Contraloría confirma sobreprecios en compras de la Prefectura de Pichincha
La Fiscalía de Pichincha tiene una investigación abierta en contra de la prefecta Paola Pabón por compras efectuadas para atender la pandemia. El informe de Contraloría no menciona a la prefecta, las observaciones y recomendaciones se hacen a funcionarios de Pichincha Humana.
Paola Pabón, prefecta de Pichincha, junto a personal de Pichincha Humana durante un recorrido en julio de 2020.
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Los hallazgos de la Contraloría se recogen en el informe DPPch-0010-2021.
El documento se refiere al examen especial a las contrataciones de equipos, insumos, dispositivos, medicamentos, bienes y servicios para atender la emergencia del Covid-19, entre marzo y mayo de 2020.
Las compras fueron hechos a través de Pichincha Humana, una institución pública adscrita a la Prefectura de Pichincha. El monto que Pichincha Humana gastó durante este período fue de USD 433.572.
Problemas administrativos
Pichincha Humana se declaró en emergencia el 20 de marzo de 2020. Sin embargo, la resolución se subió al portal de Compras Pública cinco días después.
La primera irregularidad se encontró en el contrato PH-013-2020-001. El proceso era para la adquisición de 2.000 mascarillas N95 a USD 3,80, cada una. Sin embargo, la entidad no proporcionó documentos que respalden las operaciones en las fases preoperatoria, precontractual y contractual.
En otros nueve procesos, en cambio, si bien se entregaron las actas de recepción de los artículos adquiridos. En los registros de la bodega no se hallaron los equipos, insumos, dispositivos y medicamentos.
Sobreprecios
El 18 de abril de 2020, la jefa de Centros de Salud de Pichincha Humana requirió la compra de equipos de protección personal e insumos de bioseguridad para esta entidad y para la Prefectura de Pichincha
Se pidió:
- 400 fundas para cadáveres.
- 400 sábanas antifluidos.
- 2.000 trajes de bioseguridad.
En cuanto a las bolsas para cadáveres, se especificó que debían ser para adulto, antifluido, con agarraderas. Y se puntualizaron otras características sobre composición, durabilidad, usos, dimensiones y advertencias de seguridad.
La entidad recibió tres proformas. Pero solo la proveedora Jenny Murgeuittio presentó las especificaciones requeridas. Y ella fue adjudicada con el contrato por USD 72.300.
Sin embargo, la entidad no consideró que Murgeuittio no estaba habilitada en el Registro Único de Proveedores. Tampoco contaba con el permiso de funcionamiento de la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa).
Además, según el análisis de la auditoría, hubo sobreprecio en la compra.
La Contraloría comparó los costos del contrato con los que pagaron otras entidades del Estado, en el mismo período y por los mismos productos, y detectó incrementos de hasta el 196,97%.
A inicios de junio de 2020, la Fiscalía de Pichincha ya había notificado a Paola Pabón, prefecta de Pichincha, con el inicio de una investigación previa por peculado debido a este contrato.
La indagación continúa en etapa reservada. En ese momento, la Prefecta había justificado el monto de las bolsas de cadáveres porque, según ella, se trataban de insumos con un nivel de bioseguridad tipo 4.
Sin embargo, según el análisis de la Contraloría, el sobreprecio no estuvo únicamente en las bolsas. Sino también en los trajes y en las sábanas. Incluso, en este último ítem el incremento es el más alto.
En el informe de la Contraloría no se menciona a la prefecta Pabón. Las observaciones y recomendaciones se hacen a funcionarios de Pichincha Humana.
¿Tráfico de influencias?
El 1 de abril de 2020, se requirió la compra de pruebas rápidas para el diagnóstico de Covid-19. La adjudicación fue entregada a Sigma Health. El valor fue de USD 144.000 por 10.000 pruebas.
El presidente de esta compañía y esposo de la accionista mayoritaria es David Leonidas Carrión Vargas.
Al momento de la adjudicación no se tomó en cuenta que él era sobrino de la Jefa de Centro de Salud de Pichincha Humana, quien el 24 de abril de 2020 elaboró las especificaciones técnicas y el estudio de mercado para el proceso.
Además, la funcionaria solicitó que por recomendación de la Presidenta de Pichincha Humana se le designe como administradora del contrato. Y pese a que esa recomendación no procedía, sí fue designada.
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