Daniel Noboa quiere arrancar su mandato apostando por una consulta
Aunque el presidente electo habla de consulta popular, algunas de sus propuestas podrían referirse mas bien a una reforma constitucional, que puede tener un trámite más largo y complejo.
Instituto Ítalo-Latinoamericano
Twitter Daniel Noboa
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La propuesta de una consulta popular en los primeros 100 días será una de las primeras acciones que el presidente electo, Daniel Noboa, quiere ejecutar al llegar a Carondelet. Sin embargo, la información sobre qué temas abordará esta consulta está todavía por definirse.
Sin un vocero activo y con Noboa fuera del país y en silencio, la información sobre esta iniciativa ha sido muy limitada.
De momento, se conoce que serán entre 13 y 15 preguntas, según la asambleísta electa Valentina Centeno, quien será jefa de bancada del oficialismo en la Asamblea Nacional. Noboa sólo ha confirmado que la consulta popular abarcará estos dos temas:
- La creación de un sistema de jurados para los casos de corrupción y crimen organizado.
- La actuación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interna cuando existan amenazas terroristas.
Además, Noboa ha hablado de crear incentivos para la inversión extranjera, pero esto lo ha mencionado dentro de la propuesta de consulta popular y también como reformas legales.
Aunque la vicepresidenta electa, Verónica Abad, ha mencionado más temas, sobre todo relacionados con la reforma a la justicia: endurecer penas, segmentar cárceles y tener jueces sin rostro.
Sin embargo, estos temas y los otros que Noboa podría plantear deberán ser presentados ante la Corte Constitucional. Y además, en función de las preguntas que proponga, podrían no ser sujeto de una consulta popular sino de una reforma constitucional.
De todas formas, este mecanismo le permitiría a Noboa esquivar la Asamblea, en donde no logró una mayoría y todavía está en la búsqueda de acuerdos.
Aunque al actual presidente, Guillermo Lasso, esta misma estrategia le salió mal.
El papel de las Fuerzas Armadas
El presidente Noboa ratificó hace pocos días que una de sus principales propuestas en la consulta popular será reformar el rol de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado y la delincuencia.
El rol de las FF.AA. está establecido en la Constitución, que en su artículo 158 dice que tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. El mismo artículo señala que la protección interna y el mantenimiento del orden público son responsabilidad de la Policía Nacional.
Por lo tanto, otorgar nuevas o diferentes funciones a las Fuerzas Armadas requeriría necesariamente un cambio a la Constitución.
El presidente Lasso, tiene uno en camino, que no ha podido avanzar en su trámite por la muerte cruzada. El Presidente propuso que las FF.AA. puedan dar "apoyo complementario" a la Policía "para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada"
Lasso intentó incluir dicha pregunta en su referendo constitucional de febrero de 2023, que seguía el trámite de enmienda (sin la Asamblea). Sin embargo, la Corte Constitucional le dijo que en realidad era una reforma constitucional, y debía ser tramitada en la Asamblea.
El trámite llegó hasta tener informe para segundo debate antes de la muerte cruzada. Por lo que tendrá que retomarse con la instalación de la nueva Asamblea.
Si la propuesta de Noboa va por la misma línea, lo más seguro es que la Corte Constitucional ordenará que también se tramite a través de la Asamblea. Esto significa que el trámite demoraría al menos tres meses.
Las reformas a la justicia
En cuanto a las reformas a la justicia de las que han hablado tanto Noboa como Abad, dependerá de cómo sean planteadas.
Si se refieren a reformas que afecten solamente al Código Integral Penal, podrían ir como consulta popular, mecanismo que en ocasiones anteriores ya se han usado para reformar leyes.
Este fue el caso, por ejemplo, de la consulta de Rafael Correa en 2011, cuando se tipificó el enriquecimiento privado no justificado.
Si las propuestas, en cambio, proponen cambios en la Constitución, deberán tramitarse como enmiendas o reformas constitucionales.
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