Corrupción en Petroecuador: Suiza multa a Gunvor con USD 90 millones
Según las autoridades suizas, la empresa Gunvor pagó sobornos por un valor de USD 7,5 millones a un funcionario de Petroecuador. Fiscalía de Ecuador se pronunció.
La fachada del edificio matriz de Petroecuador, en Quito, en diciembre de 2020.
Cortesía Petroecuador
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La firma de comercialización de energía Gunvor, con sede en Ginebra, fue condenada, este viernes 1 de marzo, por la Fiscalía General de Suiza a pagar 86,7 millones de francos (90 millones de dólares) por actos de corrupción en Ecuador, indicó un comunicado oficial del Gobierno helvético.
El ministerio público había abierto una investigación a la firma ginebrina en 2021, en relación con otro caso abierto en Estados Unidos con los mismos protagonistas, concluido también este viernes con un acuerdo entre Gunvor y las instancias judiciales estadounidenses.
La sentencia hecha pública este viernes en Suiza determina que Gunvor es responsable penal de corrupción activa de funcionarios públicos extranjeros, y señala que la compañía ha optado por no recurrir la sanción.
Según las investigaciones suizas, entre febrero de 2013 y el mismo mes de 2017 un exempleado de Gunvor con ayuda de dos intermediarios a través de una empresa offshore pagó sobornos por un valor de USD 7,5 millones en favor de un funcionario ecuatoriano que ocupaba un cargo ejecutivo en Petroecuador.
A cambio de estos pagos, la firma ecuatoriana adjudicó contratos a dos sociedades conectadas a Gunvor, de acuerdo con el comunicado oficial.
En un comunicado, la Fiscalía General de Ecuador mencionó que "esta condena se da en el contexto de la causa en la que fue sentenciado -también en Estados Unidos- Nilsen Arias, exgerente de comercio exterior de Petroecuador", a través del intercambio de información.
Recordó que en el país, varios exfuncionarios de Petroecuador, así como la empresa Gunvor en Ecuador (y su representante internacional) enfrentan un proceso penal -denominado caso Alianza- por el delito de cohecho.
A partir de ahora, puntualizó, le corresponde a la Procuraduría General del Estado iniciar el proceso de recuperación de dichos fondos, para lo cual el país tiene el plazo de un año.
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