Oficialismo ve un intento por debilitar postura frente a México, tras calificación de juicio político contra la canciller, Gabriela Sommerfeld, en Comisión de Fiscalización.
Con cinco votos a favor, del correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC), la Comisión de Fiscalización calificó este martes, 2 de julio de 2024, el pedido de juicio político en contra de Gabriela Sommerfeld, canciller de Ecuador.
"La calificación de un juicio político es un trámite legal formal para garantizar el debido proceso, el fondo del juicio político lo tramita la Comisión como instancia de sustanciación, y como instancia de resolución el Pleno de la Asamblea", informó un comunicado de esta instancia.
El juicio político contra Sommerfeld, por supuesto incumplimiento de funciones, es impulsado por la correísta Jahaira Urresta, tras la incursión policial en la Embajada de México, el 5 de abril pasado, donde fue arrestado el exvicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción.
La jefa de la bancada oficialista Valentina Centeno manifestó que este juicio político contra la Canciller intenta debilitar la posición de Ecuador en la demanda que presentó México contra el país por lo ocurrido en la Embajada.
"No podemos permitir que un grupo de asambleístas que, a nuestro criterio, estarían actuando con una visión antipatria, poniendo al Ecuador en una posición en desventaja con México ante la comunidad internacional", dijo la asambleísta Centeno a radio Quito.
Centeno espera que estas actuaciones de la Asamblea "no abra la puerta" para posibles repercusiones contra el Ecuador. "Vamos a sostener siempre que se debe defender la soberanía nacional y que nuestros ministros, incluyendo la Canciller, han tomado las decisiones correctas para salvar a nuestro país de la lucha contra el narcoterrorismo, la delincuencia organizada y la impunidad", enfatizó.
Por su parte, la Comisión informó que hoy mismo notificará a Sommerfeld y a Urresta para que en el plazo de 15 días presenten sus pruebas de cargo y de descargo. Previamente, el correísmo y el PSC archivaron otros tres juicios políticos contra exfuncionarios del Gobierno de Guillermo Lasso.
Una eventual censura y destitución de la Canciller en el Pleno de la Asamblea requiere de, al menos, 92 votos entre las 137 curules.
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