Consulta: Gobierno baraja nuevamente preguntar sobre la extradición de delincuentes
El secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, dijo que el Gobierno enviará esta semana o la próxima hasta tres nuevas preguntas de la consulta a la Corte Constitucional.
Imagen referencial de tres sujetos detenidos en un operativo policial en Los Ríos, el 7 de enero de 2024.
Policía Nacional
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Tal como había anunciado la semana pasada, el presidente Daniel Noboa baraja dos o tres nuevas preguntas para la consulta popular, y al menos una de ellas incluiría el pedido de extradición para criminales y delincuentes sentenciados.
Según confirmó el secretario de Comunicación en entrevista con Teleamazonas, Roberto Izurieta, las nuevas interrogantes serán enviadas para el estudio de la Corte Constitucional esta semana o la próxima, aunque no confirmó una fecha exacta.
Sobre la extradición de prisioneros, Izurieta indicó este 8 de enero: "El nivel de urgencia, tan visible y notorio que estamos viendo, muy probablemente, amerita de que se incluya esa pregunta".
El tema de la extradición surge en momentos de la primera crisis carcelaria que afronta el gobierno de Noboa, luego de la fuga de Adolfo Macías, alias 'Fito' el 7 de enero.
"Lo que hemos vivido el día de ayer, muy probablemente, va a levantar una exigencia clara y, en mi opinión correcta y necesaria, de que hay cosas que debimos hacer y que no pasaron en consultas anteriores", añadió el Secretario de Comunicación.
El paradero de alias 'Fito', líder de 'Los Choneros', considerada unas de las bandas criminales más peligrosas del país, se desconoce desde el domingo, pues no estaba en su lugar asignado en la cárcel.
Pero no es la primera vez que la extradición de narcotraficantes será consultada a los ciudadanos. A inicios de 2023, el entonces presidente Guillermo Lasso no logró el respaldo ciudadano en una consulta en la que una de las preguntas se refería a una enmienda constitucional, para permitir la extradición.
Por otra parte, el actual Ejecutivo ya envió la semana pasada 11 preguntas a la Corte Constitucional relacionadas con seguridad, justicia y empleo.
Varios analistas y políticos sostienen que gran parte de las preguntas planteadas se podían solventar en la Asamblea Nacional, pero el Gobierno defiende su posición porque con la consulta -asegura- se reducirían los tiempos en el tratamiento de los temas.
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