Casos Decevale y Citadel atraviesan varios traspiés judiciales

El Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale) y la casa de valores Citadel constan entre los principales implicados en la estafa al Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

En este caso, más de USD 900 millones del portafolio de inversiones del Isspol están en riesgo por inversiones irregulares hechas entre 2014 y 2019.

El dinero se destinó a siete tipos de operaciones, entre las que figuran un swap o permuta financiera, un reporto con pacto de recompra y cesiones de derechos fiduciarios.

Las investigaciones en contra de Decevale y Citadel empezaron en junio de 2021 con la formulación de cargos en contra de los involucrados por supuesta falsedad de información en ámbito bursátil.

Ocho meses después, los procesos que se abordan aún en los juzgados de Guayaquil tienen suertes diferentes, ya que la jueza del caso Decevale, Gianella Noritz, enfrenta un pedido de recusación por parte de los abogados de Oriana Rumbea, que podría dilatar el proceso.

Mientras que el juez del caso Citadel, Juan Carlos Terán, aún no ha convocado a audiencia para definir si llama o no a juicio a los investigados.

Citadel: Fiscalía investiga un nuevo delito

La madrugada del 22 de junio de 2021, agentes policiales y de la Fiscalía del Guayas realizaron 11 allanamientos en Guayaquil, Daule y Samborondón (Guayas) como parte de las investigaciones por el manejo irregular del dinero del Isspol.

Ese día, las oficinas de Decevale y de la Casa de Valores Citadel fueron intervenidas por las autoridades.

Entre los detenidos figuró Xavier Neira, gerente de Citadel, empresa que estructuró una operación de swap en la que el Isspol invirtió USD 327 millones en diciembre de 2015.

Además de Neira, también son investigados su esposa Oriana Rumbea, Gonzalo Navarro y Luis Álvarez Villamar, todos exdirectivos de Decevale.

La Fiscalía rastrea la compra de bonos del Isspol por parte de Citadel, que habrían sido registrados en el Decevale para ingresarlos al catastro público.

En el caso de Citadel se reclama un perjuicio de USD 32 millones en bonos 2028 del Isspol, de los cuales USD 17 millones estarían en poder del intermediario financiero Jorge 'El Mago' Chérrez, mientras que USD 15 millones habrían sido entregados a Neira.

"Estos bonos nunca se compraron y los valores de destinaron a otros sitios. Una parte se fue a Panamá por pedido de Chérrez y la otra parte se quedó con Neira, quien empezó a prestar dinero a Envases del Litoral", explica el fiscal del caso, César Suárez.

Según la Fiscalía, existe un remanente de USD 4 millones en una cuenta bancaria a nombre del Decevale, valores que son reclamados por el Isspol.

A las investigaciones sobre la existencia del delito de falsedad de información, la Fiscalía inició un nuevo caso por enriquecimiento privado no justificado, para investigar a varias personas en Quito, Guayaquil, Samborondón y Daule.

Suárez dijo que las pericias se centran en transferencias bancarias realizadas a personas que no tienen relación directa con Citadel o Decevale.

"Aquí nace un delito accesorio, cuando nos percatamos de que había transferencias a personas particulares sin existir una justificación. Al incrementar su patrimonio de manera injustificada, esta acción encuadraría en el tipo penal de enriquecimiento privado no justificado", explicó.

Entre los investigados está Esteban Celi, hermano del excontralor Pablo Celi, quien, según la Fiscalía, habría recibido un cheque de aproximadamente USD 300.000 a nombre de una empresa, que compró una casa para él.

En el caso Citadel, solo una vez se ha suspendido la audiencia por un problema de salud del juez Terán, quien deberá llamar a juicio o dictar el sobreseimiento a los sospechosos.

"Ya tenemos 15 días y no sabemos aún de la audiencia. Esperemos que no demore la resolución".

Fiscal César Suárez.

En enero de 2022, hubo dos convocatorias para continuar con la audiencia porque las partes consideraron que el expediente era voluminoso y necesitaban tiempo para analizarlo en su totalidad.

