El Consejo de la Judicatura también está a la espera de un juicio político
Luego que la Procuraduría declarara improcedente el juicio político contra de los vocales el CNE, los siguientes en lista son tres vocales del Consejo de la Judicatura.
Fausto Murillo, presidente de la Judicatura, y los vocales Ruth Barreno y Juan José Morillo, durante una reunión, el 14 de abril de 2022.
Twitter / @CJudicaturaEc
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El pedido de juicio político en contra del Consejo de la Judicatura (CJ) fue presentado a inicios de 2022 por la bancada correísta y aceptado a trámite en febrero. Sin embargo, la Comisión de Fiscalización aún no ha iniciado el tratamiento.
Antes de eso, Fiscalización tenía otro pedido de juicio político en contra de los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Sin embargo, el procurador del Estado, Íñigo Salvador, aclaró que ese proceso no es procedente en este momento, ya que el país está en período electoral, pues en 2023 habrá elecciones seccionales, por lo que sus vocales no pueden ser procesados ni penal, ni políticamente.
Ante este pronunciamiento, la Comisión de Fiscalización empezará el trámite del juicio político a los vocales de la Judicatura.
El pedido apunta a tres autoridades en funciones: el presidente Fausto Murillo y los vocales Juan José Morillo y Ruth Barreno, así como a la expresidenta María del Carmen Maldonado.
Los legisladores Viviana Veloz y Fausto Jarrín, de Unión por la Esperanza (UNES), los señalan por un supuesto incumplimiento de funciones. Ellos observan el accionar de los funcionarios en el proceso de evaluación de jueces nacionales y los nombramientos de conjueces temporales y los magistrados definitivos.
Según la Ley de la Función Legislativa, la Comisión de Fiscalización deberá elaborar un informe en el que recomiende el archivo del juicio o la destitución y censura de los vocales. Y será el Pleno quien decida, finalmente, la suerte de los funcionarios.
Otro frente abierto
El venidero juicio político no es el único frente con el que debe lidiar el Consejo de la Judicatura. El organismo tiene también pendientes con la justicia y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
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Fallo contrario en el caso Saquicela
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Con base en dos denuncias ciudadanas por supuesta negligencia manifiesta, el Consejo de la Judicatura suspendió por 45 días a Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Sin embargo, el Pleno de la Corte descartó el cometimiento de esa falta, por lo que la Judicatura tuvo que reintegrar a Saquicela a su cargo. Pero, el caso no queda ahí. Mientras estuvo suspendido, Saquicela interpuso una acción de protección. En primera instancia ese recurso fue rechazado, pero el 7 de julio de 2022 la apelación favoreció al titular de la CNJ. El fallo incluye el pago de los valores que Saquicela no recibió mientras estuvo suspendido, que la Judicatura pida disculpas públicas y asuma el costo del tratamiento profesional que el presidente de la Corte requiera por el daño emocional.
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Audios comprometedores
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El otro frente de la Judicatura es en el plano judicial e incluye una investigación previa de la Fiscalía. Esta indagación se desprende de la filtración de audios que involucran a los vocales Juan José Morillo y Ruth Barreno. En la primera parte del audio filtrado, se escucha a quien sería el vocal Morillo, conversar con quien sería uno de los jueces a cargo de tramitar las acciones presentadas por Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea, antes de su destitución. En el diálogo, Morillo asegura que conversó el día anterior con el presidente Guillermo Lasso, quien le habría pedido su intervención a favor de Llori. Una segunda parte de esta misma grabación fue revelada por Teleamazonas pocos días después. En ella, Morillo dice que tiene el respaldo de Pachakutik en el juicio político contra la Judicatura, que está pendiente en la Asamblea.
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Presidencia cuestionada
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Tras la renuncia de María del Carmen Maldonado, actúa Fausto Murillo como presidente encargado del Consejo de la Judicatura. Aunque él no es vocal por la Corte Nacional, sino por la Asamblea Nacional. Maldonado renunció en febrero de 2022 y semanas después, Saquicela envió una terna al Cpccs para que se eligiera a su remplazo. Desde la presentación de esa terna, transcurrieron más de 80 días y el Cpccs no avanzó en la designación. Ante eso, Saquicela retiró la terna y denunció públicamente un intento de "meterle las manos a la justicia". El Cpccs ha justificado la demora en un aspecto legal. Según Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación, el nombramiento no puede avanzar, ya que está pendiente la resolución de un recurso presentado por Álvaro Román, quien reclama ese cargo.
Conformación y agenda complicada
En medio de los líos políticos y judiciales, la Judicatura tiene en sus manos el nombramiento de los nuevos jueces que tratarán los casos de corrupción y delincuencia organizada, incluyendo los de narcotráfico.
El concurso se retrasó por el paro nacional, pero se espera que para mediados de octubre los nuevos magistrados ya estén en funciones.
Entre el 6 y el 7 de julio de 2022, los 113 postulantes que siguen en carrera rindieron las pruebas psicológicas. Luego vendrá la fase de oposición con una prueba teórica y práctica.
Dentro de este concurso, el Pleno de la Judicatura tiene varias atribuciones. Por ejemplo, designar a los delegados para las recalificaciones y declarar a los ganadores y elegibles del proceso.
Santiago Peñaherrera, director del CJ, dice que el juicio político no amenaza ni afecta a este concurso, ya que el proceso lo lleva toda la institución y no depende únicamente del Pleno. Por lo que no genera preocupación internamente.
Sin embargo, una eventual destitución de Murillo, Morillo y Barreno pondría en más apuros a una Judicatura que ya tiene problemas de conformación.
De los cinco integrantes del Consejo de la Judicatura que fueron nombrados para el período 2019-2025, solo tres continúan en funciones. Justamente se trata de los tres señalados en la Asamblea.
Junto a ellos, fueron designados en enero de 2019, Patricia Esquetini y Carmen Maldonado. La primera renunció en junio de 2019, mientras que la segunda dimitió en febrero de 2022.
El puesto de Esquetini lo asumió Jorge Moreno, pero él también renunció en noviembre de 2020. Entonces, el Cpccs tuvo que hacer un concurso para elegir al nuevo vocal del Ejecutivo y nombró a Xavier Muñoz, quien está en funciones y no es objeto del pedido de juicio político.
El cargo de Maldonado, en cambio, no ha sido ocupado. Según la designación inicial, debería asumirlo Álvaro Román. Pero hay una disyuntiva legal sobre si Román, además de asumir la vocalía, también debería ser presidente.
Según los archivos del Cpccs, los suplentes de Murillo, Barreno y Morillo son Elcy Celi, Yolanda Yupangui y Jaime Veintimilla. Por lo que ellos deberían asumir en caso de que la Asamblea los cese.
Además, el Consejo de Participación debería empezar un concurso para nombrar nuevos suplentes. Esa responsabilidad se sumaría a la del reemplazo de Maldonado, que lleva cinco meses en espera.
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