La Judicatura elige jueces entre destituciones y allanamientos

Hasta febrero de 2024, la Judicatura espera nombrar a los nuevos siete jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). La etapa de postulación concluyó el 19 de agosto de 2023 y ahora las carpetas de los aspirantes están en proceso de revisión.

Según la normativa ecuatoriana, la CNJ se integra de 21 jueces. Sus miembros son elegidos para nueve años, pero cada tres se debe hacer una renovación parcial en tercios. Por esta razón, son siete las vacantes para este proceso.

Aunque el concurso apenas se inicia y, por el momento, no ha habido observaciones de falta de transparencia o problemas técnicos, el proceso ha generado ciertas dudas por la idoneidad de la Judicatura para elegir a los máximos magistrados de la justicia ordinaria.

El Consejo de la Judicatura pasa por un mal momento. Dos de sus vocales, Juan José Morillo y Ruth Barreno, son procesados por supuesto tráfico de influencias. Se los señala por presionar a jueces y está pendiente la decisión de su llamado a juicio.

Además, Xavier Muñoz, otro de los vocales, tiene en su contra una investigación previa por supuesto lavado de activos. Las sospechas responden a acciones anteriores al ejercicio de su cargo público.

¿Obstrucción a la justicia?

Pero la crisis no termina ahí. Ahora, la Judicatura está en la mira de la Fiscalía por una supuesta obstrucción a la justicia relacionada al proceso que involucra a Morillo y Barreno. Sus instalaciones habrían sido allanadas.

Ese caso estaba a cargo del exjuez Walter Macías. Sin embargo, 72 horas antes de que Macías resuelva si los vocales van a juicio, la Judicatura le notificó con una destitución, acción que ha sido puesta en duda por la forma en la que se aprobó.

Solo Wilman Terán, presidente de la Judicatura, y Muñoz votaron a favor de esa resolución. Morillo, Barreno y Fausto Murillo, los otros integrantes, se abstuvieron.

Por esta razón, según la grabación de esa cita que fue reservada pero que ya está en manos de Macías por orden legal, la secretaria del CJ dijo que no había mayoría.

Sin embargo, Terán la corrigió y le dijo que los votos abstentivos no son considerados votos, por lo que -según él- los dos votos afirmativos constituían una mayoría y por eso Macías fue destituido.

Además, Macías asegura que en la grabación se puede apreciar que Muñoz participó de la cita y decidió sobre su destitución en estado de embriaguez.

Macías interpuso una acción de protección para volver a su cargo. Él era uno de los magistrados que deberá salir de la Corte en esta renovación, por eso se inscribió para buscar la reelección. Sin embargo, ahora duda que el concurso llegue a buen término.

• La eterna pugna entre el juez Walter Macías y el Consejo de la Judicatura

Problemas, otra vez

Desde el regreso a la democracia en 1979, la Corte Nacional -antes llamada Corte Suprema- ha tenido cuatro mecanismos de nombramientos.

• Entre 1979 y 2005, la Función Legislativa fue la encargada de nombrar a los más altos magistrados del país.
• En 2005 se nombró una nueva Corte a través de una comisión calificadora nombrada por el Ejecutivo y supervisada por la Organización de Estados Americanos y la Comunidad Andina.
• Para 2008, luego de la aprobación de la Constitución de Montecristi, los jueces fueron nombrados a través de un sorteo.
• En 2011, finalmente, la facultad de nombramiento pasó al Consejo de la Judicatura a través de concursos públicos de oposición y méritos.

El concurso, que es el mecanismo vigente, tiene malos antecedentes. Los cuatro procesos anteriores para renovación y elección de jueces nacionales fueron observados por participantes, veedores y actores políticos.

Y, posteriormente, esas observaciones fueron ratificadas por la propia Contraloría General del Estado.

• Concurso 2011

En agosto de 2011, el Consejo de la Judicatura de transición, presidido por Paulo Rodríguez, inició un concurso para la designación de los nuevos jueces de la Corte Nacional.

Sobre ese concurso se identificaron, al menos, 12 irregularidades, entre las que destacan:

• Pese a que se detectó que el 40% de los postulantes tuvo inconvenientes con la experiencia laboral, el 30% con la declaración juramentada, el 20% con la experiencia académica y el 20% con otros requisitos, se permitió que esos postulantes continúen en el proceso.
• En la fase de recalificación de méritos, se otorgaron entre 0,5 y seis puntos más a varios postulantes con base en documentos que no cumplían con los requisitos.
• No hay documentación para verificar si los resultados de las pruebas de oposición fueron reales.

• Concurso 2014

En 2014, ya siendo Gustavo Jalkh el presidente de la Judicatura, se convocó a un concurso de renovación de la Corte Nacional. Entonces ya habían transcurrido tres años desde el nombramiento inicial, como lo establece la ley.

También en este proceso se detectaron anomalías:

• Pese a contar con el Sistema Sisperfuj, para la selección de personal judicial, el proceso se llevó de forma manual.
• No se publicaron resultados de todas las fases del concurso.
• Los documentos entregados por los postulantes para la fase de méritos, fueron puntuados de manera discrecional.

• Concurso 2017

Tres años después, en agosto de 2017, nuevamente se puso en marcha la renovación parcial de la Corte. Jalkh todavía estaba al frente de la Judicatura.

En ese proceso se detectaron, al menos, 14 irregularidades procesales y administrativas. A continuación, las más relevantes:

• La calificación de méritos no se sujetó al puntaje establecido en la normativa.
• Se permitió que dos postulantes que no cumplieron con requisitos mínimos pasen a la siguiente fase.
• El 32% de los jueces designados en las renovaciones de 2014 y 2017 tuvo relación de dependencia con la Judicatura pese a la prohibición legal.

Concurso 2021

A inicios de 2021, el Consejo de la Judicatura lanzó una nueva convocatoria. En esta ocasión tenía previsto nombrar a 16 jueces nacionales, que actuarían en distintas salas.

Sin embargo, el proceso no tuvo el resultado esperado. Solo 11 candidatos alcanzaron las calificaciones necesarias. Por lo que quedaron vacantes sin llenar y se debía hacer un nuevo concurso para lograrlo.

Pero no solo la falta de postulantes generó problemas. El concurso, por ejemplo, tuvo casi un mes de retraso por problemas técnicos. Un recalentamiento en el data center de la Función Judicial provocó un apagón de ciertos equipos y servidores que almacenaban la información del concurso.