Correísmo dilapidó millones de dólares en eventos y asesorías en España
Así fue el festín de contratos de todo tipo, desde asistencia legal y psicosocial hasta eventos y espectáculos, a tono con los intereses políticos de la Revolución Ciudadana.
El expresidente Rafael Correa y el excanciller Ricardo Patiño, en 2014, en Cataluña, España.
EFE
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Los gobiernos de Rafael Correa y de Lenín Moreno gastaron más de USD 12 millones para obtener réditos políticos en España e Italia, entre 2012 y 2021.
Ambos países se volvieron bastiones electorales de la Revolución Ciudadana en el exterior, en la última década.
En la embajada y los consulados de España no solo se usaron USD 8,5 millones para contratos de asistencia legal y ayuda psicosocial. También se gastaron USD 2,4 millones en eventos y espectáculos públicos, en ciudades españolas.
También hubo despilfarro en localidades de Italia, donde el gasto llegó a más de USD 1 millón, entre 2012 y 2017.
Todos estos eventos sirvieron, en esencia, para apuntalar la maquinaria propagandística de Correa en Europa. Lo de ayudar a los ecuatorianos con sus problemas de hipotecas fue una excusa.
Tras las denuncias de despilfarros e irregularidades, el canciller Mauricio Montalvo decidió terminar esas contrataciones en septiembre de 2021 y evalúa nuevos mecanismos de asistencia legal a los migrantes, pero con personal de la Embajada en Madrid.
PRIMICIAS revisó más de 5.000 documentos con todos los contratos y cuadros de presupuestos ejecutados en estos años y encontró un denominador común: todas las adjudicaciones fueron a dedo, sin concursos, lo cual ha sido una práctica recurrente en las sedes diplomáticas en el exterior.
En estos casos no hubo intervención de la Contraloría para auditar el manejo de esos fondos.
Los eventos sirvieron para aceitar la maquinaria propagandística de Correa en Europa.
Patiño y Long
Otros patrones recurrentes son el pago de favores a aliados políticos del correísmo, como Podemos y el Partido Socialista (PSOE) que cogobiernan en España, así como la contratación de personas y empresas sin ninguna experiencia en los servicios ofrecidos.
A partir de 2012, los millonarios pagos, especialmente en España, fueron parte de una estrategia política orquestada por los excancilleres Ricardo Patiño y Guillaume Long, por orden directa de Rafael Correa.
Esta bien pensada operación tuvo varios artífices y operadores. Entre los principales estuvieron los exembajadores Aminta Buenaño, Miguel Calahorrano y Cristóbal Roldán.
Además del hoy diputado de Podemos, el español Rafael Mayoral, y el dirigente del PSOE, Guillermo Fouce Fernández; los militantes del correísmo-morenismo Walter Jaramillo y Ángel Loja.
En el discurso, el gobierno de Correa anunció medidas para asistir a los miles de migrantes ecuatorianos que perdieron sus hogares, tras la crisis de la burbuja inmobiliaria de 2007.
Pero la práctica, esa asistencia tuvo un reducido impacto a la hora de solucionar los problemas de los ecuatorianos con los pagos de hipotecas vencidos, pues los resultados finales dependían de la negociación individual con los bancos.
Por el contrario, esos proyectos fueron utilizados, en buena medida, con fines clientelares, según el dirigente ecuatoriano en Madrid, Bolívar Herrera.
La desesperación de unos se convirtió en una oportunidad de negocio para otros.
La famosa Kinema
Desde 2012 hasta 2016, la Cancillería ecuatoriana autorizó que la Embajada de Ecuador en Madrid suscribiera contratos por 2,6 millones de euros con la cooperativa Kinema, para dar asesoría Legal a los afectados por la crisis hipotecaria, según los documentos.
En teoría, en este período de cuatro años, más de 50.000 ecuatorianos recibieron apoyo legal para enfrentar los litigios por no pagar sus obligaciones bancarias, según consta en los documentos oficiales de Cancillería.
Hasta ahí la retórica y la propaganda revolucionaria.
La realidad es que quienes realmente se beneficiaron en esta primera etapa de los contratos de asesoría fueron figuras políticas españolas estrechamente relacionadas con el partido Podemos, un importante socio de la Revolución Ciudadana y del correísmo.
