Caso Bella Jiménez asesta nuevo golpe a una Asamblea polémica
La segunda vicepresidenta de la Asamblea deberá enfrentar una investigación interna por las denuncias de gestión de cargos públicos. La credibilidad de los legisladores va a la baja.
La asambleísta Bella Jiménez, en una sesión del Pleno el pasado 11 de junio de 2021.
AN
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La Asamblea cumplió 100 días de gestión envuelta en nuevas polémicas que golpean su imagen.
Aunque los nuevos legisladores llegaron en mayo con la idea de recuperar credibilidad en el órgano legislativo, los escándalos y polémicas internas en estos tres meses los acercan más a sus predecesores: que terminaron el período con 7,6% de aprobación.
Los 100 primeros días fueron motivo de congratulación interna. En un comunicado, el Legislativo destacó que se han tramitado 11 proyectos de ley y se han aprobado 31 en el Consejo de la Administración Legislativa. Esto significaría un avance en la ambiciosa agenda legislativa fijada por todas las bancadas para el primer año de trabajo.
Pero más allá de estos números, los 100 días han estado marcados por polémicas que terminan golpeando la imagen de la Asamblea Nacional: empezando por las dificultades para nombrar a sus autoridades, hasta el último escándalo protagonizado por su segunda vicepresidenta, Bella Jiménez.
Según la última encuesta de Cedatos, al 5 de agosto de 2021, la aprobación y la credibilidad de la Asamblea registra una fuerte baja. Esto, después del buen resultado que obtuvo a los pocos días de ser posesionada.
Las pruebas contra Bella Jiménez
Los señalamientos en contra de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez (ex Izquierda Democrática), no son nuevos en el Palacio Legislativo.
Similares acusaciones surgieron en el anterior período, con los casos llamados 'diezmos', que terminaron con la destitución de dos asambleístas: Ana Galarza (Creo) y Norma Vallejo (Alianza PAIS).
En esta ocasión, las imputaciones contra Jiménez se dan por supuestamente haber cobrado a dos personas para que ingresen a trabajar en su despacho: un asesor y un asistente.
Ambos casos, aunque similares, tienen distintas fuentes: el caso del asesor fue denunciado por el asambleísta Fernando Villavicencio (independiente) y el de la asistente, por Victoria Desintonio (UNES).
El caso que impulsa Villavicencio apareció en el portal La Historia. Según la denuncia, un hombre hizo una transferencia de USD 3.000 al hijo de Jiménez para asegurarse el cargo de asesor 2 en el despacho de la legisladora. Pero la contratación nunca se concretó.
La denuncia de la bancada correísta tiene las mismas características. Una mujer habría entregado un cheque por USD 2.500 a Jiménez para ser contratada en el cargo de asistente de la legisladora.
El cheque, según Desintonio, habría sido cobrado por el hermano de Jiménez. La contratación en este caso sí se concretó, aunque la funcionaria fue desvinculada en poco tiempo.
Jiménez se defiende acusando a sus asesores de que han "abusado" de su confianza y "mal utilizando" sus equipos de comunicación personal.
Un proceso que puede terminar en destitución
El Comité de Ética de la Asamblea puede investigar a los asambleístas cuando han incurrido en una de las prohibiciones legales. Entre ellas está el gestionar nombramientos de cargos públicos.
Para esto, un asambleísta debe denunciar a otro y presentar su escrito con el respaldo las firmas del 10% de la Asamblea (14 firmas). Ya hay tres de estas denuncias contra Jiménez y si el Consejo de Administración Legislativa (CAL) las califica, esta pasarán al Comité de Ética.
Este organismo está conformado por cinco legisladores, de distintas bancadas. Actualmente está integrado por:
- José Chimbo (presidente), de Pachakutik.
- Marjorie Chávez, del PSC.
- Dalton Bacigalupo, de la ID.
- Luis González, de UNES.
- Freddy Rojas, de la BAN.
El Comité debe llevar a cabo un proceso similar al de un juicio político, con pruebas de cargo y descargo, en el que Jiménez tendrá derecho a su defensa.
Si, según el Comité de Ética, el legislador denunciado incurrió en una de esas prohibiciones, el proceso pasa al Pleno de la Asamblea. Allí, para su destitución se necesitan 91 votos.
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