Los legisladores dedicaron menos de dos horas para tramitar, en primer debate, el proyecto de reformas para la aplicación de la consulta popular de Daniel Noboa.
Al Pleno de la Asamblea le tomó menos de dos horas para, en sesión virtual, concluir este lunes 10 de junio de 2024 con el primer debate del proyecto de reformas para la aplicación de la consulta popular del 21 de abril.
El proyecto regresará a la comisión ocasional multipartidista, que deberá preparar un informe para el segundo y definitivo debate. Eso estaría listo hasta el 4 de julio próximo.
El referido proyecto unifica las cinco iniciativas enviadas por el Ejecutivo y contempla dos capítulos, uno referido a las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP); y, el segundo, sobre los cambios a la Ley de Extinción de Dominio.
El documento contiene 24 artículos, dos disposiciones transitorias y una disposición final.
Durante el primer debate, el socialcristiano Vicente Taiano mencionó que el incremento de penas para varios delitos debe tomar en cuenta la proporcionalidad de las mismas para que cumpla con su objetivo.
Taino resaltó el pedido de la fiscal General, Diana Salazar, para que los legisladores encuentren un punto medio entre la "real proporción entre el delito y el perjuicio y alarma que se está generando".
En las reformas al COIP, por ejemplo, la sanción por el delito de terrorismo, que hoy es de 10 a 13 años, pasa de entre 19 a 22 años; quienes los financien podrían ser sentenciados a 22 o 26 años. Hoy la pena es de entre siete y 10 años.
Por su lado, Jorge Peñafiel, de Construye, llamó a los legisladores a modificar la Ley de Extinción de Dominio para que los bienes de origen ilícito sean decomisados por el Estado, sin la necesidad de una sentencia en firme.
Sin embargo, Fernando Cedeño, del correísmo, apuntó que "cualquier atajo que comprometa las garantías constitucionales es una traición a los valores democráticos".
Consideró que el proyecto "no solo que no contempla el irrestricto respeto a los principios constitucionales, sino que no recoge las recomendaciones ya realizadas por la Corte Constitucional, en cuanto a se refiere a las garantías a una seguridad jurídica, al principio de una presunción de inocencia o a una dosimetría penal".
En total, 14 asambleístas participaron del primer debate, incluyendo al ponente, Carlos Vera.
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