El CNE arrastra un sistema de verificación de firmas lleno de fallas
El CNE capacitó a los miembros del colectivo Quinto Poder Somos Todos sobre la revisión de firmas.
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El informe final de la Contraloría sobre el sistema de verificación de firmas del Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó las irregularidades detectadas en el proceso.
Los resultados del examen tienen una consecuencia directa: complican las acciones del organismo que usará este mismo sistema para una iniciativa -y tal vez dos- de reforma constitucional.
En 2012, después del escándalo de las firmas falsas, el CNE contrató a la empresa Controles S.A. para la verificación de los adherentes a las organizaciones políticas.
El sistema ControlCap, desarrollado por esa compañía, se utiliza hasta la actualidad para esta tarea. Se usó también para la revisión de las firmas presentadas por Yasunidos, en su iniciativa de consulta popular.
La Contraloría, sin embargo, detectó una serie de irregularidades que hacen que la revisión no sea confiable.
El problema principal es que permite que la persona que está ingresando los datos sea quien, discrecionalmente, acepte una firma como válida así esta no coincida con el registro.
La Contraloría señala que el sistema no valida el número de cédula a través de su último dígito y no emite alertas sobre los errores de digitación en los números de cédula. Esto hizo que se acepten afiliados inexistentes.
Las futuras revisiones del firmas que le esperan al CNE
El CNE utiliza el sistema ControlCap revisar firmas en estos casos:
- Las organizaciones políticas nacionales (partidos y movimientos) deben presentar su registro de afiliados/adherentes, que no puede ser menor al 1,5% del padrón electoral.
- Consultas populares de iniciativa ciudadana, para lo cual se debe presentar las firmas de mínimo el 10% del padrón en el caso de iniciativas locales y el 5% en propuestas nacionales.
- Para la enmienda constitucional de uno o varios artículos de la Constitución, por iniciativa ciudadana, debe contar con el respaldo de, al menos, el 8% de las personas inscritas en el registro electoral.
- La reforma parcial de iniciativa ciudadana necesita el apoyo de, al menos, el 1% de personas en el padrón.
- La revocatoria de mandato debe respaldarse con, al menos, el 10% del padrón. Para el presidente, es necesario el 15% de los inscritos en el registro.
- Cuando los ciudadanos quieran presentar un proyecto de ley, deben contar con el apoyo de al menos el 0,25% de los ciudadanos en el padrón.
El CNE acabó, en agosto, de revisar las 60.000 firmas presentadas por el colectivo Quinto Poder Somos Todos, que impulsa la eliminación de la pensión vitalicia para los expresidentes.
Y, este sistema se deberá utilizar para revisar las firmas de las iniciativas de reforma constitucional que buscan eliminar el Consejo de Participación y que incluyen la recolección de firmas del 1% del padrón electoral.
De momento, hay una en camino, del movimiento Ahora 65. El CNE aún no ha entregado los formularios para la recabar las firmas, pero debe hacerlo en las próximas semanas.
Además, la Corte Constitucional tiene pendiente resolver una segunda iniciativa de reforma constitucional, presentada por el Comité de Reinstitucionalización Democrática.
En ambos casos, el requisito mínimo es presentar alrededor de 132.000 firmas, que el CNE debe verificar.
Pero esas no son las únicas firmas que el CNE deberá verificar. Las iniciativas de consulta popular en temas antimineros y antiextractivistas también esperan el pronunciamiento de la Corte Constitucional. En el caso de que sean aprobadas, sus líderes también deberán recoger firmas.
El CNE decidirá la suerte de cuatro organizaciones políticas
El informe de Contraloría determina que cuatro movimientos no cumplieron con el requisito 1,5% de adherentes. La revisión de esa institución determinó que hubo registros duplicados y sin firma, que no se debieron contabilizar.
Por esta razón, nunca se debió otorgar la personería jurídica a Fuerza Compromiso Social, Podemos, Justicia Social y Libertad es Pueblo.
La Contraloría recomendó al Pleno del CNE que realice acciones “tendientes a considerar y vigilar la situación legal” de estas organizaciones.
Antes de la publicación del informe, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, adelantó que la vía sería la eliminación de estas organizaciones del registro electoral.
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