Caso Metástasis, el polémico último nombre de los procesos de la Fiscalía
El presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y otros 28 detenidos forman parte del mayor operativo contra el narcotráfico y la corrupción, realizado en Ecuador. La Fiscalía lo bautizó como caso Metástasis y no es accidente.
El expresidente Rafael Correa en una imagen de archivo, de octubre de 2019.
AFP
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Lo llaman el Caso Metástasis y no es accidente. En un video, publicado en redes sociales, la fiscal Diana Salazar se refiere al mayor operativo contra la corrupción en 2023, y da luces sobre por qué lo bautizaron así.
"Este caso, que investiga un presunto delito de delincuencia organizada, evidencia la profunda descomposición institucional que campea en el país", dice Salazar, en un símil a lo que provocan las células cancerosas cuando se diseminan en el organismo.
Médicamente, el término metástasis implica que el tumor canceroso se ha propagado a una o varias partes del cuerpo distintas de donde comenzó.
Y para Salazar, esta estructura criminal se ha tomado las instituciones del Estado, gracias a la intervención de jueces y funcionarios que "estaban consumidos por el cáncer de la corrupción".
Tras los allanamientos y detenciones, hay ciudadanos que reaccionaron en redes sociales y en contra del nombre escogido para este proceso. como, por ejemplo, familiares de pacientes con cáncer, que dijeron que al usar estos términos médicos para referirse al proceso judicial se irrespeta el dolor de las víctimas del cáncer.
Lo cierto es que no es el primer nombre 'inusual' que ha escogido la Fiscalía, con Diana Salazar a la cabeza, para los casos contra el crimen organizado.
PRIMICIAS hace un repaso de alguno de estos:
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Caso Encuentro
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En enero de 2023, en pleno gobierno de Guillermo Lasso, la Fiscalía inició una investigación previa sobre una presunta red de corrupción en el sector público. Y lo llamó 'Caso Encuentro', pese al rechazo de la propia administración de Lasso, que había denominado a su gestión como el 'Gobierno del Encuentro'. En este proceso, la fiscal Salazar incluyó como parte de los investigados al cuñado del expresidente, Danilo Carrera, y otros funcionarios de alto perfil. Al momento, sobre Carrera pesa una orden de arresto domiciliario y prisión preventiva para otros tres involucrados. En octubre de 2023, una fuente de la Fiscalía reveló a PRIMICIAS que el nombre escogido no tenía relación con el eslogan del Gobierno, sino que el nombre se eligió porque esta trama de corrupción sería el punto de encuentro de los tres últimos gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso.
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Las Torres
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El proceso se originó en Estados Unidos, cuando en 2019, Raúl De la Torre y Roberto Barrera fueron detenidos en ese país y sentenciados por lavado de activos. El nombre de caso Las Torres se desprende del apellido del primero de ellos. Ambos colaboraron con la justicia estadounidense y recibieron una condena reducida. Según sus delaciones, De la Torre y Barrera actuaban como emisarios de Petroecuador para gestionar y cobrar sobornos a contratistas de Petroecuador. A cambio de esos dineros, se asignaban contratos y se agilizaban los pagos de facturas En febrero de 2023, un tribunal de la Corte Nacional dicta sentencia contra 11 procesados, incluyendo el excontralor Pablo Celi, condenado a 13 años en calidad de autor de la estructura criminal.
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De Arroz Verde a Sobornos
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El caso Sobornos, que condenó a ocho años de cárcel al expresidente Rafael Correa por el delito de cohecho, primero se llamó 'Arroz Verde'. Fue bautizado así por el nombre del archivo en el que constaban nexos, códigos y posiciones de la trama de corrupción al interior del movimiento correísta. Pero en 2019, la Fiscalía le modificó el nombre, porque según dijo Salazar en su momento, "a partir de ahora lo manejamos como nuestra propia investigación". Además de Correa, por el Caso Sobornos hay otros 19 condenados, incluyendo el exvicepresidente Jorge Glas, quien salió de la cárcel tras beneficios penitenciarios. La investigación de la Fiscalía logró probar que al interior del gobierno de Correa se montó una estructura delictiva, que cobraba sobornos a empresas privadas a cambio de contratos con el Estado, para financiar actividades políticas de Alianza PAIS.
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