17 colaboradores de Assange frecuentaban la embajada de Ecuador en Londres. Él recibió la naturalización sin cumplir los requisitos
El exembajador de Ecuador en Reino Unido, Juan Falconí Puig, estuvo presente en la lectura del informe borrador de la Contraloría.
Estefanía Celi
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La Contraloría General encontró una serie de irregularidades en el proceso con el que se otorgó la carta de naturalización al hacker australiano Julian Assange. Durante la lectura del borrador de informe, este 20 de mayo del 2019, la entidad comunicó los resultados preliminares de esta acción de control.
Assange recibió la carta de naturalización el 12 de diciembre del 2017. Para esa fecha, no cumplía con el requisito legal para la ciudadanía ecuatoriana, que es el de tener tres años de residencia continua en Ecuador, pues aunque estaba asilado desde 2012, no se encontraba en territorio ecuatoriano sino en la Embajada, dice, por ejemplo la Contraloría.
No justificó, tampoco, tener "medios lícitos de vida", pues aunque aseguró que trabajaba como escritor y periodista, no presentó ninguna prueba. Todo el trámite se hizo por fuera de los sistemas de gestión de documentos que usa el gobierno ecuatoriano, Quipux y Esigex.
11 días después de otorgada la naturalización, en diciembre de 2017, la Embajada lo nombró agente diplomático, como consejero. Y cuatro días más tarde, Assange fue designado como consejero de la Embajada de Ecuador en Moscú, Rusia, relata el informe de auditoría.
Cuando Ecuador intentó que el gobierno del Reino Unido renociera la calidad de agente diplomático de Assange, las autoridades de ese país se negaron a acreditarlo.
El borrador de Contraloría también profundiza en una serie de "incidentes" entre Assange y personal de la Embajada. En una comunicación citada por el informe, el exembajador de Ecuador en Reino Unido, Juan Falconí Puig, sostiene que fundador de Wikileaks tiene 17 miembros en su equipo de trabajo y hay una actitud de permanente confrontación de parte de Assange y sus colaboradores.
En Londres, mientras tanto, la Fiscalía General ejecutó un operativo para incautar las pertenencias de Julian Assange.
Según el Ministerio de Exteriores, la diligencia de la Fiscalía se lleva a cabo en atención al pedido de asistencia judicial presentado por el Departamento de Justicia de EE.UU., de conformidad con la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal (Convención de Nassau)
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