CIDH concede medidas cautelares a Paola Pabón y Virgilio Hernández
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) concedió el viernes 6 de diciembre de 2019 medidas cautelares a la prefecta de Pichincha, Paola Pabón.
La Fiscalía acusó a la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, del delito de rebelión, actualmente ella cumple prisión preventiva.
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Noticia actualizada a las 18:25 del 6 de diciembre de 2019 con las reacciones de la defensa.
Las medidas cautelares incluyen también al exasambleísta Virgilio Hernández y a Christian González, detenidos también tras las protestas sociales de octubre pasado.
Así lo informó el abogado defensor, Ramiro Aguilar, en su cuenta de Twitter.
La CIDH, dice en su resolución, que el asunto reúne los "requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad", por consecuencia solicita a Ecuador que "adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal" de Pabón, Hernández y González.
Además solicita a Ecuador que "concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes", además que "informe las acciones implementadas tendientes a investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de esta medida cautelar, para evitar su repetición".
Además, solicita al Gobierno que informe a la CIDH en los próximos 15 días sobre la adopción de las medidas cautelares y actualizar dicha información periódicamente.
La funcionaria cumple prisión preventiva por el presunto delito de rebelión, desde el 14 de octubre de 2019.
En el punto 34 de la Resolución 58/2019, la CIDH se refiere al principio de irreparabilidad y "hace un llamado al Estado a fin de que (...) se respete integralmente los derechos políticos de aquellas personas elegidas mediante el voto popular", en referencia a la prefecta Pabón.
Según el abogado Ramiro Aguilar, quien ofreció una rueda de prensa para tratar este tema, el lunes próximo la defensa de Pabón, Hernández y González buscará reunirse con representantes del Estado para acordar esas medidas que permitan garantizar los derechos a la vida e integridad, que solicita la Comisión.
A criterio de Aguilar, "no hay otra forma de garantizar su vida e integridad que la libertad".
Puede ver la resolución completa aquí:
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