Carmen Corral: Hay el compromiso de los jueces de seguir adelante con cero corrupción

La renovación parcial de la Corte Constitucional cerró los primeros tres años de la institución, en los que sus integrantes trabajaron para, entre otras cosas, recuperar su imagen ante la ciudadanía.

Los nueve jueces (tres de los cuales ya fueron reemplazados) fueron posesionados tras el cese de la llamada 'Corte Cervecera', a manos del Consejo de Participación Transitorio.

Para este nuevo período, Carmen Corral fue electa como vicepresidenta. Ella conversó con PRIMICIAS sobre el trabajo de la Corte en la primera fase que se cerró, y los retos que vienen para adelante.

La Corte Constitucional cerró tres años en los que da la impresión de que la gente ha aumentado la confianza en la institución. Vemos, por ejemplo, que constantemente recurren más a la Corte para la resolución de casos especialmente polémicos. ¿Cuál es su balance?

El compromiso que se asumió en 2019 fue total para una transformación de la institucionalidad de la Corte, comenzando por cómo se llevaban antes los archivos de los expedientes, cómo se llevaban el sorteo, las decisiones... Realmente es un cambio radical a una automatización digital, que permite la transparencia y la celeridad; a un compromiso de estudio profundo de cada una de las sentencias, para obtener pronunciamientos de calidad; a un actuar de manera independiente y no a través de llamadas telefónicas, que se conocía era el proceder de la Corte anterior.

Yo sí siento que esa transformación se ha dado y es un compromiso de los de los nueve jueces de esta nueva conformación seguir adelante con esos pilares, que son la celeridad, las sentencias de calidad, cero corrupción y transparencia.

Sin embargo, hay un alto número de causas que están recibiendo y que están creando congestión. Esto va conectado con esta buena impresión de la Corte con la ciudadanía, pero también les complica el trabajo. ¿Cómo balancearlo?

Es realmente un problema y es uno de los grandes retos que afronta esta composición de la Corte. Para dar un ejemplo, en 2021 se recibieron 8.933 causas y para nueve jueces asumir esa cantidad enorme de causas -más todo lo que está rezagado y que hemos atendido en orden cronológico- ha sido un trabajo incansable, de fines de semana, de sacrificios personales.

Humanamente, es casi imposible estar al día con ese número de causas rezagadas y con las nuevas que ingresan.

La anterior vicepresidenta de la Corte, la jueza a Daniela Salazar, hizo un exhorto a los abogados para que tomen conciencia de que la acción extraordinaria de protección, que es la mayoritaria, es extraordinaria precisamente. Es decir, (interponerla) solo cuando ha habido una violación de derechos constitucionales en el procedimiento.

La Corte, por su parte, ha fijado los parámetros de admisión. Pero tal vez deberíamos ser más estrictos en esos parámetros porque el ingreso de causas es numeroso.

También se debe pensar, a mi modo de ver, en una reforma legal, inclusive constitucional. Hay que analizar, en el corto plazo, todas estas opciones porque los casos que realmente necesitan atención se pueden diluir en la cantidad de causas que ingresa.

Pero, ¿esto no evidencia más bien un problema de la justicia ordinaria? Porque las acciones extraordinarias de protección generalmente alegan vulneración al debido proceso o a la seguridad jurídica.

La justicia ordinaria también debe afianzarse. Es un tema de consolidar una justicia, tanto ordinaria como constitucional, que sea independiente, profesional, técnica, que haga su trabajo.

Sí, se ven muchas falencias de la justicia ordinaria, debería existir ahí el compromiso de los jueces de lograr una justicia apegada al derecho y a la Constitución.

Lo que parecería a veces es que la justicia no cumple, y por lo tanto se ve la necesidad de recurrir hacia la Corte Constitucional. Por ejemplo, el problema que hubo entre Jorge Yunda y Santiago Guarderas. Y ahora parece que se viene el de los dos presidentes del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Debería ser ese es el papel de la Corte?

No debería ser el papel de la Corte, en mi opinión, porque ahí se puede avizorar un abuso del derecho. Las acciones jurisdiccionales son para garantizar los derechos que están en la Constitución y no para mediar ni solucionar conflictos políticos.

Uno de los temas que causó polémica son los de los estados de excepción durante la pandemia. La Corte se vio entonces envuelta en una especie de pugna con el Ejecutivo. ¿Es sano eso?

Los temas sensibles siempre van a generar visiones diferentes. En las crisis que vivimos por los

estados de excepción, tal vez hubo insatisfacción en el Ejecutivo, tanto del expresidente Lenín Moreno como del presidente Guillermo Lasso, frente a las decisiones de la Corte.

Pero nosotros, como jueces, no somos actores políticos. Nosotros cumplimos la misión que está en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías.

El análisis que se hace es contrarrestar con la Constitución, entonces no siempre van a ser decisiones que sean satisfactorias para el Gobierno de turno. La misión de la Corte es abstraerse de esa coyuntura y hacer su papel, que es garantizar los derechos.

Por supuesto que tampoco podemos desentendernos de la realidad, y eso es algo muy importante. Los jueces también tenemos que estar conectados con la realidad que vive el país y, de esta manera, ser sensibles.

