Diego Ordóñez: "Hay que desbaratar las redes de economía criminal"

Los dos grandes ejes del Plan Nacional de Seguridad serán el desarrollo de las capacidades de inteligencia y tecnología del Estado. Así contó a PRIMICIAS, el nuevo secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez.

El funcionario y exlegislador asegura que lleva meses trabajando en la temática, de manera previa a su designación, y que tiene claros cuáles son los lineamientos bajo los que el gobierno del presidente Guillermo Lasso planea dirigir la seguridad estatal.

En medio de una continua crisis de seguridad pública, con problemas crecientes de narcotráfico, violencia en las calles y masacres carcelarias, Ordóñez también hace un análisis de las debilidades y obstáculos que debe superar la administración.

Después de una larga trayectoria en la política, ahora se hará cargo de la seguridad nacional, ¿cómo se dio el salto?

Esta no es una secretaría técnica, dónde tiene que conocer un tema específico. Esta es una secretaría que ha definido una estrategia de seguridad, que la tengo clara.

Estoy recogiendo y articulando el conocimiento, generando documentos, estrategias y sumando recursos tecnológicos y operativos para que el conocimiento se convierta en proceso.

Lo que estamos haciendo es tomar la visión estratégica del Presidente y dándole más contenido, recogiendo el conocimiento en seguridad que hay en el país.

La estrategia de defensa nacional y de seguridad ciudadana van vinculadas, y esta Secretaría debe entender este proceso global.

Hemos trabajado cuatro meses y tengo un equipo con gente del Ministerio de Defensa y de la Policía. Pero se trabaja bajo proyectos hasta que tengamos una dinámica de trabajo consolidada institucionalmente.

Habiendo estudiado el sistema de seguridad nacional, ¿cuáles son los principales problemas?

Tenemos debilidad tecnológica, en cuanto a los recursos que nos permiten tener información.

Se desarticuló el sistema de seguridad, no están articulados los sistemas individuales, no hay un esquema de combinación de capacidades operativas.

Encontramos a Fuerzas Armadas y Policía Nacional sin la capacidad operativa que tenían después de que Ecuador tuvo tanto dinero y tantas amenazas.

¿Cuáles son los mayores obstáculos que avizoran?

Quisiéramos tener mayor colaboración de la Asamblea Nacional, que la Ley de Seguridad que se está discutiendo no sirva para seguir generando obstáculos o creando impedimentos.

Tengo la impresión de que, como en la Asamblea hay muchos políticos que están ligados a grupos violentos, quieren disminuir la capacidad operativa y los resguardos legales que deben tener Fuerzas Armadas y Policía para ejercer su tarea.

Quisiera ver una Asamblea más colaborativa en este propósito de seguridad.

Una segunda dificultad, sin duda, es la limitación económica. Quisiéramos hacer todo mucho más rápido, pero la disponibilidad de recursos es limitada. Estamos haciendo un trabajo de ingeniería financiera para esto.

Con la normativa vigente, ¿las Fuerzas Armadas pueden desempeñar el papel que quisiera el Gobierno?

Se pueden movilizar, pero necesitamos algunas normas para que se conviertan en una fuerza de colaboración a la Policía, cuando sea necesario. Sin que se declare estado de excepción.

Sin el visto bueno de la Asamblea, eso no es factible.

Está en el proyecto de ley que está discutiendo la Asamblea, pero hay asambleístas que dicen que eso no conviene.

Pero la seguridad es uno de los temas en los que debe existir un acuerdo nacional porque rebasa lo que un gobierno puede hacer y afecta al conjunto de la sociedad.

Hay una penetración del narcotráfico en la actividad política y en las instituciones del Estado.

Si no tomamos una medida de protección, que se pueda mantener en el largo plazo, vamos a ser un Estado vulnerable y una sociedad vulnerable.

¿Si las reformas de seguridad no pasan?

Hay que acomodarse de alguna manera.

¿El Gobierno cuenta con un Plan de Seguridad Nacional o se está forjando?

Hay un Plan de Seguridad hasta 2030, pero nadie sabía de su existencia, es pura literatura que no sirve de nada.

Estamos recogiendo esa información para darle un enfoque estratégico, de cómo el Estado ve sus amenazas y cómo se organiza para enfrentarlas.

Estamos trabajando en eso, yo debía empezar a hacerlo con el nombramiento, pero ya lo teníamos avanzado. Se concretó con la creación de la Secretaría para poder seguir y presentarlo en septiembre o antes.

Entonces, primero va la estrategia, después la estructura y de ahí los procesos operativos.

¿Esto qué implica?

Después vienen las capacidades operativas. Nuestro plan establece proyectos, no retórica, que vienen con fortalecimiento de la capacidad de inteligencia.

No hay sistema de defensa que funcione sin un adecuado y moderno sistema de inteligencia.

Y, en esto, hay que purificar un poco el concepto de inteligencia, es información, no espionaje político. Además, hay que recordar que se fueron robando los equipos de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y con eso nos deben estar vigilando.

Necesitamos un sistema moderno y eficiente, que le dé al Estado la información para prevenir o reaccionar ante diversos eventos.

Y estamos avanzando en esa línea, hemos ubicado la tecnología y estamos trayendo gente, definiendo los proyectos y requerimientos, así como el financiamiento.

Esta Inteligencia, ¿comprende también el área política y social?

En general. En todo acto que pueda significar una alteración del orden necesitamos estar anticipados. Y es importante tener la información porque le permite al Estado estar prevenido.

