En los siguientes meses, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) deberá nombrar dos veces vocales de la Judicatura, Fiscal General y Defensor Público. Sectores políticos buscan esos espacios.
Tras el remezón causado por los casos Vocales, Independencia Judicial y Metástasis, la justicia ecuatoriana busca recomponerse y superar una nueva crisis. En esta coyuntura, el papel del cuestionado CPCCS se vuelve importante.
Según la normativa ecuatoriana, Participación Ciudadana tiene a su cargo el nombramiento de los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), la Fiscalía General del Estado y de la Defensoría Pública.
Desde su creación, el CPCCS ha sido objeto de críticas, ya que ha sido captado por los grupos políticos en el poder y han hecho estos nombramientos direccionados, lo que ha provocado falta de independencia judicial y ha profundizado la corrupción.
En febrero de 2023, el expresidente Guillermo Lasso propuso -a través de una consulta popular- que el Consejo de Participación Ciudadana pierda esta facultad y recaiga sobre la Asamblea Nacional. Pero la población votó en contra.
Tras este espaldarazo, el CPCCS se alista para una nueva ronda de nombramientos, en la que la atención se centra, sobre todo, en las designaciones relacionadas con la Función Judicial, debido a la crisis actual.
Sin embargo, una vez más, Participación Ciudadana vive una nueva crisis interna. El actual Consejo fue nombrado para el período 2023-2027- Pero, tras un poco más de un año ya ha habido tres presidentes.
Primero, fue nombrado Alembert Vera, exabogado de Rafael Correa y públicamente identificado con su línea política. Posteriormente, asumió Nicole Bonifaz, pero también su presidencia fue revocada. Ahora está a cargo Andrés Fantoni, pero su predecesora busca recuperar el cargo a través de una acción de protección.
Entre tanto, la Asamblea ya puso sus ojos en Fantoni, ya que Nataly Morillo, asambleísta por Construye, denunció públicamente que el funcionario habría mal utilizado su carné de discapacidad.
Las cuatro decisiones
Actualmente, el CPCCS tiene por delante -al menos- cuatro decisiones importantes relacionadas con la justicia. Y, nuevamente, empiezan las denuncias por los intentos de grupos políticos para hacerse de esos espacios.
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La actual Judicatura
Según la Constitución, los vocales de la Judicatura deben estar seis años en sus funciones. El actual período empezó en 2019 y terminará a inicios de 2025. Sin embargo, este ha sido un tiempo de total inestabilidad.
Actualmente, ninguno de los vocales originales se mantienen en funciones. Cuatro exvocales están siendo procesados penalmente por corrupción y otro fue censurado por la Asamblea Nacional.
En este momento, solo hay tres vocales titulares en funciones y el CPCCS ya ha iniciado el proceso para llenar los dos espacios, correspondientes a los representantes de la Asamblea y de la Corte Nacional. Pero también de cuatro suplentes.
Los designados estarán en funciones hasta enero de 2025. Pero, aunque corta, su presencia será determinante, ya que podrán configurar una mayoría al interior del Consejo. Esa mayoría tomará decisiones importantes relacionadas, por ejemplo, con la designación de nuevos jueces nacionales.
Para las dos vacantes titulares, tanto la Asamblea como la Corte ya eligieron a los miembros de las ternas de candidatos. Y nuevamente se presume la presencia de influencia política.
En la terna del Legislativo, por ejemplo, hay vinculados al correísmo y al Partido Social Cristiano. Mientras que en la lista de la CNJ, uno de los integrantes fue directivo de ADN, movimiento del presidente Daniel Noboa.
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El Defensor Público
El concurso que está más avanzado es para elegir al nuevo Defensor Público. Terminó el concurso de méritos y oposición. Y, actualmente, están tramitándose impugnaciones y apelaciones, antes de que el CPCCS tome la decisión final.
En primer lugar quedó Daniel Frías Toral. Sin embargo, el abogado anunció su renuncia a ese concurso. Esto luego de que se revelará que en su poder está un vehículo de alta gama que perteneció al narcotraficante Leandro Norero.
Detrás de Frías, en el segundo lugar, está Byron Guillén, exjuez de la Corte Nacional. Guillén ha sido mencionado en el caso Metástasis, como parte de un esquema de supuesta corrupción para anular la sentencia del expresidente Rafael Correa.
En el tercer lugar, en cambio, está Jorge Ballesteros, quien también ha sido señalado por irregularidades. Es parte de una investigación previa junto a Frías y Guillén.
Esta designación es importante, puesto que el nuevo Defensor Público tendrá la potestad de nombrar una terna de candidatos para una de las vocalías del Consejo de la Judicatura del período 2025-2031.
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El reemplazo de Diana Salazar
El concurso más importante que está en la carta del CPCCS es para la elección del nuevo Fiscal General del Estado. Será el reemplazante de Diana Salazar, quien ha sido señalada reiterativamente por el correísmo y ha intentado destituirla.
Salazar estará en el cargo hasta abril de 2024, por lo que Participación Ciudadana tiene ocho meses para designar a su relevo.
La iniciativa la tomó el correísmo. El 29 de mayo de 2024, Augusto Verduga, vocal del CPCCS identificado con la revolución ciudadana, mocionó la conformación de una mesa de trabajo para elaborar el reglamento para designar al nuevo Fiscal. El pedido se acogió.
Además, el CPCCS aprobó que Verduga presente el primer borrador de reglamento, para someterlo a un análisis jurídico.
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La nueva Judicatura
Finalmente, el Consejo de Participación Ciudadana también tendrá que empezar los procesos para designar a los vocales de la nueva Judicatura, para el período 2025-2031.
Para esto, el Pleno de esa entidad tendrá que pedir ternas de candidatos a:
- Asamblea Nacional
- Presidencia de la República
- Defensoría Pública
- Fiscalía
- Corte Nacional de Justicia
Esos procesos tendrán que arrancar apenas concluyan los ya abiertos para completar a la actual confirmación del CJ, que estará en funciones hasta enero de 2025.
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