Las asambleístas Moreira y Arias se denuncian por incidentes en el Pleno

Los incidentes en la sesión del 2 de junio de 2022 podrían terminar en sanciones. Durante la votación de la reconsideración sobre la posibilidad de llamar a juicio político al contralor subrogante Carlos Riofrío, las legisladoras Johanna Moreira (ex ID) y Nathalie Arias (BAN) tuvieron un enfrentamiento que derivó en denuncias mutuas de las dos asambleístas.

En la votación de la reconsideración, una decena de asambleístas rodeó la curul de Rosa Cerda (ex Pachakutik) para pedir su voto. Los legisladores oficialistas pedían el archivo del proceso contra Riofrío, mientras que UNES y los "rebeldes de la ID" pedían llamarlo a juicio político.

En vista de que Cerda no votaba, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, amenazó con cerrar la votación. De ser así, el voto de Cerda contaría como abstención. En esos momentos, se produjo el incidente entre las dos asambleístas, quienes estaban entre el grupo que rodeaba a Cerda.

Por esta razón, ambas legisladoras presentaron denuncias, pidiendo sanciones por una falta administrativa muy grave.

La narración del incidente, según Moreira, es que Arias, "sin mediar motivo alguno, procedió a incoarme un codazo a la altura de la cadera, razón por la que reaccioné inmediatamente alejándola de mí, con la finalidad de cesar el ataque en contra de mi integridad física". Según la legisladora, después del incidente, Arias lazó varios "epítetos" en su contra.

La narración de Arias, en cambio, dice que ella estaba parada con los brazos en la cintura cuando Moreira "presionó la parte superior de su cuerpo contra mi brazo izquierdo, ante lo cual enderecé mi brazo". La legisladora oficialista dice que Moreira reaccionó de manera agresiva, "jalando con fuerza mi brazo"; y que después "buscó provocarme e incluso me increpó con sus manos".

Según Arias, Moreira le gritó: "las malcriadeces hazlas en tu gobierno".

Ambas denuncias deberán pasar a conocimiento del Consejo de la Administración Legislativa (CAL), del cual ambas legisladoras son parte.

La Ley de la Función Legislativa dice que "agredir físicamente a otro asambleísta" es una falta administrativa muy grave. Esta se sanciona con suspensión sin remuneración de 31 a 90 días.

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