"Mañana hay que iniciar con lámpara, así sea", ordenó Mendoza a un constructor
Daniel Mendoza en un evento político de su movimiento, en septiembre de 2019.
FB Mejor
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Dos casos penales, que están en etapa de instrucción fiscal, se relacionan con la construcción del Hospital de Pedernales y con el asambleísta Daniel Mendoza, del bloque de aliados al Gobierno.
En el primero se indaga un presunto lavado de activos. Entre los investigados, está Jean Carlos Benavides, amigo y asesor de Mendoza en la Asamblea.
Pero, también aparece el nombre de Franklin Calderón Cedeño, un constructor manabita, que según los chats de su teléfono y el de su esposa es cercano a Mendoza. Incluso, lo llama "jefe".
El segundo caso, en cambio, investiga una red de delincuencia organizada, que según la Fiscalía, sería comandada por Mendoza y conformada por funcionarios del Servicio de Contratación de Obras Públicas (Secob). Además de trabajadores del Consorcio Pedernales - Manabí, que está a cargo de la construcción del Hospital de Pedernales.
El viernes 5 de junio de 2020, la fiscal Diana Salazar solicitó prisión preventiva para cinco personas de la red del segundo caso y arresto domiciliario para la sexta integrante, debido a su edad avanzada.
Para justificar la apertura de una instrucción fiscal por delincuencia organizada y el encarcelamiento de los sospechosos, Salazar expuso ante el juez nacional Marco Rodríguez varias interceptaciones telefónicas realizadas por la Policía Nacional.
Entre los teléfonos interceptados están los pertenecientes a:
- Franklin Calderón, ubicado con el alias de 'Banquero'.
- Daniel Mendoza.
- Liliana Zambrano, esposa de Franklin Calderón.
- José Véliz, procurador del Consorcio Manabí - Pedernales.
Calderón y Véliz son procesados en el primer caso, el de lavado de activos que involucra al asesor de Mendoza.
Los chats
Lo primero que intenta demostrar la Fiscalía con los chats es la existencia de una estructura jerarquizada, que es uno de los requisitos para la configuración de una organización de delincuencia organizada.
En una de las conversaciones captadas entre Calderón y Mendoza, el primero da cuentas al legislador sobre varias actividades como la contratación de personal para actividades relacionadas con la construcción como el encofrado.
Incluso, las actividades que Calderón realizaba y reportaba a Mendoza le generaron problemas con su esposa, Liliana Zambrano.
Y, en el afán de explicar la situación a su esposa, Calderón revela que el dinero que guarda en su oficina no es suyo sino que pertenece a la supuesta organización delincuencial, de la que habla la Fiscalía.
Además, en las conversaciones entre Mendoza y Calderón se muestra que el segundo era el nexo entre el asambleísta y el Consorcio Pedernales - Manabí, dirigido por los hermanos Danilo y José Véliz.
También, en los chats, se evidencia la participación de las autoridades del Secob.
Por ejemplo, a inicios de marzo -cuando el Secob pagó un anticipo de USD 8,2 millones al consorcio-, Mendoza le avisa a Calderón y este, a su vez, reenvía la información a José Véliz, asegurando que Jalil no falla, haciendo referencia a Jorge Jalil, subdirector del Secob.
Según la Fiscalía, un mensaje enviado por Véliz a Calderón revela una repartición de las empresas del Estado, que no se trata solo de la adjudicación del contrato del Hospital de Pedernales, sino también para otras obras fuera de Manabí y relacionadas con el sector eléctrico y Ecuador Estratégico.
¿Cuál era el rol de cada quien?
Para justificar la vinculación de seis personas a la investigación de delincuencia organizada, la fiscal Diana Salazar explicó en cada caso cuál es su rol y participación en el presunto delito.
La Fiscalía señala que USD 7,3 millones que el Secob depositó al Consorcio -como parte de un anticipó para la construcción del Hospital Pedernales- fueron desviados y se usaron para pagar a funcionarios públicos.
Según las computadoras incautadas por la Fiscalía al Consorcio, en la contabilidad de la entidad se registraron pagos a Edmundo Tamayo, director del Secob; y al asambleísta Daniel Mendoza.
PRIMICIAS le presenta cuál es, según la Fiscalía, la participación de los integrantes de esta red de corrupción:
- 1
Daniel Isaac Mendoza Arévalo
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Valiéndose de su cargo, Mendoza coordinaba las actividades de la organización delictiva. Coadyudaba a la obtención de contratos de obra pública en Manabí.
Supervisaba las transacciones por la construcción de obras, por ejemplo un Comprobante Único de Registro (CUR) de Transferencia o Pago por USD 8,2 millones para el Hospital de Pedernales.
- 2
Edmundo René Tamayo Silva
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Tamayo se desempeñaba como director del Secob.
Según la Fiscalía, incumplió las reglas de contratación al adjudicar, en primera instancia, la construcción del Hospital de Pedernales a la empresa Tippmann.
Esa entidad presentó garantías bancarias falsificadas. Esa anomalía fue descubierta por una subalterna de Tamayo, y él amenazó con despedirla.
Luego, el Secob, dirigido por Tamayo, adjudicó la obra al Consorcio Manabí - Pedernales, que a la fecha del otorgamiento del contrato no se encontraba constituido, es decir, no cumplía con la experiencia requerida.
- 3
Jennifer Beatriz Cobeña Moreira
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Su rol es similar al de Tamayo. Ella se desempeñaba como coordinadora del Secob en la Zona 4, que incluye a la provincia de Manabí.
Además, integró la comisión técnica para la adjudicación del contrato del Hospital de Pedernales al Consorcio investigado. Posteriormente, además, administró ese contrato.
En un chat entre Franklin Calderón, hombre cercano a Mendoza; y José Véliz, procurador del Consorcio; se explica que Jennifer Cobeña era conocida en la presunta organización delictiva como Roberto Cobeña.
De la información recabada de los chats, la Fiscalía advierte que Cobeña no solamente facilitó el contrato del Hospital de Pedernales sino otros que sumarían USD 30.000 millones.
- 4
Ángel Alejandro Andrade Castro
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También funcionario del Secob. Andrade fue integrante de la comisión técnica de evaluación de las ofertas presentadas para la construcción del Hospital de Pedernales.
"Sin la intervención del citado ciudadano, no se cumplían los fines de la organización para delinquir", explicó la fiscal Salazar en la audiencia de formulación de cargos.
- 5
Tania Elizabeth Saltos Cedeño
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Saltos es la esposa de José Véliz, procurador del Consorcio Manabí - Pedernales y procesado en el caso de lavado de activos. Su función, según la Fiscalía, era llevar el registro de pagos por fuera de la contabilidad real del Consorcio.
La Fiscalía posee chats entre Saltos y Véliz en los que se habla de registros de pagos por cantidades desde USD 80.000 hasta USD 360.000 para "asambleístas, para Jorge Jalil, para Tamayo y para Franklin Calderón".
- 6
Olga Egilda Macías Chávez
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Macías era la encargada de efectivizar los documentos financieros de la organización.
Por ejemplo, se encargó de la efectivización del cheque Nro. 24, girado por el Consorcio por USD 80.000, con la firma autorizada de José Véliz.
Además, la mujer mantiene un vínculo familiar con Franklin Calderón.
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