CAL califica proyecto de ley de seguridad enviado por Lasso
La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral revisará la propuesta del Gobierno, para fortalecer el rol de la fuerza pública frente a la ola de inseguridad en el país.
El CAL, en reunión virtual, calificó el 7 de febrero de 2022, el proyecto de ley de Seguridad, enviado por el Ejecutivo.
Asamblea Nacional
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El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el proyecto de ley de seguridad, enviado por el presidente Guillermo Lasso; y otras cuatro propuestas de iniciativa legislativa.
Con seis votos a favor, la instancia legislativa decidió remitir a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública, de iniciativa gubernamental.
El proyecto de ley de seguridad del Ejecutivo busca regular el uso de la fuerza por parte del Estado y de la fuerza pública.
Los ministros de Gobierno, Alexandra Vela; y de Defensa, Luis Hernández, insisten en el rol clave de las Fuerzas Armadas en el combate contra la inseguridad en el país.
Otros proyectos de ley
El CAL también calificó cuatro proyectos más. La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social se encargará de tramitar el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana para la Gestión Democrática de los Presupuestos Participativos, propuesto por la asambleísta Patricia Sánchez.
Mientras, la mesa legislativa de Educación analizará el proyecto de Ley del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, planteado por la parlamentaria Pamela Aguirre.
La Comisión de Régimen Económico tramitará el proyecto de Ley de la Defensoría del Cliente, de autoría del asambleísta Ramiro Narváez.
Y la Comisión de Justicia analizará el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, del asambleísta Xavier Jurado.
Además, el CAL resolvió que la Unidad de Técnica Legislativa presente en tres días un informe técnico para saber si cumple con los requisitos el pedido de juicio político contra la expresidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado; y sus vocales, propuesto por los asambleístas Viviana Veloz y Fausto Jarrín.
Todos los proyectos cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
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