La oposición irá por la vía legal para intentar frenar la muerte cruzada

Enrique Herrería Bonnet y Jhoel Escudero Soliz son los jueces sorteados por la Corte Constitucional para dirimir sobre los pedidos de inconstitucionalidad del decreto de muerte cruzada.
Herrería estará a cargo de analizar la demanda de inconstitucionalidad presentada por los exasambleístas de una facción del movimiento Pachakutik.
Mientras que Escudero se encargará de la acción de inconstitucionalidad entregada por la bancada del PSC y de la Izquierda Democrática (ID).
Con este trámite, los exlegisladores solicitaron a la Corte que decida si el decreto ejecutivo 741 es ilegal, como argumenta el PSC, o, por el contrario, debe seguir en efecto.

El expresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, apareció en rueda de prensa junto a exasambleístas del PSC y las facciones opositoras de la ID y Pachakutik.
Saquicela habló del contrapeso de poderes y dice que no hay razón para disolver la Asamblea Nacional, pues no existe conmoción social. Además, señaló que los antecedentes del decreto de muerte cruzada y su motivación "no se comparecen" con la resolución del ejecutivo.
Y exigió que la Corte Constitucional se pronuncie de inmediato ante las demandas de inconstitucionalidad presentadas. "No para que los legisladores vuelvan a sus puestos, sino para respetar el estado de derecho y la institucionalidad", dijo.
El expresidente de la Asamblea dijo que si la Corte resuelve la constitucionalidad del decreto, estaría atentado también contra la institucionalidad y el estado de derecho.

"El jefe de Estado debía dejar que se vote. Cuando se asustó, al oír las intervenciones de los legisladores, cuando vio que la voluntad del pueblo era que se vaya a la casa, toma la salida más fácil de irse en tres meses a la casa"

La facción más radical de Pachakutik presentó ante la Corte Constitucional otra demanda de inconstitucionalidad al decreto de la muerte cruzada.
El documento está firmado por los exasambleístas Mireya Pazmiño (expulsada de la bancada), Ángel Maita, Fernando Cabascango, Dina Farinango y Pilar Llano (alterna del procesado Peter Calo).
Los exlegisladores argumentan que el decreto presidencial "no cumple con la mínima motivación fáctica, normativa y el nexo causal entre la realidad material y la causal que utiliza" para la disolución de la Asamblea. Aseguran que Lasso está "instrumentalizando esta figura para evitar un proceso de control político".
Los exasambleístas piden incluso una medida cautelar, que suspenda provisionalmente los efectos del decreto de la muerte cruzada y que se prosiga con el juicio político contra Lasso en la Asamblea.

Los exintegrantes de la bancada legislativa oficialista acudieron al Palacio de Carondelet para ofrecer su apoyo al Presidente de la República y su decisión de disolver la Asamblea.
Ana Belén Cordero dijo que esperarán el llamado a elecciones para definir las candidaturas de Creo, pues el Presidente no ha decidido si será candidato en las elecciones extraordinarias.
Juan Fernando Flores, excoordinador de la bancada, aseguró que entregarán al Ejecutivo 17 proyectos de ley que se encontraban en las diferentes comisiones, para que el Gobierno las analice y evalúe la pertinencia de presentarlos como decretos ley.
"Así demostraremos quiénes fueron los que no permitieron que el país avance".
Flores anunció que quienes integraron la bancada "serán hoy la Plataforma Ecuador y coordinarán con movimientos ciudadanos y trabajará en territorio para resolver las necesidades de los ciudadanos".

Los exasambleístas socialcristianos Esteban Torres, Jorge Abedrabbo y Pedro Zapata, y Yeseña Guamaní, de la facción opositora de la Izquierda Democrática, presentaron una demanda de inconstitucionalidad en contra del decreto de aplicación de la muerte cruzada.
Los legisladores argumentan que la muerte cruzada no es aplicable pues no existe la causal de grave crisis política y conmoción interna, que Lasso invocó.
"Lo que esperamos es que sea esta Corte la que dirima este conflicto. Nosotros respetaremos la decisión que sea. Si el decreto carece de legalidad, la Asamblea se mantendrá en pie", dijo.
Torres señaló que el PSC no tiene miedo de ir a unas nuevas elecciones, y que se presentarían en una coalición. Uno de los nombres que plantean es el del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot.
Guamaní denunció que la muerte cruzada es un "boicot" del presidente Lasso para evitar su destitución en la Asamblea después del juicio político.
Ambas fuerzas políticas aseguraron que respetarán lo que la Corte Constitucional resuelva sobre este tema.