Y un sistema democrático tiene todos los mecanismos constitucionales y de convenios internacionales para sostener toda forma de protesta pacífica de los ciudadanos. Pero, tiene que estar anticipado a los actos de violencia.

Entonces no puede ser que se produzcan asaltos casi guerrilleros a un convoy de militares, de tanqueros, de oxígeno. Hay que estar anticipados.

¿Esos eventos del paro de junio reflejaron esa carencia en la seguridad?

No. Funcionó bien el sistema de inteligencia, pero tenemos que mejorarlo y ampliarlo hacia otros ámbitos, como cobertura territorial.

Los 18 días de paralización tuvieron el liderazgo del Presidente de la República y una combinación entre una estrategia de seguridad y una estrategia política. Todos los días, dos veces, había reuniones del Comité de Crisis para evaluar y recoger información.

Ahí ya se operó bajo el sistema unificado de Fuerzas Armadas y la Policía, ya hubo un mando unificado.

¿Y en cuánto al narcotráfico?

Para luchar contra el narcotráfico, mucho más, es importante incautar el volumen de droga, pero no es lo más importante.

La clave está en descubrir las redes de financiamiento, por dónde entra el dinero, cómo pagan a los operadores, cómo se distribuyen los recursos, cómo se mueve ese dinero a otros lados, el lavado de activos.

Hay que desbaratar las redes de economía criminal.

Entre las nuevas amenazas, no solo del narcotráfico, está la que apunta a la ciberseguridad. ¿Es esto parte del plan nacional?

Hay tres áreas tradicionales que tienen que ver con la defensa: aire, mar y tierra. Ahora se suma el ciberespacio. Y tiene que ser considerado como parte de la estrategia de defensa.

También hay un proyecto para defender al Estado del hackeo, la manipulación de sus datos, de la penetración de la información.

La ciberdefensa está concebida entre las áreas del plan, pero de momento está en manos del Ministerio de Telecomunicaciones.

Usted hablaba de fortalecimiento de capacidades operativas, ¿esto qué implica?

El Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional empiezan a tener o actualizar sus capacidades para poder enfrentar las amenazas, con un enfoque estratégico. No se trata solo de comprar armas.

Por ejemplo, a mí me dejó sorprendido saber que la última vez que los militares y policías recibieron uniformes fue en 2014. Ese era el nivel de despreocupación que tenía el Estado por las fuerzas del orden.

No estamos estructurando el sistema de seguridad para reprimir o violentar el derecho de los ciudadanos a protestar.

Es una visión democrática, no es una autoritaria. Hay también que crear documentos y doctrina, para que el trabajo que hace la fuerza pública tenga un encuadre en visión de derechos humanos, de desarrollo social, de convivencia, de relaciones internacionales.

¿El ofrecimiento de USD 1.200 millones para fortalecer a la Policía Nacional se mantiene dentro del plan?

El presidente Lasso habló específicamente de la Policía, porque hay un estándar internacional para la relación entre el número de uniformados y la población. Y se mantiene.

Se trata de un crecimiento de la fuerza numérica y eso avanza paulatinamente.

Pero tenemos otro proyecto, para el que estamos consiguiendo un esquema de financiamiento, para abrir una línea de crédito y la vamos a tener.

Estamos hablando de un enfoque en cuanto a las capacidades con equipamiento tecnológico para poder enfrentar la inseguridad.

¿El plan de seguridad involucra de alguna manera a los gobiernos seccionales?

Los gobiernos seccionales son autónomos, pero la Ley Seguridad Pública les marca la obligación de recibir las directrices en la materia por parte de la Secretaría.

El Cootad establece un mecanismo de coordinación, porque algunos gobiernos locales tienen agentes locales. Y, desde el punto de defensa, son considerados como fuerzas auxiliares.

Esto está en proceso, apenas lo estamos empezando a trabajar. Necesitamos crear un esquema de protocolo, normativa, coordinación para que se incorporen a la estructura global de seguridad del Estado.

¿Qué otras entidades, además de las carteras del Interior, Defensa, Inteligencia, cárceles, entran en el sistema de seguridad?

Hay que hacer unos cambios, el Sistema Nacional de Atención Integral (SNAI) pasará a ser una entidad adscrita al Ministerio del Interior. Pero, el ECU-911 también entrará en la estructura de defensa.

Si bien el sistema carcelario sigue con problemas, ha habido una suerte de apaciguamiento en la Penitenciaría del Litoral, ¿a qué se debe?

Es un proceso complejo, pero hay una respuesta tecnológica a la administración de cárceles que tenemos que desarrollar.

La ventaja de todo esto es que la tecnología soluciona muchos problemas, lo importante es ubicarla y ver cómo se paga, ese es el problema.

¿Qué pasa con el denominado Plan Ecuador?

Es otro proyecto que planteó el presidente Lasso, pero no lo quiero llamar así, para que no se identifique con el Plan Colombia.

Es el desarrollo de una propuesta a los países donde está el mercado de consumo de droga para que participen y apoyen el trabajo del Gobierno ecuatoriano para reducir el tráfico de estupefacientes.

Es un plan de defensa y de desarrollo comunitario. Y pasa porque recuperamos vínculos políticos con países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda y también con Israel.

¿La cooperación internacional con estos países qué busca específicamente?

Primero, compartir información y, segundo, que haya transferencia tecnológica, porque estos países han desarrollado mucho su conocimiento, información y recursos tecnológicos para enfrentar.

Y, desde un punto de vista político, dar una señal al mundo de en qué espacio se ubica Ecuador en el entorno internacional.