La emergencia: el escenario caótico de las compras públicas

Los casos de corrupción conmocionan al país. En una situación ya compleja y dramática, consecuencia de la pandemia y la crisis sanitaria, económica y social, los procesos de contratación pública por emergencia presentan el escenario ideal para el peculado.

Una de las víctimas históricas del mal manejo de fondos es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Solo en 2019 la Contraloría aprobó 59 informes de auditoría sobre las actividades de la entidad, con un saldo de 60 destituciones y USD 88 millones en glosas.

Sin embargo, los procesos de emergencia presentan características aún más favorables para que la corrupción suceda. Los recursos de los afiliados no escapan al peligro de ser robados ni en época de covid-19, cuando la tasa de mortalidad en el país es de las más altas de la región.

Al tratarse de momentos convulsos, en los que se requiere atender rápidamente problemas puntuales, las autoridades competentes tienen la facultad de acelerar y acortar los procesos de contratación.

El artículo 57 de la Ley de Contratación Pública establece que "la entidad podrá contratar de manera directa, y bajo responsabilidad de la máxima autoridad, las obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría, que se requieran de manera estricta para superar la situación de emergencia".

Incluso permite hacer contrataciones internacionales expeditas "sin requerir los requisitos previos de domiciliación ni de presentación de garantías; los cuales se cumplirán una vez suscrito el respectivo contrato".

El IESS y la emergencia por Covid-19

Esta emergencia no es la excepción. No solo los hospitales del IESS, sino la misma matriz de la entidad se ha visto salpicada por presuntos casos de corrupción, debido a compras de insumos con sobreprecio.

El famoso caso 'mascarillas' le costó el puesto al Director General del Instituto y a otras dos altas funcionarias. Y, a largo plazo, también se llevó consigo al titular del Directorio y representante del presidente Lenín Moreno en la entidad, Paúl Granda.

Después de dos renuncias voluntarias y abundantes críticas a la gestión de Granda, el Mandatario aceptó ayer su salida y lo reemplazó con Jorge Wated, quien estuvo a cargo de la Fuerza de Tarea conjunta que se encargó de gestionar el manejo y entierro de los fallecidos por covid-19 en Guayaquil, el epicentro de la crisis sanitaria.

Wated llega precisamente cuando estalló el tercer caso de presunta corrupción en la entidad, el de las 4.000 bolsas para cadáveres por USD 594.000.

Según una de las tantas listas de las unidades médicas del IESS, el sistema cuenta con 27 hospitales. De ellos, 25 están declarados en estado de emergencia, para poder realizar compras en procesos expeditos y abreviados.

Sin embargo, en la página del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) solo nueve presentan la información de sus contrataciones. Así como el Hospital de Los Ceibos, que no consta todavía en el listado de casas de salud del IESS. ¿Las otras 16 no han realizado ninguna contratación?

Hasta ayer a las 15:00, entre estos 10 centros de salud sumaban 65 procesos de contratación de insumos y servicios para atender la emergencia sanitaria.

Aunque el Gobierno cambió las reglas legales para estos procesos, con el objetivo de transparentarlos, no lo ha logrado. El anuncio lo hizo el 29 de marzo el vicepresidente Otto Sonnenholzner: todas las instituciones deberían subir en tiempo real los procesos para que puedan ser fiscalizados.

No obstante, no hay unidad en el formato. Cada hospital lo hace de manera distinta. Al igual que las mismas contrataciones, los procesos son tan distintos y en cada uno los precios para los mismos productos varían dependiendo del hospital.

Por ejemplo, Los Ceibos compró 4.000 bolsas para cadáveres a USD 148 cada una, mientras que el hospital general de Ibarra compró 200 a USD 75 cada una.

Hay procesos de compra como los del hospital básico del Puyo, donde se adquirieron 5.280 gorros quirúrgicos a USD 0,10 cada uno y 39.600 mascarillas quirúrgicas a USD 0,35.

Mientras que en el hospital del día de Azogues se compraron 2.000 gorros a USD0,06 centavos cada uno, pero 10.700 de las mismas mascarillas a USD 0,57 cada una.

Hay casas de salud como el Teodoro Maldonado Carbo donde no se puede acceder al detalle de las compras, mucho menos a los contratos. Así que no se sabe el tamaño de las adquisiciones, solo los costos.

Algo similar sucede con los procesos del José Carrasco Arteaga, de Cuenca, donde solo se transparenta uno de los cuatro contratos.

O hay casos como el hospital de Machala, que en un solo contrato de USD 927.994 adquirió una lista de 43 medicamentos.

Todo esto probablemente complicará la fiscalización y control posterior de estas adquisiciones emergentes y urgentes.

Una historia que se repite constantemente

Algunos ejemplos, fuera del manejo del IESS, del abuso y mal manejo de las contrataciones por emergencia se dieron después del terremoto del 16 de abril de 2016.

Bajo la administración de Rafael Correa, los ministerios de Vivienda, Salud, Inclusión, Agricultura y Turismo realizaron contrataciones de productos y servicios, incluidas consultorías, que fueron innecesarias o no se llevaron a cabo.

Por estas acciones, la Contraloría envió un informe con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía General.

También pasó cuando Correa decretó el estado de excepción y declaró en emergencia a la Función Judicial, en septiembre de 2011. Con el Decreto Ejecutivo 872 el expresidente autorizó a Finanzas a "situar los recursos suficientes para atender la emergencia".

Esto resultó en sobreprecios en la construcción de los complejos judiciales, durante los dos siguientes años con un gasto de USD 304 millones. Así como en la contratación de consultorías sin bases sólidas. La Contraloría inició exámenes especiales a esos gastos.

Pero no se requiere siempre de órdenes ejecutivas. Las instituciones públicas tienen la capacidad de declararse en emergencia, por su cuenta, siempre que lo justifiquen. Eso dice la ley.

Por ejemplo, en junio pasado, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) presentó una denuncia por un presunto sobreprecio del 1.000% en la compra de medicamentos en dos hospitales del IESS (Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos).

Según el organismo, la mayoría de los contratos se firmaron bajo declaratoria de emergencia y se habría cancelado USD 1,6 millones a un proveedor cuando el valor real era de USD 140.000 dólares. Las autoridades tomaron medidas administrativas.