Pachakutik se pronunció a través de una rueda de prensa desde su sede, en el centro norte de Quito.
El coordinador de ese partido Marlon Santi, apareció junto a los exlegisladores Mario Ruiz, Darwin Pereira, Salvador Quishpe y Celestino Chumpi.
Santi aseguró que Pachakutik no impulsará movilizaciones sino que esperará un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el decreto de la muerte cruzada. Aseguró que todavía no han decidido si ellos plantearán una demanda de inconstitucionalidad, pero que en todo caso esperarán a las que otros sectores, como el PSC, han anunciado.
El exasambleísta Quishpe sostuvo que Pachakutik será respetuoso de este pronunciamiento, pero que están preparados para unas nuevas elecciones.
Quishpe hizo una invitación a los sectores sociales a un gran acuerdo nacional, que pueda incluir una revisión a la Constitución.
El exvicepresidente de la Asamblea, Darwin Pereira, dijo que en caso de elecciones anticipadas analizarán los mejores cuadros nacionales y provinciales para presentarlos.
Mientras que el excoordinador de la bancada legislativa de Pachakutik, Mario Ruiz, señaló podrían pensar incluso en una medida cautelar, pero que es algo que sigue en análisis.

La bancada correísta UNES dio una rueda de prensa pasadas las 10:30 en los exteriores del Palacio Legislativo.
Marcela Holguín, exprimera vicepresidenta de la Asamblea, aseguró que la decisión de aplicar la muerte cruzada es ilegal porque no hay la causal de grave crisis política y conmoción interna.
Según Holguín, la decisión de la muerte cruzada se hizo para "impedir la votación del juicio político". Por ello, dijo que el decreto de Lasso es el "triunfo de la Revolución Ciudadana".
Holguín aseguró que ellos no se "aferran a sus cargos" y que están dispuestos a ir a nuevas elecciones. Dijo que por ahora no adelantan los nombres que presentarían para los comicios dentro de unos meses.
Virgilio Hernández, directivo de Revolución Ciudadana, aseguró que a pesar de esto, no tomarán ninguna acción ni participarán en movilizaciones.

Juan Fernando Flores, ya como excoordinador de la bancada Ecuador, aseguró que respaldan la decisión de Presidente y dijo que ahora van a trabajar de manera conjunta para defender la democracia, la institucionalidad y la garantía de libertad.
Flores anunció que, en horas de la tarde, habrá una reunión de quienes eran legisladores de la bancada oficialista para "iniciar un trabajo en territorio, con la gente".
"La Asamblea no quiso resolver los problemas de los ecuatorianos", dijo. Hizo un llamado a sus excolegas para que respeten la Constitución.

Los exasambleístas de la bancada correísta UNES fueron los primeros en llegar a las inmediaciones del Palacio Legislativo después del decreto de la muerte cruzada. Se reunieron en la sede del movimiento Revolución Ciudadana, ubicado en la calle Piedrahita, al frente de la Asamblea.
Ronny Aleaga, uno de los legisladores cesados, aseguró que no impulsarán ningún tipo de acciones contra la muerte cruzada. Aseguró que, aunque consideran ilegal la medida, van a esperar a las elecciones anticipadas.
Adelantó que su bancada sí tenía los votos para, después del juicio político, destituir al presidente Lasso.
Adelantó que no apoyarían una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto de muerte cruzada, que están proponiendo sus aliados, el Partido Social Cristiano (PSC).
Fernando Cedeño, también exasambleísta correísta, en la misma línea, dijo que aunque consideran que no existe la causal para la muerte cruzada, lo respetarán.
Revolución Ciudadana tendrá una reunión de su buró para pronunciarse oficialmente.

Según el ministro del Interior, Juan Zapata, se está retirando la seguridad a los exasambleístas, pues ya no son funcionarios públicos.
Zapata explicó que los funcionarios de carrera de la Asamblea podrán ingresar al Palacio Legislativo. En cuanto a los equipos de los exlegisladores, dijo que se les permitirá ingresar solamente para retirar sus bienes.
PRIMICIAS conoció que los miembros de las Fuerzas Armadas están desplegados en tres puntos: el Palacio de Carondelet, el Palacio Legislativo y el Ministerio de Defensa, en el sector de La Recoleta. Desde ahí, se coordinarán los operativos.
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A través de un video, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas expresó su respaldo a la "decisión constitucional" del Presidente de decretar la muerte cruzada.
El jefe del Comando Conjunto, Nelson Proaño, aseguró que "mantienen y mantendrán su posición de absoluto respeto a las leyes". Proaño dijo que la decisión del Presidente de disolver la Asamblea se fundamenta en la Constitución y "por tanto, está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada por todos los ciudadanos".
El comandate recordó que las Fuerzas Armadas y la Policía son instituciones obedientes y no deliberantes. "Pero al mismo tiempo estamos seguros que el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia", añadió.
Proaño advirtió que en caso de disturbios actuarán "con firmeza".

Desde antes de las 07:00, cuando se confirmó el decreto de la muerte cruzada, el Palacio Legislativo comenzó a ser fuertemente resguardado por policías y militares.
Los uniformados tomaron el control del edificio de la Asamblea tanto en su interior como en su exterior. Los funcionarios legislativos que llegaron hasta esa ubicación fueron prohibidos de pasar.
 
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