'Capaya' y WorleyParsons, otros beneficiarios del desvanecimiento de glosas

Las red de corrupción -que presuntamente operó en Petroecuador, la Contraloría y en la Presidencia de la República- es más grande lo que parece. Las investigaciones de la Fiscalía, en torno al caso Las Torres, arrojan más detalles, montos, pagos y nombres de supuestos involucrados.

21 días después de que se abrió la instrucción fiscal, el expediente ya tiene más de 100 cuerpos. Es decir, hay miles de hojas y documentos que alimentan la hipótesis de la Fiscalía.

Esa red de corrupción se dedicó, según la tesis fiscal, a cobrar sobornos a contratistas del Estado a cambio del pago de planillas atrasadas y del desvanecimiento de glosas establecidas tras las auditorías de la Contraloría.

El pago de sobornos en Petroecuador no es algo nuevo. El mismo expediente detalla que esa fue una práctica común, realizada por las autoridades de turno de la empresa estatal, entre 2012 y 2019. Es decir durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno.

Pero, la supresión de glosas, aunque había sospechas, es la primera vez que llega al ámbito judicial.

La Fiscalía ya tiene documentos y declaraciones sobre el mecanismo que habría funcionado en la entidad para el desvanecimiento de las glosas. Estas son sanciones económicas impuestas a funcionarios y contratistas cuando la auditoría detecta perjuicios para el Estado.

Por ahora, la Fiscalía ha hablado de la empresa Nolimit, proveedora de Petroecuador. Sus dueños habrían pagado sobornos a cambio del desvanecimiento de cinco glosas por USD 13 millones. Pero, esa empresa al parecer no es la única beneficiaria de esos movimientos.

La información llegó por correo

Aunque las glosas se determinaron y se desvanecieron en Ecuador, fue la justicia de Estados Unidos la que encontró las primeras pistas de la corrupción.

El Departamento de Justicia de ese país procesó y sentenció por lavado de activos a Raúl de la Torre, sobrino del contralor Pablo Celi y asesor de Petroecuador. Celi está procesado por el caso Las Torres y está detenido en la Cárcel 4 de Quito.

En medio del juicio de De la Torre, los investigadores estadounidenses recopilaron documentos, contratos, pagos, grabaciones y más pruebas sobre esta trama.

La Fiscalía ecuatoriana solicitó esa información bajo la figura de asistencia penal internacional. Los primeros datos llegaron a finales de 2020. Posteriormente, el Ministerio Público solicitó un alcance de la información.

El 9 de febrero de 2021, Angela George, funcionaria del Departamento de Justicia, notificó a la Fiscalía que había enviado por correo una unidad de almacenamiento USB con toda la información del caso.

Según el correo electrónico de George, la memoria USB contenía registros bancarios, registros corporativos, registros inmobiliarios, declaraciones de los testigos, contratos, resoluciones de la Contraloría ecuatoriana, fotos del dinero, recibos y grabaciones.

La Fiscalía recibió el dispositivo, lo ingresó a cadena de custodia y solicitó a la justicia su materialización. Finalmente, el 4 de marzo de 2021 se dio la audiencia privada de exhibición de la evidencia.

Los documentos se materializaron y hoy forman parte de las decenas de carpetas que analiza la Fiscalía.

WorleyParsons a escena

Entre los documentos que llegaron desde Estados Unidos, hay exámenes y resoluciones de la Contraloría ecuatoriana.

Entre ellos figuran las resoluciones del desvanecimiento de glosas que fueron firmadas por los subcontralores encargados Luis Miño y Nelson Dueñas. En las versiones que ambos dieron a la Fiscalía aseguraron que recibieron órdenes verbales de Pablo Celi, contralor general del Estado, para firmar esos documentos.

Esas resoluciones evidencian, entre otras cosas, que no solo Nolimit se benefició de esos movimientos ilegales.

Unas de estas glosas, por USD 5,7 millones, se estableció por el contrato R20122048 suscrito por la empresa Nolimit y Petroecuador, en 2012.

Ese contrato fue firmado por Carlos Pareja Yannuzzelli (Capaya), quien en esa época era gerente de la Unidad de Negocios de Refinación de Petroecuador, y Fernando De la Paz, gerente de Nolimit, quien representaba en Ecuador a la empresa japonesa-alemana especialista en sellos EagleBurgmann.

