Tribunal ratifica inocencia de Alfredo Adum por supuesto fraude procesal

Por unanimidad, los tres jueces del Tribunal de Garantías Penales ratificaron la inocencia del empresario Alfredo Adum, de 69 años, por supuesto fraude procesal, derivado del accidente aéreo que sufrió Daniel Salcedo en Tumbes, Perú, en junio de 2020.

La Fiscalía abrió una indagación en contra de Adum, quien supuestamente era el propietario de la avioneta en la que Salcedo pretendía huir del país, junto a la modelo Jocelyn Mieles, César Rodríguez y los pilotos Franklin Lara y Alfredo Espinoza, quien murió en el accidente.

Alfredo Arboleda, abogado de Adum, indicó a PRIMICIAS que en la diligencia, realizada en Unidad Judicial Norte, en Guayaquil, la Fiscalía retiró la acusación en contra de su defendido "en virtud de que aceptó que no existía ninguna prueba en contra del señor Adum".

Según las primeras investigaciones, la avioneta Piper 32, matrícula HC-BLO, estaba registrada a nombre de una de las empresas de Adum.

Arboleda sostuvo que su cliente no es accionista ni representante legal de la empresa camaronera Granjas Marinas Doble A, a la que pertenecía la aeronave, "de la cual el señor Adum está desvinculado desde hace 15 años".

Alfredo Adum integró el Partido Roldosista Ecuatoriano y es amigo cercano del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, quien fue sobreseído junto a su hijo Jacobo por presunta delincuencia organizada en la compra y venta irregular de insumos y pruebas Covid-19.

El tribunal suspendió el proceso contra Adum el 15 de diciembre de 2020 y dispuso a la Fiscalía que realice una pericia para determinar su estado de salud por un cáncer pancreático.

En esa fecha, los magistrados sentenciaron a cuatro años de prisión a Salcedo y Franklin Lara, en calidad de autores, y a Jocelyn Mieles, como coautora.

Salcedo está detenido en la cárcel de El Inca, en Quito, donde cumple dos sentencias: una de 13 años por peculado en la compra de fundas para cadáveres en el hospital Los Ceibos en la emergencia sanitaria, y otra de tres años por el ingreso de artículos prohibidos a la cárcel.