Podemos saca provecho
Rafael Mayoral, político y abogado español, que logró notoriedad como asesor de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid, PAH y que luego alcanzó una diputación, es uno de los fundadores de la cooperativa Kinema.
En el siguiente cuadro aparecen los resultados oficiales de las 'asesorías':
Esta organización fue constituida en 2006 por Mayoral y las hermanas Ana y Elena Marcello Santos. Elena, quien es psicóloga de profesión, aparece como firmante de los contratos de 2012 a 2016.
La entrega de los convenios para asesorías llegó a las arcas de Podemos, que también se abanderó como defensor de los cientos de miles de afectados por la crisis de las hipotecas.
Esa imagen le sirvió a Podemos como trampolín para convertirse en una fuerza política de peso en España. Kinema también daba servicios legales y administrativos a Podemos.
A inicios de 2016 arrancó una segunda etapa de contrataciones, cuando se produjo un cambio importante en el Gobierno de Ecuador.
Patiño dejó de ser canciller y fue reemplazado por Guillaume Long. Entonces, en la embajada ecuatoriana la contraparte de los contratos de asistencia jurídica dejó de ser Kinema.
Mientras miles de ecuatorianos perdían sus viviendas, Podemos y el PSOE recibieron su tajada.
Posible testaferro
Un ecuatoriano residente en España por mucho tiempo, Walter Napoleón Jaramillo Mena, fue el representante legal y firmante de nueve contratos y varias ampliaciones, entre mayo de 2016 y junio de 2021.
Su carta de presentación es su militancia y su activismo en España a favor de los gobiernos de Correa y Moreno.
La Embajada siguió con las contrataciones aunque para la época la legislación española se había flexibilizado. Varios bancos dejaron de cobrar sus deudas a los migrantes que ya habían perdido sus inmuebles.
Para acceder a esos convenios, Jaramillo constituyó tres empresas en España:
- Mi País Consultores S.L.
- Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa.
- Y más recientemente, a fines de 2019, creó Intercom Iberoamérica SLU.
En total, estas tres entidades representadas por la misma persona, que es su único directivo y accionista, acumularon 4,3 millones de euros en contratos (unos USD 5 millones).
Innovación Tecnológica fue constituida en el Registro Mercantil de España el 28 de diciembre de 2018.
Pocas horas después y ese mismo día, en la Embajada en Madrid, representada entonces por Cristóbal Roldán, fue firmado el contrato por 1 millón de euros con el propietario de Innovación tecnológica, Walter Jaramillo, según los documentos contractuales.
El asambleísta socialcristiano Esteban Torres, que fiscaliza esas contrataciones, destaca que Jaramillo recibió los pagos por asesorías legales, pese a que no acreditó ninguna experiencia en este campo y ni siquiera era abogado.
Eso no ocurrió previamente con Mayoral, quien sí tenía experiencia en leyes y conocía de cerca el problema de las hipotecas.
Solo se beneficiaron tres de cada 100 ecuatorianos que recurrieron a las asesorías, hoy investigadas por la Contraloría.
El legislador dice que Jaramillo fue funcionario en la Secretaría Nacional del Migrante y ha tenido juicios en España y Ecuador, por lo cual no descarta que pueda haber sido un testaferro, que recibió los pagos y luego los habría transferido a otras personas y compañías próximas al correísmo que le facturaban por varios servicios ficticios.
Para Torres, en el gobierno de Moreno es más preocupante el despilfarro de recursos entregados a una sola persona. Por esos servicios, estima el legislador, en la última década únicamente se beneficiaron tres de cada 100 ecuatorianos que recurrieron a las asesorías, hoy investigadas por la Contraloría.
Hombre orquesta en Bélgica
Jaramillo dista mucho de tener un perfil de empresario. En España tenía un locutorio para el envío de dinero y la venta de pasajes y también organizaba encuentros y espectáculos, a través de Eventos Mi País, otra de sus empresas.
Con esta última compañía, Jaramillo organizó muchos de los encuentros políticos del correísmo, no solo en España sino en Bélgica, según fuentes de ese movimiento en Europa.
