La Asamblea busca la manera de fiscalizar a Lenín Moreno
La Comisión de Régimen Económico recomendó al Pleno del Legislativo llevar adelante un proceso de juicio político en contra del expresidente, por la "falsedad ideológica" de su informe de gestión.
El expresidente Lenín Moreno, a su llegada a la ceremonia de transmisión de mando, el 24 de mayo de 2021.
EFE
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Un mes y medio después de dejar el poder, poco se conoce del expresidente Lenín Moreno. Pero aunque su perfil ha bajado al mínimo, la Asamblea busca una forma de que rinda cuentas por los problemas de su gobierno.
La Comisión de Régimen Económico aprobó este 4 de julio de 2021 su informe sobre el informe de rendición de cuentas de Moreno. Y sus conclusiones apuntan directamente hacia el exmandatario.
El documento analiza todos los objetivos del plan de desarrollo del gobierno anterior y las compara con datos solicitados a la actual administración. Y la mayoría de estos no coinciden.
Llega a la conclusión que apenas el 11% de las metas establecidas se cumplieron o están en ejecución, 28% no se cumplieron y del 60% no hay ninguna información.
Las críticas al informe de Moreno, que llegó cinco días tarde a la Asamblea, se centran también en la forma: el desorden, las constantes adjetivaciones positivas, la falta de contextualización y las inconsistencias en los datos del mismo informe.
Por ello, la Comisión solicita al Pleno que rechacen el informe de gestión del expresidente y que inicien un proceso de juicio político en su contra. Además, que se remita a la Fiscalía el informe, para el inicio de una investigación previa, por falsedad ideológica.
Un informe con resultados en duda
Esta es la primera ocasión en la que el análisis al informe de gestión presidencial llegará al Pleno de la Asamblea. En anteriores años no se había concretado siquiera la existencia de una comisión que revise la información entregada por los mandatarios.
Pero esta revisión tomó relevancia, pues que Moreno no presentó su informe de gestión ante la Asamblea. Antes de que finalice la ceremonia de posesión de Guillermo Lasso, el expresidente abandonó el Palacio Legislativo sin decir más.
Pero el real alcance de este informe es casi nulo según la misma Ley Orgánica de la Función Legislativa. El artículo 44 de la normativa solo señala que una comisión debe analizarlo y realizar un informe para que haya un pronunciamiento del Pleno.
La opción de rechazar un informe presidencial no está prevista, y menos aún la de iniciar un juicio político con esa base.
A esto se le suma que la Constitución y la Ley no prevén el enjuiciamiento a expresidentes (aunque sí a exministros, hasta un año después de que dejen sus funciones). Y en el caso de que fuera viable, solo hay tres causales para iniciarlo, que no incluyen la falsedad ideológica:
- Por delitos contra la seguridad del Estado.
- Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.
- O por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.
Si la Asamblea decide efectivamente impulsar un juicio político contra Lenín Moreno, deberán pasar primero por la Corte Constitucional, para su dictamen de admisibilidad.
¿La culpa es de Correa?
El informe de Régimen Económico se aprobó con cinco votos a favor, del correísmo, Pachakutik y el PSC. Mientras que los tres legisladores de la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) se abstuvieron.
La discordia estuvo en hablar o no del expresidente Rafael Correa. El asambleísta Diego Ordóñez (BAN) pidió incluir en el "desastre" del gobierno anterior a su predecesor, mientras que Pabel Muñoz (UNES) se enfocó en hablar de los logros y méritos de la Revolución Ciudadana.
Las investigaciones en Fiscalización
La Comisión de Fiscalización también prevé hacer investigaciones al expresidente Moreno. Dentro de la agenda de la mesa legislativa están los casos INA Papers y Coca Codo Sinclair, que involucrarían al exmandatario y su familia.
Pero al igual que con el informe de Régimen Económico, queda por verificar si es posible impulsar un juicio político contra un expresidente, por una causal por fuera de las señaladas en la Constitución.
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