Sobre este mismo tema de la pandemia, la Corte ordenó que se creara una ley para gestionarla. Esta fue entregada en la Asamblea por Lenín Moreno, y luego retirada por el actual Gobierno. ¿Qué pasa ahí con el dictamen?

Las sentencias de la Corte Constitucional son de obligatorio cumplimiento. Tenemos un área específica, la Secretaría Técnica jurisdiccional, que es la encargada de hacer este seguimiento de las disposiciones que se dan en las sentencias.

Este tema será objeto de seguimiento y de evaluación, a ver si en realidad hay un incumplimiento y si a la Corte le toca emitir un auto de seguimiento. Ese tema será materia de análisis, seguramente de esta composición de la Corte.

La Corte es muy respetuosa de las otras instituciones, del Ejecutivo y del Legislativo. Pero ellos tienen que hacer su labor, tienen que cumplir su misión. Entonces nosotros, en su momento, haremos esa evaluación.

También hay que recalcar que el incumplimiento de las sentencias de la Corte puede traer la destitución de los cargos, pero ese es un tema que pasa por un proceso.

Ahora, sobre el aborto en casos de violación, aprobado por la Asamblea esta semana, ya se anuncian demandas de inconstitucionalidad o de requerir el seguimiento de la Corte de su sentencia. Es decir, parece que el tema no se ha zanjado aún. ¿Cuál debe ser ahí el papel de la Corte?

Como el tema del aborto en casos de violación va a volver a la Corte, no puedo adelantar criterios.

El tema puede volver a la Corte por varias vías: un veto por inconstitucional de parte del

Presidente, y puede haber demandas de inconstitucionalidad. No podría adelantar de ninguna manera el criterio respecto a ese tema, que es muy complejo y delicado.

En los últimos tres años, se hablaba de una mayoría y una minoría dentro de la Corte, de jueces conservadores y progresistas ¿esto era así?

De las 2.874 sentencias que sacamos como conformación anterior, el 92% salió por unanimidad. Respecto al 8% restante, es natural y lógico que en un organismo colegiado van a haber discrepancias y miradas diferentes del derecho que generan debate.

Los temas más polémicos fueron en los que existió voto de mayoría y voto de minoría, pero eso es algo natural en un organismo como una Corte Constitucional. El tema de que haya miradas diferentes y de que se desarrollen votos salvados es sano y natural.

Pero, algo importante de recalcar es que había mayorías diferentes de acuerdo con el tema. Cada juez hace su análisis, su estudio, su investigación del caso, contrarresta con la Constitución y toma una posición. Eso se hace con un debate a la altura, con respeto.

Luego de que se toma la decisión, se da la vuelta a la página y se sigue adelante. Las decisiones polémicas nos han enfrentado de manera respetuosa, a veces acalorada, pero respetuosa. Luego hemos seguido adelante con los miles de causas que hay.

A mí no me gusta calificar de progresista o de conservador; creo que cada tema es trascendental para el país y la responsabilidad de los jueces es hacer ese análisis serio.

De ahora en adelante, ¿cuáles serán sus prioridades como vicepresidenta?

Las funciones de la Vicepresidencia son las que el presidente de la Corte le delegue. Tenemos pendiente una conversación con el doctor Alí Lozada, quien es el (nuevo) presidente de la Corte, para definir cómo le puedo apoyar.

Pero, también hay el compromiso de los otros siete jueces para apoyar en la gestión. Tenemos un objetivo que es afianzar la institucionalidad de la Corte Constitucional, y cumplir con la función jurisdiccional, que es garantizar los derechos establecidos en la Constitución. En ese sentido, el objetivo es tratar de avanzar con la mayor cantidad de causas que podamos.

Necesitamos afianzar la Corte como una institución que permanezca en el tiempo. Yo siempre he dicho las personas somos pasajeras y Ecuador se merece una institución que permanezca en el tiempo.

¿Cuál es el reto?

Los retos son grandes porque, aparte del número de causas, los temas que llegan a la Corte son muy complicados, muy delicados, tienen mucha incidencia en el país, en la democracia, en los derechos de las personas.

Ese afianzamiento también debe verse en la calidad de las sentencias y en sacar sentencias apegadas a la Constitución y a derecho; también es un reto importante, que lo vamos a vivir cuando empecemos a los plenos con la nueva conformación.

Los tres nuevos jueces son personas profesionales muy capaces y creo que con ellos se logrará también ese objetivo.

Finalmente, de cara a los próximos años de gestión de la Corte, ¿cuáles serán los temas de prioridad?

Tenemos que seguir atendiendo los casos en orden cronológico. En acciones extraordinarias de protección, estamos en 2017, a pesar del trabajo tan duro que se ha desarrollado.

Entonces, vamos a continuar con ese orden cronológico para que las personas que están esperando tanto tiempo tengan su sentencia y su respuesta.

Aun así, hay criterios de priorización que son estrictos y que los aprueba el Pleno. Habrá que ver de acuerdo a la temática, qué casos se pueden priorizar, justamente por lo que decía que nosotros también debemos ser sensibles a las necesidades del país y de la ciudadanía.

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