La consulta impulsada por Nebot saldría a la luz a mediados de julio

El líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, ofreció una consulta "para la prosperidad", como su último esfuerzo en la vida pública. Según el exalcalde de Guayaquil, "esto devolverá el poder al pueblo, para luchar contra la pobreza y la corrupción".

¿Qué se sabe de la propuesta de consulta popular? Poco. Nebot dijo que las preguntas se presentarán en los próximos días, serán claras, pocas y sencillas. Y que sus respuestas se convertirán en leyes, "que ningún presidente, ningún asambleísta podrá cambiar, porque solo el pueblo podría hacerlo".

Los temas que señaló el líder socialcristiano en su anuncio fueron:

• Proteger los fondos de la seguridad social.
• Convertir la agricultura, ganadería y pesca en actividades productivas.
• Seguridad jurídica, arbitraje internacional, estímulos tributarios y rapidez en los trámites para las exportaciones y atracción de inversiones.
• La exploración de petróleo y minerales respetando el cuidado del medio ambiente.
• La destitución del Ministro de Finanzas que no entregue las rentas a los gobiernos locales o si dispone del IVA de estas entidades.

Se espera que la propuesta definitiva esté lista y sea entregada a más tardar en la Corte Constitucional hasta el 15 de julio.

¿Cuáles son los caminos legales?

El anuncio de Nebot dio pocas pistas sobre qué se puede esperar. Habló de reformas legales y de que la propuesta será entregada en pocos días a la Corte Constitucional, para que califique la constitucionalidad de las preguntas.

El legislador socialcristiano, Henry Cucalón cuenta que, hasta el momento, el anuncio es literal: se tratará de una consulta popular que planteará varias reformas legales. Ninguna constitucional. Aunque hay que esperar la redacción final de la iniciativa.

Si se incluye algún cambio constitucional, esto requeriría un referendo no solo una consulta popular, lo cual modifica el camino legal que seguiría la propuesta:

La intención de Nebot es que los cambios que se aprueben en las urnas no puedan ser cambiados por los políticos de turno, como lo dijo en su anuncio. ¿Es esto posible?

El constitucionalista Jorge Benavides explica que las normas jurídicas evolucionan constantemente, por lo tanto no son inamovibles. Es decir, la modificación de lo que se decide en las urnas depende del camino legal que se tome.

Por ejemplo, recuerda la consulta popular de 2011, donde se votó por la prohibición de los espectáculos públicos que incluyan la muerte de un animal, que ganó en Quito y desde entonces están prohibidas las corridas de toros.

El constitucionalista sostiene que para deshacer esa decisión se debe recorrer el mismo camino que la implementó: una nueva consulta popular que eche atrás esa decisión.

Sin embargo, no considera que esto pueda mantenerse igual en el caso de reformas legales amplias y que no sean concretas. Ya que la función natural de la Asamblea Nacional es legislar y esta podría, más adelante, tratar proyectos de ley sobre lo ya consultado.

Aunque Benavides resalta que esto podría darse solamente para ir hacia adelante en derechos y mejoras sociales. Lo contrario podría ser cuestionado ante la Corte Constitucional por una falta de legitimidad.

Por lo que, a su forma de ver, el candado más efectivo sería una reforma constitucional, es decir, un referendo. Ya que los requisitos y trámite para modificar la Constitución son más complejos que una consulta popular.

Cucalón coincide en parte. Sostiene que para deshacer lo aprobado en las urnas se debe siempre tomar el mismo camino: otra votación. Además, señala que sería políticamente muy difícil que un legislador o un presidente planteen una reforma legal en contra de un tema que ya fue decidido por la ciudadanía.

Por eso, dice, los concejales de Quito no han planteado una ordenanza que cambie lo dictado en la consulta popular de 2011. Ya que, aunque la pregunta fue corta y clara, el tema se implementó a través de una ordenanza municipal.

Y el legislador considera que lo mismo sucede en la Asamblea. Y pone como ejemplo la consulta popular de 2017, donde se votó para prohibir que los funcionarios públicos tengan bienes y capitales en paraísos fiscales.

El tema se implementó posteriormente a través de una ley, tramitada por el Legislativo. Y Cucalón sostiene que no se podría eliminar esa ley sin que haya una nueva consulta popular sobre el tema. Se la puede modificar, pero no cambiar el principio de la prohibición aprobada.

¿Quién auspiciará la iniciativa de consulta?

Esta no es una propuesta de Nebot como líder político ni del PSC, así lo dijo en su anuncio. Se trata de una iniciativa ciudadana, aseguró. El exalcalde de Guayaquil dijo que se ha reunido con dirigentes sociales y que serán ellos quienes presentarán ante la Corte Constitucional las preguntas para su calificación.

Nebot dijo que esto no es una decisión de última hora, que vienen trabajando en la propuesta alrededor de un año. Y que también lo han conversado con muchas autoridades locales.

Para entregar la propuesta se deberá conformar una especie de comité, entre las organizaciones sociales y ciudadanos que han mantenido esas reuniones y están de acuerdo con las propuestas planteadas por Nebot. Ya que alguien debe poner el nombre y la firma como representante legal ante la Corte.

Sin embargo, esto tampoco se ha hecho público aún, aunque, como cuenta Cucalón, se espera que en los próximos días haya varias resoluciones al respecto.