Misteriosos drones sobrevuelan urbanizaciones en Guayaquil

La inseguridad no solo está en las calles. También gana terreno en urbanizaciones privadas de Guayaquil, Daule y Samborondón. El hecho más violento se registró a finales de diciembre de 2021, en la ciudadela Estancias del Río, en la vía a Samborondón, Guayas.

Un grupo de sicarios ingresó en dos vehículos, le robaron el arma a uno de los guardias de la urbanización, se dirigieron a una vivienda y le dispararon a un hombre de 39 años.

Dos días antes del crimen, hubo reportes de sobrevuelos de un dron por la zona, que supuestamente captaba los movimientos de los residentes de la urbanización.

Holguer Cortez, subcomandante de Policía Zona 8, reconoció estos hechos. En diálogo con PRIMICIAS, explicó que se trata de un "delito dinámico".

"Son delincuentes con recursos económicos, pues algunos alquilan o hasta compran una vivienda dentro de las ciudadelas, además de contar con tecnología avanzada", dijo.

Según Cortez, hay poca colaboración de los vecinos, que no permiten el ingreso del patrullaje policial a las urbanizaciones privadas.

No obstante, aseguró que la Policía tiene una trazabilidad en esteros y ríos que colindan con estos espacios habitacionales. Esto permite, insistió, realizar patrullajes en los perímetros exteriores.

Sobre el sicariato de diciembre, Cortez dijo que los delincuentes esperaron a que saliera la patrulla y actuaron 10 minutos después. Es decir, que ya conocían las actividades diarias en esa urbanización.

Drones en tareas delictivas

Backer Yánez, de la empresa Ecuadrones, afirmó que el 95% de los drones se usa para actividades productivas.

Estos aparatos voladores "ingresaron al país hace seis o siete años, con el fin de hacer levantamientos topográficos, los usan agencias de publicidad, sirven para tareas de seguridad y ahora para la agricultura", explica.

En Ecuador hay aproximadamente 22 drones certificados solo para fines agrícolas, según la DGAC.

Aunque Yánez reconoce que hay quienes los utilizan para actos delictivos, como el transporte de objetos prohibidos que quieren colocar dentro de las cárceles.

La DGAC emitió el Reglamento de Operación de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA), conocidos como drones, el 4 de noviembre de 2020, y aplica a las aeronaves cuyo peso máximo de despegue sea superior a 0,25 kilogramos y menor o igual a 150 kilogramos.

La normativa obliga a los propietarios de los drones a registrarlos y a contratar un seguro para responder por daños causados a terceros.

El reglamento establece que los drones no podrán ser operados en las cercanías de aeródromos, zonas de seguridad del Estado, helipuertos o zonas intangibles. 

La DGAC, que regula y controla la actividad aérea civil en el país, insistió en la necesidad de reformar el reglamento con el apoyo de la fuerza pública, para evitar el uso de estos artefactos en actividades ilícitas.

Esto, luego de que se detectaron drones sobrevolando la Penitenciaría del Litoral con explosivos, en septiembre de 2021.

Blindaje en urbanizaciones

Gina Mosquera, presidenta del directorio de la etapa Krypton de Villa Club, habló de la autogestión para blindar a las urbanizaciones.

"Como urbanización tomamos nuevas medidas e implementamos con la compañía de seguridad, un sistema nuevo en el acceso de peatones", dijo.

La madrugada del 24 de enero de 2022, la etapa Doral de la misma ciudadela, ubicada en el cantón Daule, fue atacada por delincuentes, que amenazaron con armas a los guardias de seguridad y robaron en una vivienda que ya tenían identificada.

Por eso, Mosquera pide más presencia policial.

Wilson Cañizares, alcalde de Daule, detalló el plan de seguridad en su jurisdicción, que comprende una central de monitoreo con cámaras de videovigilancia en los exteriores de establecimientos educativos, dotación de viviendas para la Policía y oficinas para la Fiscalía.

También implementó el programa barrios seguros o vigilados, con cámaras y sirenas comunitarias. Dos de ellos funcionan en la entrada a Sambocity y en la cabecera parroquial de La Aurora.

Además, los administradores de las urbanizaciones privadas han instalado cámaras en las garitas de ingreso.

Similar estrategia implementan en Samborondón. Fernando Huamán, presidente del Comité de Moradores de La Puntilla, recordó que hace cuatro años varios delincuentes intentaron ingresar por la ría.

Por ello, en 2018 implementaron un sistema de seguridad con una compañía privada, que tiene permiso para porte y uso de armas. Además de un centro de vigilancia con ocho monitores, 111 cámaras de seguridad, cerco eléctrico perimetral y 18 reflectores hacia la ría.

Juan Emilio Kronfle, gerente de la Autoridad de Tránsito y Vigilancia Ciudadana de Samborondón, estrenarán en febrero próximo su centro de monitoreo.

Pero el plan Samborondón Seguro comprende también un sistema integral de videovigilancia con 300 dispositivos en La Puntilla, Boca de Caña y Tarifa, cinco cámaras con visión de 360 grados y cámaras con lectores de placas para identificar vehículos robados.

Además de 50 alarmas comunitarias en las cabeceras cantonales, botones de pánico en las garitas de las ciudadelas, botes especializados para patrullaje sobre dos pulgadas de agua en los ríos Daule y Babahoyo y radares que detectan embarcaciones hasta 1.000 metros de distancia.

Tanto en Samborondón como en Daule, estos sistemas de seguridad son coordinados con la Policía Nacional, aseguraron sus autoridades.