Vela: "No estamos planteando ingreso de Fuerzas Armadas a cárceles"
La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, explicó la propuesta del Gobierno Nacional sobre el uso progresivo de la fuerza por parte de policías y militares.
Ministra de Gobierno, Alexandra Vela, en rueda de prensa en el Palacio de Carondelet, el 24 de enero de 2022.
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La propuesta del Gobierno sobre las reformas a leyes, en materia de seguridad, genera expectativa. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, aclaró lo que plantean sobre el rol de las Fuerzas Armadas.
"Hay una duda de carácter técnico... No estamos planteando que, en caso de amotinamientos, las Fuerzas Armadas ingresen directamente (a las cárceles)", dijo en una entrevista con Ecuavisa.
Vela insistió que con estas reformas, la Policía Nacional mantendrá su competencia de ingresar a estos espacios.
"Pero en una guerra abierta, donde los ecuatorianos enfrentamos la amenaza de narcotráfico, se requiere, como situación de carácter excepcional, todas las herramientas para poder enfrentarla", explicó.
La ministra recordó que en las masacres carcelarias de 2021, la Policía solo ingresó con gas lacrimógeno y balas de goma, mientras que los presos los recibieron con tacos de dinamita, granadas tipo limón y armas de largo alcance.
"Planteamos que se permita ingresar con armas letales y que se establezca el control", recalcó.
Lo que sí plantea el proyecto del Ejecutivo es elevar incluir bajo el paraguas del uso progresivo de la fuerza a las Fuerzas Armadas, que actúan en su rol de acompañante y colaboradores en los temas de seguridad interna y ciudadana.
Estas son parte de las reformas que el Gobierno plantea a la ley de Uso progresivo de la Fuerza, mediante su proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de Fuerza Pública.
Además, se refirió al delito de terrorismo dentro de los centros penitenciarios. "Se plantea un subtipo, que se lo establezca a las acciones en centros penitenciarios y que den como resultado una masacre, que esos actos no se queden impunes".
Vela recalcó que esto no significa que el Gobierno Nacional no haya planteado las políticas públicas de seguridad necesarias, sino que son herramientas legales necesarias para fortalecer el trabajo de la fuerza pública.
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