Hasta el momento ya intervinieron en el juicio la Fiscalía, los abogados defensores, la Procuraduría y el representante de la Policía.

"Actualmente estamos esperando que el juez se pronuncie si acoge el pedido de la Fiscalía y llama a juicio o dicta sobreseimiento a todos los involucrados. Esas son las opciones", aseguró el fiscal Suárez.

Decevale: Pedido de recusación contra jueza Noritz

El 10 de febrero de 2022 debía cumplirse la cuarta audiencia evaluatoria de juicio en el caso Decevale, tras varias suspensiones.

Pero esta no se logró instalar porque los abogados de Oriana Rumbea, Fernando Yavar y Joseph Noritz, presentaron una recusación contra la jueza Gianella Noritz.

Según el director del Isspol, Renato González, el conflicto se origina porque Joseph Noritz insiste en defender a Rumbea, pese a que supuestamente es primo de la jueza Noritz.

Por ello, el fiscal Suárez considera que la defensa "está dilatando el proceso".

"El Código Orgánico de la Función Judicial establece que cuando un abogado defensor y el juez de la causa son familiares, el abogado no debe aceptar la defensa y abstenerse de intervenir", advierte Suárez.

La decisión está en manos del juez Oswaldo Sierra, quien deberá resolver, el 17 de febrero, si acoge o no la recusación y, de ser el caso, nombra a un nuevo juez para continuar con el proceso.

"Si sacan a la jueza Noritz, hay que declarar la nulidad y empezar de cero".

Fiscal César Suárez.

Los implicados en el caso Decevale son Rodolfo Kronfle, Carlos Carbo, Maryuri Zamora, Sonia Bonilla, Karen Carrillo, Roberto Carrión, Jorge Chérrez, Minnie Dougherty, Alexandra Martínez, Gonzalo Navarro, Oriana Rumbea y Luis Álvarez.

La primera convocatoria a juicio se realizó los primeros días de diciembre de 2021, pero los abogados, por mutuo acuerdo, decidieron suspender la diligencia porque no podían revisar los 570 cuerpos del proceso.

En la segunda convocatoria estaba prevista para el 10 de enero de 2022, pero la jueza Noritz estaba de vacaciones y el juez encargado Reynaldo Cevallos dejó sin efecto la convocatoria.

Cuando la jueza se reincorporó, se pudo instalar la segunda convocatoria a finales de enero y hubo tres días de audiencia, hasta que se presentó la recusación contra Noritz.

El Decevale es la institución encargada de realizar la compensación, liquidación y custodia de los valores negociados en las bolsas de valores Guayaquil y Quito.

Por este caso han pasado tres fiscales, antes de Suárez, quien lo asumió el 21 de junio.

Dos días después, el funcionario emitió las boletas y detuvo a los implicados tras ser alertado de que iban a huir del país.

Suárez explica que en el proceso contra Decevale se reclama la devolución de USD 693 millones en bonos, de los cuales USD 260 millones están inmovilizados en el Banco Central.

El saldo aún es rastreado por las autoridades.

"Eso se hará efectivo una vez que se cumpla la fecha de caducidad en octubre, siempre que no tenga el bloqueo del juez".

Fiscal César Suárez.

Decevale constaba como custodio de los bonos del Isspol y mensualmente debía informarle acerca del estado de los USD 900 millones.

"Pero cuando el Isspol pide el dinero, (Carlos) Carbo le dice que no lo tiene porque subcontrataron su custodia y esos bonos los pusieron a nombre de otra persona", sostiene Suárez.

Es decir, a nombre de Ibcorp Investment, la empresa de Jorge Chérrez. Así, el Isspol perdió la titularidad de los bonos.

Según el fiscal, la única manera de recuperar esos bonos es con una reparación integral, "es decir, cuando haya una sentencia condenatoria".

La Fiscalía también encontró transferencias de dinero a Kronfle y a familiares de Luis Álvarez por USD 80.000 y USD 200.000.

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