Reconstrucción en Bahía: el contrato que CNEL no decidía si cobrar o pagar

Carlos Julio Jaramillo es el gerente del Banco de Desarrollo de Ecuador (BDE) desde el 26 de septiembre de 2018. Asumió el puesto mientras tenía a su nombre un contrato para la fiscalización de una de las obras del proyecto de reconstrucción de Manabí, específicamente en Bahía de Caráquez. Dos años más tarde, los fantasmas de ese contrato aún lo persiguen.

Jaramillo demandó al Estado Ecuatoriano y espera que le paguen USD 141.236. Y, a pesar de que fue declarado como contratista incumplido con el Estado por unos meses, ejerce su cargo público.

Los documentos del proceso con CNEL, a los que accedió PRIMICIAS, son contradictorios. El contrato fue terminado unilateralmente, pero esa resolución se dio de baja con un cambio directivo y, luego, el contrato se terminó de nuevo, pero por mutuo acuerdo.

El origen del desacuerdo

El soterramiento de redes eléctrica en Bahía es uno de los proyectos del Plan de Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por el terremoto (Priza), manejado por la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

A mediados de 2017, Priza empezó la contratación del soterramiento en Bahía de Caráquez, una de las ciudades más afectadas por el terremoto de 2016. La obra fue adjudicada a la empresa Planman S.A. y la fiscalización, a Carlos Julio Jaramillo.

Pero, CNEL encontró que la obra se había comenzado sin estudios ni diseños completos y definitivos. Además, Planman había presentado garantías falsificadas, por lo que el contrato se dio por terminado unilateralmente en marzo de 2018. Apenas había un 11,84% de avance de la obra.

Sin una obra, la fiscalización también debía terminar. El contrato se suspendió el 22 de febrero de 2018, con la paralización de las obras. Así que CNEL comenzó con los trámites para la negociación con Jaramillo y terminar el contrato de mutuo acuerdo. Pero, aquí comenzaron los problemas.

Según los documentos del proceso disponibles en el portal de Compras Públicas, Jaramillo no estuvo de acuerdo con el dinero que le ofrecían. El problema estaba en que Priza consideraba que el contratista debía devolver dinero, pero él creía que tenían que pagarle más.

Según Priza, las normas de contratación pública vigentes a la fecha establecían que el pago de la fiscalización se hacía en relación directa con el avance de la obra a fiscalizar. Es decir, si la obra avanza un 10%, al fiscalizador se le paga un 10%.

Por ello, según los cálculos de Priza, Jaramillo debía devolver USD 79.545, pues la ejecución de la obra solo llegó al 11,84% y el valor del anticipo pagado por la fiscalización era mayor al avance.

Jaramillo, en cambio, reclamaba el pago del trabajo que había realizado, que según él no alcanzaba con el valor del anticipo.

Contratista incumplido por dos meses

El desacuerdo de Jaramillo con la liquidación de Priza nace del contrato mismo, que establece una forma de pago diferente a la que mandaba entonces la ley. El contrato señala que el pago será por planillas mensuales de igual valor, prorrateadas durante el plazo de ejecución. Es decir, el valor total del contrato para el soterramiento de cables en Bahía se dividiría para los meses de trabajo.

Por esa razón, para Jaramillo, él no le debía dinero a Priza, sino que Priza le debía dinero a él.

Frente a la falta de acuerdo, Priza decidió dar por terminado el contrato unilateralmente el 26 de octubre de 2018, a pocos días de la posesión de Jaramillo en el BDE. Entre los argumentos, está que el fiscalizador no informó "de la falta de estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos".

Roberto Dávila, el gerente de Priza que firmó la terminación unilateral del contrato, señala que la ley está por sobre el contrato y que, por tanto, Jaramillo debía devolver los USD 79.545. Como no lo hizo, Dávila mandó a ejecutar la póliza de buen uso del anticipo, pero fue separado de su puesto en diciembre de 2018.

Finalmente, Jaramillo no pagó y la póliza no se ejecutó. Fue incluido como contratista incumplido del Estado en enero y febrero de 2019. Esta es una prohibición para ejercer cargo público que debería haber causado su separación de la gerencia del BDE.

Pero, en marzo de 2019, el nombre de Jaramillo desapareció de los listados de contratistas incumplidos de CNEL. A la fecha, no aparece con ninguna prohibición en el portal de Compras Públicas.

Jaramillo dice que él desconocía de estos documentos. El funcionario asegura que el contrato nunca fue terminado unilateralmente, sino por mutuo acuerdo. Y dice que nunca fue declarado contratista incumplido con el Estado.

Nueva terminación del contrato

Otros documentos que no constan en Compras Públicas y que fueron entregados a PRIMICIAS por Jaramillo, después de la entrevista, dan cuenta de que la terminación unilateral del contrato se dio de baja pocos días después de emitida.

Y con eso, el 25 de abril de 2019, Diego Orbe, nuevo gerente de Priza, dio por terminado nuevamente el contrato, ahora por mutuo acuerdo. Un día después, Orbe y Jaramillo suscribieron el acta de terminación del mutuo acuerdo. Allí, CNEL se compromete a pagar USD 172.549,78 como liquidación del contrato de fiscalización.

Según Jaramillo, ese dinero no le ha sido pagado aún. Asegura que no ha presionado ni avanzado en gestiones por su actual condición de funcionario público.

Sin embargo, sí tiene un juicio en contra de CNEL, que presentó en julio de 2018 en su natal Cuenca ante el Tribunal Contencioso Administrativo. La demanda se interpuso antes de la terminación unilateral, cuando no se ponían de acuerdo si había que devolver dinero o pagarlo.

Según la demanda, Jaramillo entregó seis planillas "que han sido debidamente aceptadas y firmadas tanto por el administrador del contrato así como por la fiscalización". El valor de las planillas, ya restado el monto del anticipo, sumaría USD 141.236,68, un valor menor al del acuerdo de terminación del contrato.

En la demanda, Jaramillo sostiene que, a pesar de que pidió que le paguen esos valores, CNEL no le ha depositado el dinero.

El proceso judicial avanza lentamente. En enero de 2020, el Tribunal recién logró entregar la citación a la gerencia de Priza.

Un informe de Contraloría con observaciones desvanecidas

PRIMICIAS tuvo acceso a un informe borrador de Contraloría que observa al Plan Priza por la forma de pago establecida en los contratos de fiscalización, entre ellos el de Bahía. El ente de control cuestionó en ese borrador que se haya establecido el pago de valores prorrateados, pues las normas de Contratación Pública establecían que el pago de la fiscalización debe hacerse conforme el avance de la obra.

La observación de Contraloría era que esta forma de pago no guarda relación con el contrato de obra, lo que "no se ajustó a la necesidad de los proyectos".

Pero, la observación no se incluyó en el informe final y definitivo. Jaramillo explicó que el tema se sacó de la auditoría porque las observaciones fueron subsanadas con su explicación sobre cómo debían hacerse los pagos.

Además señaló que, aunque esa forma de pago no era la mejor para los contratistas, la aceptó porque el porcentaje del anticipo era muy bajo.

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