Correísmo y PSC retiraron las firmas de apoyo para el trámite de tres juicios políticos contra funcionarios de la anterior administración. El Gobierno de Daniel Noboa dice que van tras la cabeza de la canciller Gabriela Sommerfeld.
Un retiro masivo de firmas de respaldo echó por tierra, este 1 de julio de 2024, tres juicios políticos que se quería plantear contra exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso, que debía tramitar la Comisión de Fiscalización.
Las bancadas de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano (PSC) se unieron y dejaron sin apoyo el juicio político en contra del exsecretario de la Administración Pública, Sebastián Corral.
El pedido fue ingresado por la correísta Patricia Nuñez, a mediados de mazo pasado, con 41 firmas de apoyo. Sin embargo, en las últimas horas llegaron a la Secretaría de la Asamblea 15 memorandos anunciando que no lo respaldan más.
La asesora jurídica de la comisión, Paula Echeverría, recordó que se necesitan, al menos, 34 firmas, por lo que no se cumplía ese requisito. La presidenta de la comisión, Pamela Aguirre, dijo que de continuar el juicio en esas condiciones, podría anular todo el proceso.
Algo similar pasó con el juicio político a Andrea Montalvo, exsecretaria de Educación Superior. El pedido ingresó en abril con 35 firmas y hasta el 30 de junio se retiraron cuatro, entre otras, la del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle.
También, se retiraron cuatro firmas de apoyo al juicio político que fue planteado por la gobiernista, Inés Alarcón, en contra del exministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena Marriot.
El gobierno aseguró, el 30 de junio, que la intención de la nueva mayoría en la Asamblea, conformado por el correísmo, PSC y Construye era 'bajarse' esos juicios para acelerar la eventual censura y destitución de la canciller, Gabriela Sommerfeld.
"Son capaces de perdonar lo imperdonable, justificar lo injustificable, y solapar lo vergonzoso", añadió el presidente Daniel Noboa en un mensaje publicado en su cuenta de X, para rechazar la pretensión de los legisladores.
El juicio contra Sommerfeld fue planteado por el correísmo tras la incursión de la policía a la Embajada de México en Quito en donde fue capturado el exvicepreidente, Jorge Glas.
Por la misma causa, la Revolución Ciudadana propuso fiscalizar a la ministra del Interior, Mónica Palencia.
Según el cronograma que maneja la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, luego del juicio político a Arosemena, el turno es de la canciller Sommerfeld y le sigue Palencia.
Por su parte, el movimiento Construye hizo público un comunicado en el que señala que sus legisladores no han apoyado ninguno de estos juicios políticos, por lo que no ha retirado ninguna firma, como afirma el Gobierno.
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