Cuatro claves para entender el lío de Flopec y el juicio político a Lasso

Flopec fue creada el 26 de marzo de 1976, en asociación con una empresa japonesa. Y el 26 de abril de 1978 fue trasformada en empresa estatal, mediante decreto ejecutivo. Desde entonces, la compañía maneja el monopolio del transporte marítimo de hidrocarburos en Ecuador y actúa también en el Pacífico Sur, generalmente con alianzas comerciales con otras operadoras de buques, denominadas pools. Es decir, la flota estatal traslada desde Esmeraldas a su destino los hidrocarburos vendidos por Petroecuador a actores internacionales, como Petrochina, Unipec de China y PPT de Tailandia. Por ello, una de sus principales actividades económicas es el trasporte de petróleo crudo, especialmente hacia Estados Unidos, Panamá y Chile, y la importación de derivados (nafta, gasolinas y diésel). Y, para estas operaciones, la empresa pública utiliza principalmente buques de tipo Aframax (mayor carga) y Panamax (menor carga). Sin embargo, Flopec no tiene buques suficientes para satisfacer la demanda nacional, por lo que renta buques a terceros, y así poder a la vez participar en pools con otras empresas y conseguir, en teoría, más contratos y ganancias asociativas.

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Entre los negocios que lleva adelante Flopec, está un acuerdo comercial o pool firmado con la empresa Dragun USA LLP, en diciembre de 2018. Estos pools buscan que la rentabilidad de Flopec sea mejor, al reducir el tiempo en que los buques propios se movilizan vacíos. Además, le permitiría a la empresa obtener mejores condiciones de negociación para el transporte de hidrocarburos. Pero ese contrato tuvo una serie de modificaciones, la última en octubre de 2022. Uno de esos cambios fue una adenda firmada en marzo de 2020, ahí las partes bautizaron a la estructura, conformada por ambas empresas, como Amazonas Tanker Pool. Este acuerdo tenía por objetivo transportar el crudo ecuatoriano vendido a Petrochina. Inicialmente, Flopec aportó con dos buques Aframax, pero después se comprometió a entregar dos o tres buques adicionales, por el crecimiento del pool. Otra de las modificaciones, de diciembre de 2020, estableció unas cláusulas adicionales, especialmente:

1. Un plazo inicial de participación obligatorio de dos años.
2. Una cláusula de renovación automática.
3. Y el sometimiento a las leyes de Nueva York en caso de controversias.

El problema radica en las tarifas que Flopec recibía por transportar el crudo en sus buques Aframax y en las que pagaba, a su vez, por rentar los buques que le hacían falta para cumplir con las condiciones del pool Amazonas Tanker. Inicialmente, la Contraloría en un informe estableció que había una diferencia de USD 6,1 millones con lo que se habría ganado si Flopec usaba sus buques propios. La auditoría recoge el contrato firmado entre Flopec y la empresa Dragun USA LLP, en 2018, para la transportación y trading de barriles de crudo y la adenda de la creación de Amazonas Tanker Pool. Para cumplir las condiciones establecidas en la modalidad asociativa de ese negocio, Flopec contrató cinco buques tipo Aframax bajo la figura “time charter” (fletamiento a tiempo), por períodos de entre 1 y 3 años. Y las tarifas pactadas fueron fijas, sin considerar los cambios externos que podía tener el mercado. Aunque al inicio las tarifas bajaron, ocasionando pérdidas a la flota ecuatoriana, después subieron, como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania y otros factores coyunturales, generando una recuperación y hasta ganancias.

Las acusaciones y argumentos del juicio político contra el presidente Lasso han mutado constantemente. Lo único claro es que el objetivo es removerlo del cargo. Y la acusación de supuesto peculado, que fue la única que sobrevivió a duras penas la calificación de la Corte Constitucional, fue la definitiva. Los legisladores señalan a Lasso por una supuesta “estructura de corrupción que perjudicó las arcas estatales”. Y lo acusan por, presuntamente, haber permitido que se mantenga un contrato que perjudicaba al Estado, a través de Flopec. Se refieren al acuerdo comercial conocido como Amazonas Tanker Pool. El argumento inicial era que el Mandatario no hizo caso a las recomendaciones de terminar unilateralmente el contrato. Por lo que el Gobierno explicó las razones por las que no podían hacerlo. Una de ellas era que, la terminación anticipada llevaría al país a un arbitraje internacional, lo cual resultaba más riesgoso. Es por ello que el Estado terminó atado al contrato y sin una posibilidad de salida que no implique mayores pérdidas. Además, la defensa del presidente Lasso recuerda que el contrato, con las tarifas fijas, y las adendas modificadas, con las cláusulas controvertidas, fueron firmados durante la administración de Lenín Moreno. Sin embargo, en el transcurso de las primeras jornadas de comparecencia, en el proceso dentro de la Comisión de Fiscalización, los cuestionamientos de los legisladores proponentes continúan cambiando. Ahora se enfocan en la renovación del contrato.