El contrato era para la modernización del sistema de sellado, planes API, renovación y up grade de bombas, ejecución de servicios complementarios en Refinería de Esmeraldas.

Inicialmente, la Contraloría había establecido tres glosas por un total de USD 5,7 millones contra:

• Diego Rovere, intendente de Mantenimiento de la Refinería de Esmeraldas y administrador del contrato. Se lo responsabilizaba por no haber vigilado que Nolimit cumpliera con el cronograma de ejecución de las obras.
• WorleyParsons, la empresa fiscalizadora de la obra porque no comunicó al administrador del contrato los retrasos injustificados en la entrega de los equipos rotativos, sellos mecánicos, entre otros.
• Nolimit por los incumplimientos en el cronograma.

El 19 de septiembre de 2018, Luis Miño -por orden verbal de Pablo Celi, según dijo en su versión ante la Fiscalía- firmó el desvanecimiento de esas glosas por cuanto "no se pueden aplicar multas en base a (sic) un cronograma que no fue previsto contractualmente".

'Capaya' también se salvó

Otras glosas desvanecidas fueron por USD 1,9 millones. Se referían al contrato 2013024.

En ese caso también estaban dirigidas contra Rovere, WorleyParsons y Nolimit. Se los señalaba por haber modificado el contrato sin el proceso y documentación de ley. Pero, el 11 de septiembre de 2018, Miño también firmó el desvanecimiento.

Ese mismo 11 de septiembre, Miño había firmado otro desvanecimiento de glosas relacionado con Nolimit. Se trata de la sanción por USD 1,3 millones, referente al contrato RGER-2014054 por USD 44 millones para trabajos en la Refinería de Esmeraldas.

En ese caso, los sancionados eran Samuel Vernaza, funcionario de Petroecuador asignado a la Refinería de Esmeraldas. La Contraloría lo señaló, inicialmente, por no gestionar la aplicación de multas en contra de Nolimit por los incumplimientos del cronograma para la entrega de las bombas.

Y, la entidad de control también glosó a Pareja Yannuzzelli, quien entonces se desempeñaba como gerente de Refinación de Petroecuador. Y, según la Contraloría, autorizó los informes del administrador con la modificación de las fechas de entrega.

Pero, al igual que en los otros casos, Miño desvaneció las glosas.

WorleyParsons: un viejo conocido de la corrupción

El nombre de Carlos Pareja Yannuzzelli es común en los casos de corrupción del sector petrolero ecuatoriano. Actualmente, el exfuncionario está detenido en la Cárcel de Ambato y acumula penas por casi 40 años.

WorleyParsons tampoco es ajena a estos problemas. La empresa multinacional de origen australiano recibió un contrato de Petroecuador por más de USD 140 millones, para la supervisión y gestión del fallido programa de rehabilitación de la Refinería de Esmeradlas.

Worley está vinculada con el Grupo Azul. Una de las entidades que forman parte de ese Grupo, Tecniazul, era socia directa de WorleyParsons.

En 2016, la revelación de los Panama Papers, detalló que las empresas del Grupo Azul hicieron pagos irregulares al exgerente de Petroecuador, Álex Bravo, a través de empresas domiciliadas en Panamá.

Además, Marco Prado, exprocurador de Petroecuador, declaró en Estados Unidos que WorleyParson y Tecnoazul recomendaron la contratación de la empresa MMR Group en junio de 2014, por parte de Petroecuador.

Y la Fiscalía ecuatoriana, en medio del juicio de Álex Bravo en 2016, reveló que tanto MMR Group y Nolimit estaban vinculadas con la familia de Bravo y que recibieron cerca de 140 contratos millonarios de Petroecuador

Detrás de WorleyParsons y del Grupo Azul está William Wallace Phillips Cooper. El empresario es uno de los 20 sentenciados a ocho años de cárcel, por cohecho, en el caso Sobornos 2012-2016.

En ese caso, además de Phillips fueron sentenciados, entre otros, Rafael Correa, Jorge Glas, Alexis Mera y Vinicio Alvarado. Se juzgó una estructura que exigió sobornos a empresarios privados a cambio de contratos con el Estado.

Además, Mónica Hernández, esposa de Phillips, fue asesora del expresidente del Correa y dirigió el Plan Familia. Esa fue una iniciativa del gobierno de Correa para la formación de los menores en cuanto a la afectividad y la sexualidad.

También le puede interesar: