SNAI trasladó 22 guías penitenciarios en Esmeraldas tras denuncias
El director de la entidad, Pablo Ramírez, reconoció que agentes penitenciarios se unen a cabecillas de las bandas en las cárceles, en algunos casos porque son extorsionados.
Pablo Ramírez, director del SNAI, durante una rueda de prensa sobre los hechos en la cárcel de Turi, el 4 de abril de 2022. Ahora, se refirió a la extorsión a guías penitenciarios.
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El Gobierno trasladó a 22 guías penitenciarios de la cárcel de Esmeraldas, tras denuncias por su presunta participación en actos irregulares.
Así lo dio a conocer Pablo Ramírez, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), en entrevista con Ecuavisa.
El funcionario reconoció una realidad que ocurre en las cárceles del país. "Hemos visto que la prolongación del contacto que tienen permanentemente privados de la libertad con guías penitenciarios, es lo que ha hecho que se unan, o por actos extorsivos", explicó.
De allí que insistió en la importancia de un plan de rotación de esos guías penitenciarios.
Esto, agregó, será posible con la incorporación de 1.400 agentes penitenciarios que se gradúen de la primera escuela de formación. Su graduación se estima para noviembre próximo.
Modelo de gestión y traslado de prisioneros
Ramírez admitió también que no existía un modelo de gestión y prestación y servicios penitenciario, el cual lo construyó en tres meses.
Este mecanismo se implementará bajo cuatro criterios: infraestructura, recursos humanos y logísticos instalados, nivel de riesgo o seguridad y población objetiva, para dividir en máxima, mediana y mínima a los prisioneros.
El director del SNAI descartó que la habilitación de la cárcel La Roca, en Guayaquil, se diera solo por los disturbios en la cárcel de Turi, en Cuenca. Esto motivó el traslado de cinco cabecillas, responsables de los 20 presos fallecidos.
Ramírez aseguró que desde diciembre de 2021, se trabaja en su readecuación. Y que a sus 189 celdas trasladarán a aquellos que generen enfrentamientos.
Otra de las acciones, señaló, es el funcionamiento de un sistema interoperable con la Policía Nacional, el Consejo de la judicatura, Registro Civil y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
La finalidad es que todas las instituciones estén interconectadas y se cuente con información de primera mano, para así evitar filtraciones. El plan piloto inició en diciembre de 2021.
Todo esto es parte de un plan, cuyo presupuesto para este 2022 asciende a USD 30 millones. En total, se ha destinado USD 125 millones para un plan de cinco años de ejecución.
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