"Era el hombre orquesta de eventos y campañas políticas de la Revolución Ciudadana en Madrid y otras ciudades", comenta una militante del correísmo que ocupó importantes cargos en Europa y pidió mantener la reserva de su nombre.
Desde España, Jaramillo se encargó de planificar el desplazamiento de decenas de militantes, con todos los gastos pagados, a la Cumbre de los Pueblos, organizada por el gobierno ecuatoriano en Bruselas, Bélgica, en junio de 2015.
PRIMICIAS accedió a varios recibos de pagos y pasajes que gestionó Jaramillo como propietario de Eventos Mi País, empresa encargada de la logística del encuentro, a donde asistieron unas 150 personas.
La compañía de Jaramillo se encargó de reservar y pagar los boletos aéreos y terrestres, así como el hospedaje y la alimentación de los principales representantes de Alianza PAIS que llegaron a Bruselas desde España e Italia.
El dinero para cubrir esos gastos salió del presupuesto de eventos de la Embajada en Madrid, según describe Jaramillo en un documento en poder de este medio.
El cierre de la Cumbre de los Pueblos fue el 11 de junio. Estuvo a cargo del entonces presidente Correa, quien esos días enfrentaba duras protestas de la oposición en Ecuador, en medio del inicio de su acelerado declive político.
El correísmo organizó el encuentro para que coincidiera con la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) y la Unión Europea (UE), donde participó Correa, quien aprovechó la oportunidad para felicitar a “los compañeros de Podemos que vencieron en las elecciones en España”.
“Hay una restauración conservadora en marcha en Ecuador y en toda América Latina. Esas fuerzas reaccionarias, a escala nacional e internacional, operan con la complicidad de sus medios de comunicación”, exclamó Correa.
Habló, vehemente, ante cientos de militantes y representantes ecuatorianos de movimientos sociales de varios países congregados en la basílica de Koekelberg, en la capital belga.
Tratamos de obtener la versión de Jaramillo y de Calahorrano, pero no pudimos ubicarlos en sus números de contacto en España.
Los documentos
A Walter Jaramillo organizó y su empresa Eventos Mi País le pagaron con fondos públicos. Un año después recibió contratos por más de USD 4 millones con sus otras tres compañías. Como lo muestran los siguientes documentos.
Sin plata no hay votos
Los eventos fueron uno de los puntales del correísmo para lograr respaldos electorales hasta 2017. Especialmente en España e Italia, los países europeos donde viven más migrantes ecuatorianos.
Esto se refleja claramente en los resultados de las votaciones:
- En 2013 Correa ganó las elecciones presidenciales holgadamente en España, con el 70% de votos frente al 18% de Guillermo Lasso.
- En 2017 su sucesor, Lenín Moreno, obtuvo el 41% de respaldo y Lasso el 33%.
Los años siguientes el apoyo a la Revolución Ciudadana cayó. en los últimos comicios de abril de 2021, Lasso ganó en España con el 33% de votación sobre el candidato del correísmo, Andrés Arauz, que logró el 35%.
En España, 179.000 ecuatorianos están empadronados para votar.
El sufragio en España representa el 71% del voto en la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía y el 43% del voto en el extranjero. Esto según datos de la Embajada en Madrid.
Por eso, la estrategia proselitista del correísmo en Europa también se apalancó en todo tipo de espectáculos culturales, sociales y políticos financiados con fondos públicos.
En España, de los USD 2,4 millones usados hasta 2017, año en que Correa dejó el poder, hay gastos descomunales.
Gastos que incluyeron el alquiler de estadios, coliseos, centros de exposiciones y lujosas galerías.
Solo en 2014 fueron gastados más de USD 700.000 en siete grandes eventos sociales en Murcia, Málaga, Barcelona, Palma de Mallorca y Madrid.
En esa capital se gastaron más de USD 600.000 en dos espectáculos consecutivos, al igual que en 2015 cuando en un solo evento se pagaron USD 400.000.
Durante los dos siguientes años los pagos fueron bajando porque el gobierno de Correa recibió menos recursos, tras la caída del precio del petróleo, que era su principal fuente de ingresos.
