Diálogo y referendo, los retos que definirán el segundo año de Lasso
El gobierno del presidente Guillermo Lasso dará el toque final a las preguntas para el referendo constitucional, al tiempo que se prepara para cerrar la mayoría de mesas de diálogo con el movimiento indígena.
El Ministerio de Gobierno lleva adelante las mesas de diálogo y la construcción del referendo gubernamental, en el transcurso de septiembre de 2022.
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Noticia actualizada a las 06:50 del 6 de septiembre con cambio de cargo de Homero Castanier.
Esta semana el equipo del presidente Guillermo Lasso enfrenta dos procesos paralelos que definirán, en buena parte, su segundo año de su mandato: las mesas de diálogo con el movimiento indígena y la convocatoria a un referendo y consulta popular.
Las mesas de negociación nacieron después del paro nacional de junio de 2022. El plazo de 90 días para llegar a acuerdos en una decena de frentes avanza, pero las organizaciones indígenas como la Conaie, la Feine y la Fenocin reclaman resultados.
Hay descontento entre las organizaciones indígenas y campesinas. Nadie quiere que las mesas técnicas queden abiertas indefinidamente. Incluso, ante la ausencia de acuerdos, algunos dirigentes han advertido con nuevas manifestaciones.
El lunes, el Ejecutivo movió al viceministro de Gobierno, Homero Castanier, uno de sus principales representantes ante las mesas de diálogo, y lo nombró como gerente del Banco de Desarrollo.
Castanier había criticado a Leonidas Iza, luego de que el presidente de la Conaie expresara sus críticas al proceso de diálogo.
Pero el Gobierno insiste en el diálogo, sin importar el tiempo que tome. Por lo que la contraparte presiona para que se retomen los plazos establecidos inicialmente para cada mesa.
Así, el viernes 9 de septiembre, se espera que el movimiento indígena y el Ejecutivo cierren la discusión extendida de cuatro de las siete mesas convocadas.
La más compleja sigue siendo la mesa en la que se discute sobre la focalización del subsidio a los combustibles.
Para el final de esta semana, esas temáticas deberán cerrarse, con o sin resultados y acuerdos. La intención es que los representantes del Gobierno y los dirigentes de las tres organizaciones indígenas firmen un acta que diga si el diálogo rindió frutos o no.
Lo que se negocia en las mesas incluye, además de los subsidios a los combustibles, discusiones sobre posibles controles de precios, fomento productivo y energía y recursos naturales.
Si no hay acuerdos, habrá que buscar otras alternativas, dijo Gary Espinoza, presidente de la Fenocin. Mientras que Leonidas Iza agregó que deberán seguir luchando.
A los temas previos se suma la mesa de banca pública y privada, en la única que se ha conseguido un acuerdo firmado por todas las partes.
Así, con más de 50 días transcurridos de diálogo, se sellará la mitad de los temas y se marcará lo que queda del proceso.
En lo que resta del mes, los participantes intentarán avanzar en las mesas faltantes: seguridad y justicia, derechos colectivos, educación superior, empleo y salud.
Referendo y consulta popular
A la par del diálogo, el Ministerio de Gobierno trabaja en las preguntas para el referendo y consulta popular que planteará el presidente Lasso. Sus propuestas y el apoyo que pueda obtener en las urnas serán decisivos para el resto de su gestión.
Según el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, el documento que presentarán a la Corte Constitucional (CC) consta de unas de 400 páginas y está casi listo.
El Ejecutivo pretende entregarlo a la Corte Constitucional máximo el lunes 12 de septiembre, para que la Corte inicie su revisión, que puede tomar 20 días.
El 90% de los temas está definido y habrá entre 10 y 12 preguntas, de acuerdo con Jiménez.
La mayoría de los temas es parte del referendo, es decir, implicará reformas constitucionales. Pero también habrá una o dos preguntas de consulta popular, o sea, de aplicación de políticas públicas.
Después de casi un año de hablar de una consulta popular y referendo, el Gobierno ha vuelto al plan original de propuestas en tres ejes: seguridad, institucionalidad y economía.
De lo que se ha podido conocer hasta el momento, se preguntaría sobre las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y la conformación de la Asamblea Nacional, así como la extradición de narcotraficantes.
El ministro Jiménez ha dicho que el Gobierno espera que la convocatoria a las urnas sea pronto, incluso antes de las elecciones seccionales de 2023. Aunque no se opondrían a que se realizara de manera simultánea.
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