Pacto PSC-correísmo y ADN enfrenta el reto de sobrevivir más de un día
Las tres bancadas han anunciado un acuerdo legislativo para definir las autoridades de la Asamblea y repartir las comisiones. El Gobierno espera que estas bancadas puedan ayudar a pasar sus primeras iniciativas económicas urgentes.
El Pleno de la Asamblea, durante las preparaciones para su sesión inaugural, este 7 de noviembre de 2023.
AN
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La Asamblea Nacional se instalará el viernes 17 de noviembre de 2023, y la suerte parecería ya estar echada, con un acuerdo legislativo entre la bancada oficialista ADN, la correísta Revolución Ciudadana (RC) y el Partido Social Cristiano (PSC).
El acuerdo fue confirmado por las tres bancadas, sin embargo, los detalles aún no son públicos. En las tres fuerzas políticas aún se habla con cautela de qué objetivo tendrá esta nueva mayoría legislativa, más allá de la designación de autoridades y el reparto de las 15 comisiones legislativas.
En este punto, la propuesta es que la presidencia quede en manos de Henry Kronfle, del PSC, quien ya intentó -sin éxito- llegar a este puesto en 2021. Las vicepresidencias quedarían en manos de Revolución Ciudadana y ADN.
De estos diálogos dependerá, por ejemplo, la fijación de una agenda legislativa para los 18 meses de trabajo que tendrá la Asamblea. En esta, necesariamente, se deberán incluir las reformas económicas urgentes que el presidente Daniel Noboa ha anunciado que enviará cada mes.
Por ello, para el Gobierno, el reto es que el acuerdo legislativo entre las bancadas que conformen esta mayoría se mantenga por más tiempo y no se desintegre enseguida, algo que ya pasó en 2021 en el acuerdo logrado por el gobierno de Lasso con Pachakutik y la Izquierda Democrática.
Los números del acuerdo
El primer punto del nuevo acuerdo legislativo entre las bancadas ADN, el PSC y la RC será la designación de las autoridades de la Asamblea, que se decidirá el viernes 17 de noviembre de 2023.
Además de la presidencia y las dos vicepresidencias, se deberán definir las cuatro vocalías del Consejo de la Administración Legislativa (CAL).
Además, los legisladores deberán repartirse entre las 15 comisiones permanentes. Si en cada comisión se consolida una mayoría de ADN, PSC y RC, también podrán quedarse con sus presidencias.
Los números son favorecedores a la alianza. De momento, tendrían asegurados al menos 85 votos, pues a estas tres fuerzas políticas (51 de RC, 18 del PSC y 14 de ADN) se les sumaron ya los dos legisladores de Centro Democrático.
A ellos se les sumarían al menos cuatro legisladores de SUMA, que pertenecían a la alianza que apoyó la candidatura de Otto Sonnenholzner, y otros pertenecientes a minorías y movimientos locales.
Con estas adiciones, ADN pasaría de 14 a unos 24 legisladores, según adelantó Valentina Centeno, jefa de dicha bancada.
Por fuera del acuerdo en la nueva Asamblea quedan por ahora las bancadas de Construye (18 asambleístas), Gente Buena (11 asambleístas) y dos asambleístas de Avanza.
La agenda de las bancadas en la nueva Asamblea
Aunque las coordinaciones de las bancadas hablan ya del acuerdo legislativo ADN-PSC-RC, su contenido todavía no está en firme. Para el Gobierno, lo más importante no será este reparto, sino el futuro de sus propuestas en el Legislativo.
Por ello, desde ADN, se ha adelantado que el acuerdo incluirá el trámite y aprobación de dos reformas que llegarán a la Asamblea como económicas urgentes: una reforma tributaria y una reforma energética. Centeno aseguró que esas serán las prioridades del acuerdo legislativo.
Sin embargo, el contenido de dichas reformas todavía no ha sido comunicado a las otras bancadas.
Gissela Garzón, asambleísta reelecta por la RC, asegura que todavía no conocen los puntos que se incluirán, pero que ellos tienen una clara postura en contra de la privatización y que establezca como puntos de financiamiento para el nuevo Gobierno el control de la evasión tributaria.
Otro de los puntos que aún no se ha tratado con los asambleístas es la iniciativa de consulta popular que Noboa ha anunciado que presentará en sus primeros 100 días. Dependiendo de su contenido y si incluye reformas a la Constitución, la Corte Constitucional podría determinar que esta sea tramitada en la Asamblea, lo que le requeriría nuevas negociaciones.
Lo que sí se ha definido, según Garzón, es que la agenda legislativa se centre en seguridad, empleo y derechos ciudadanos como educación y salud. Además, en revisar los proyectos de ley que quedaron pendientes en la anterior Asamblea, así como la propuesta de reforma constitucional sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía.
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