Pero los eventos continuaron en medio de la crisis. Entre 2016 y 2017 se usaron más de USD 900.000.
En Italia fue desembolsado más de USD 1 millón en espectáculos y actos sociales en Roma, Génova y Milán, donde vive la mayoría de migrantes.
Los pagos más importantes se registran en Roma con USD 609.000. En un solo espectáculo, celebrado en 2013, en Roma se gastaron USD 210.000.
Pese a los montos y contratos celebrados de forma directa, al margen de la Ley de Contratación Pública, ninguno de los gastos en las embajadas y consulados de estos dos países ha sido auditado por la Contraloría ni investigado por Fiscalía.
Quién es Ángel Loja
Al revisar los documentos de Cancillería salta otro dato escandaloso. Ángel Loja Llanos, quien fue consejero del embajador Calahorrano (2014-2016), era también el administrador del contrato firmado con Jaramillo en representación de Mi País.
Loja Llanos fue viceministro de Transporte en el gobierno de Lenín Moreno. Llegó a ser director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Al inicio de la crisis sanitaria por Covid-19, Loja fue encausado en un proceso penal, por posibles irregularidades en la adquisición de mascarillas.
Loja viajó a España como hombre de confianza de Calahorrano. En la Embajada era el coordinador de los temas relativos a las hipotecas.
Según la documentación oficial, unos 70.000 ecuatorianos recibieron asistencia jurídica durante este período.
Al revisar los casos reportados como exitosos por la Embajada, se ve que los abogados y patrocinadores jurídicos también son figuras políticas relacionadas con Podemos.
Ahí aparecen nombres como los de Azael Babiano y Patricia Buigues Frasquet.
El PSOE probó la torta
La asesoría jurídica a los afectados por hipotecas no fue el único rubro que generó contratos jugosos desde la Embajada de Ecuador en España.
La Asistencia Social es otra fábrica de contratos, cuyos beneficiarios son figuras públicas, también relacionadas con la vida política en España.
La misma cooperativa Kinema, afín a Podemos, fue beneficiaria de un contrato por 105.000 euros en 2015. Hubo 128 atenciones a razón, es decir, cada atención costó 820 euros.
Entre 2016 y 2019, la Fundación Psicología Sin Fronteras fue la beneficiaria de los contratos por 271.000 euros.
Según reportes oficiales de Cancillería hubo 5.489 atenciones psicológicas, lo que arroja una cifra de 49,5 euros por cada atención.
Como representante de esta fundación aparece Guillermo Fouce Fernández, dirigente del Partido Socialista Español (PSOE) en Torrejón de Ardoz (Madrid), entre 2016 y 2020.
Estos servicios se contrataron a dedo, sin concursos. La relación de la Fundación con la embajada terminó en marzo de 2020.
Un país pobre financió la agenda de dos partidos de izquierda en un país rico, usando a los migrantes como excusa.
En adelante la nueva contraparte fue la Asociación Solidaridad Internacional para el Desarrollo, Solides, representada por Ernesto Vaca Pereira.
De 2020 a 2021, fueron reportadas 2.435 atenciones psicológicas, por un valor de 70.000 euros. A razón de 28 euros por cada atención.
En total, 447.000 euros fueron destinados para la asistencia psicosocial de los afectados por las deudas.
En un informe enviado a Cancillería -fechado el 12 de agosto de 2021- meses después de dejar el cargo de embajador en España, Cristóbal Roldán dice que al inicio de su gestión renegoció los costos de los contratos de asesoría.
"Consiguiendo una rebaja de 200.000 euros anuales. Cabe señalar que no podíamos dejar a nuestros migrantes indefensos y no se podía terminar unilateralmente el contrato, pues habría acarreado millonarias demandas al estado ecuatoriano", alega.
Entre 2012 y abril de 2020, según informes de la Cancillería, las empresas contratadas brindaron 136.768 asesorías individuales y colectivas y acompañamientos a los migrantes.
Los reportes de resultados indican que se obtuvieron 1.800 daciones en pago, 858 condonaciones, 361 reestructuraciones, 181 eliminaciones de deuda y 895 alquileres sociales.
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