La justicia retomó el caso Nene, para vincular a un asesor de la vicepresidenta Verónica Abad, después de que la Asamblea no autorizó que ella fuese procesada.
En modalidad telemática se realizó la tarde de este jueves, 20 de junio de 2024, la audiencia de vinculación de Daniel Lenin Redrován a la instrucción fiscal por presunta oferta de tráfico de influencias en el caso Nene.
En esta diligencia, una Jueza Anticorrupción de Quito dispuso que Redrován se presente una vez por semana ante el Fiscal que lleva la causa y le prohibió la salida del país, informó la Fiscalía. La instrucción fiscal se extenderá por 30 días más.
La diligencia se dio menos de una semana después de que la Asamblea Nacional negara el procesamiento penal de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por supuesta concusión.
En esta causa, la Fiscalía ya procesa a Francisco Sebastián Barreiro, hijo de la segunda mandataria, a quien se lo investiga por la presunta venta de puestos en la Vicepresidencia.
El vínculo entre Abad y Redrován Daniel Redrován fue identificado como el supuesto asesor de Abad por el denunciante del caso Nene, Rommel P., sin embargo, él no desempeñaba funciones oficiales en la Vicepresidencia.
Pero PRIMICIAS conoció que Redrován sí ha sido parte del equipo político de Abad, incluso desde su candidatura a la Alcaldía de Cuenca, en las elecciones de 2023.
En una entrevista con PRIMICIAS, Rommel P. aseguró que se reunió con Daniel Redrován y con Sebastián Barreiro, quienes le habrían exigido el pago de USD 2.000 mensuales de su sueldo, a cambio de estabilidad laboral.
Los motivos para nueva vinculación
El Fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción informó que la investigación inició tras una denuncia ciudadana presentada en la Institución, que señala que la víctima habría accedido a un puesto de trabajo en la Vicepresidencia de la República, a cambio de entregar una parte de su sueldo.
Los indicios determinan que la noche del 8 de diciembre de 2023, el perjudicado se habría reunido con Francisco Sebastián B. A. y Daniel Lenin R. en un hotel de Quito. Ambos le habrían ofrecido el cargo de Coordinador General de Comunicación, con un sueldo de USD 3.200. No obstante, debía entregarles USD 1.700.
Para garantizar este pago, al denunciante firmó una letra de cambio por USD 30.600, que sería utilizado como respaldo del monto total que debía ser cancelado en el periodo de un año.
En la audiencia de formulación de cargos, Fiscalía presentó como elementos de convicción:
- La versión del denunciante
- El informe de vigilancias y seguimientos
- El informe que certifica que las voces en los audios de las conversaciones mantenidas entre la víctima y los procesados corresponden a Daniel R. y Francisco B.
- El informe de reconocimiento del lugar de los hechos
- La inspección ocular técnica y la certificación que determinó que la víctima sí estuvo como funcionario de la Vicepresidencia de la República.
Además, se expusieron certificaciones de que Daniel R. se hospedó en el hotel donde ocurrió la reunión y versiones que evidencian que Daniel R. no era funcionario de la Vicepresidencia de la República, sino que era presentado como “asesor político” y “canal de comunicación” de la Vicepresidenta, pero que no es parte de la nómina de la entidad, entre otros elementos, informó la Fiscalía.
La oferta de realizar tráfico de influencias está tipificada en el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
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