el coordinador de la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), Juan Fernando Flores, aseguró que la intención de la resolución era medir las fuerzas para la posible destitución de Lasso, que necesitaría 92 votos.
Según Flores, las negociaciones del juicio político se mezclaron con las de la renovación de las autoridades de la Asamblea, prevista para este domingo 14 de mayo.
https://twitter.com/Primicias/status/1656027707442880513?s=20
"Mal negocio les han ofrecido; ya le entregaron la silla de la Presidencia de la Asamblea Nacional", dijo en referencia a Saquicela, que recibió el apoyo público de la bancada correísta UNES para su reelección.

De inmediato, la Asamblea votó por la resolución planteada por Veloz. Hubo 116 asambleístas presentes en el Pleno, es decir, que eran necesarios apenas 58 votos a favor para aprobarla, pues apenas se necesitaba una mayoría simple.
La votación obtenida fue:

• 88 votos a favor.


• 23 votos en contra.


• 5 abstenciones.


• 0 blancos.

A las 14:12, el presidente Saquicela cerró el debate tras 22 intervenciones. De inmediato, se dio lectura al proyecto de resolución entregado por Veloz. El documento tiene 13 páginas, 12 de las cuales corresponden a los considerandos, en los que estaría la motivación del juicio político.
Por ejemplo, hablan del nombramiento de Hernán Luque en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, y de la supuesta red de corrupción que este habría armado como presidente del directorio de las otras empresas públicas.
Hablan de la "relación de larga data" de Luque y Lasso, y que resulta "inverosímil" que Lasso no supiera de las actuaciones de Luque en la empresa pública Flopec.
Incluso hablan de las visitas que Luque hacía a Carondelet, y dicen que eso significa que le dio el consentimiento para los actos de corrupción en Flopec. En los considerandos, incluso hablan de los audios filtrados por el medio digital La Posta.
Además, confirman que el Presidente no habría denunciado en la Fiscalía las irregularidades en Flopec a pesar de que conocía de ellas.
El proyecto tiene cuatro puntos resolutivos:

• Enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso porque "se evidencia el desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente los pools de empresas con los que Flopec tenía relación contractual". Aseguran que el Presidente "conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec".


• Disponer al presidente de la Asamblea que continúe con la tramitación del proceso de juicio político.


• Difundir de manera inmediata la presente resolución y el expediente íntegro del proceso a todos los asambleístas.


• Notificar al presidente Lasso con esta resolución.

Fernando Villavicencio defendió su actuación. Aseguró que la Comisión de Fiscalización cumplió con entregar el informe motivado sobre el juicio político al presidente Lasso, y aseguró que esta debía ser la base para el debate.
Dijo que UNES quería "meter" un informe de 65 páginas, que argumentaba que sí había las pruebas para acusar al Presidente de supuesto peculado. Aseguró que además no cabía tener un nuevo informe.
Villavicencio volvió a tratar el tema del nuevo contrato y recordó que en la acusación se habla de un "nuevo contrato de transporte de material petrolero" con fecha julio de 2022, que no existe.
Al terminar su intervención, Villavicencio abandonó la sesión y dijo que no se "prestará" para lo que la Asamblea decida. "Hagan lo que les dé la gana. Yo me voy", dijo.

Marco Troya y Ana Belén Cordero, asambleístas de la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), defendieron la actuación de la Comisión de Fiscalización.
Cordero justificó además el supuesto nuevo contrato del que habla el correísmo. Dijo que el adendo firmado en octubre de 2022 no es un nuevo contrato, y que UNES está tergiversando la información para decir que hay pruebas del supuesto peculado cometido por Lasso.
"¿Si no hay informe motivado, sobre qué van a juzgar al presidente Lasso? ¿Sobre la demanda que la Corte Constitucional dijo que es "mínimamente verosímil"?", preguntó Cordero.

El secretario de la Asamblea certificó que la Comisión de Fiscalización no logró aprobar el informe sobre el proceso de juicio político. Por ello, justificó que lo que cabe es un debate de una resolución del Pleno.
Saquicela puntualizó que, por tratarse de una resolución, cada asambleísta podrá hablar sólo por cinco minutos.
La primera en tomar la palabra fue la asambleísta correísta Viviana Veloz, quien es también la principal proponente del juicio político a Lasso.
Veloz comenzó su intervención cuestionando al presidente de Fiscalización, Fernando Villavicencio. Dijo que actuó de manera arbitraria y criticó que los asambleístas de la comisión no hayan sido llamados a la elaboración de informe borrador.
Dijo que el informe era una copia del alegato que presentó la defensa del presidente Lasso, por lo que aseguró que probablemente fue redactado en Carondelet.
Por ello, propuso una resolución para la "continuidad de la sustanciación del juicio político". Dijo que Fiscalización debe entregar todo el expediente, pruebas, escritos, detalle de las votaciones y observaciones, pero no el borrador de informe que no fue aprobado.
La legisladora aseguró que sí hay un nuevo contrato con Amazonas Tanker Pool, de fecha octubre de 2022. Veloz se refirió a un nuevo adendo, que aseguró tiene un candado y condiciones lesivas.

La sesión de la Asamblea se instaló a las 11:00 con 117 asambleístas presentes. Este número es importante, pues la resolución se aprobará con mayoría simple, es decir con la mitad más uno de los presentes.
Según adelantó la bancada correísta UNES, la asambleísta Viviana Veloz (UNES) será quien proponga la moción de resolución. Ésta se basará en gran parte en el proyecto de informe que el correísmo intentó pasar -sin éxito- en la Comisión de Fiscalización, el pasado sábado.
Este documento concluía que, "tras el análisis y valoración" de los hechos denunciados, pruebas, comparecencias y demás, existía "la convicción y convencimiento político" de que los actos por los que Lasso es señalado "se enmarcan dentro de la infracción constitucional de peculado".