"No hay escuela de formación de sicarios en Esmeraldas", según la Policía
Javier Buitrón, comandante de Policía de la subzona Esmeraldas, explicó que la primera alerta del incremento en la inseguridad se registró en 2021, con las 149 muertes violentas.
Unos 400 policías conforman la Fuerza de Tarea Conjunta que opera desde el 3 de junio de 2022, en Esmeraldas.
Ministerio del Interior
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El comandante de Policía de la subzona Esmeraldas, Javier Buitrón, descartó que en esa provincia funcione una escuela de formación de sicarios.
En entrevista con Teleamazonas, el jefe policial se refirió a la ola de violencia que cifra en 202 las muertes violentas en lo que va de 2022.
"No existe escuela de formación de sicarios. Los delincuentes se aprovechan de los niños para darles una oportunidad económica. En la provincia tenemos una economía basada en el narcotráfico, microtráfico, contrabando de mercadería, minería ilegal, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos", explicó.
Buitrón señaló que desde 2015 hasta 2020, Esmeraldas registró una tendencia de 70 asesinatos anuales, pero que la primera alerta la recibieron en 2021. Ese año, dijo, la violencia criminal se incrementó un 100%, hasta sumar 149 crímenes el año pasado.
Reconoció que hay sobrepoblación penitenciaria. En una cárcel con capacidad para 700 presos, hay 1.300. Es que desde el estado de excepción, vigente hace un mes, la Policía ha desarticulado a 23 organizaciones delictivas en Esmeraldas.
Aunque resaltó el trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta, implementada el 3 de junio de 2022, con 1.300 militares y 400 policías, dijo que la inseguridad va más allá.
"No se trata de poner más policías y militares en las calles, tratamos de controlar esas conductas que no son las correctas y adecuadas. Nos toca trabajar más profundamente, atacar al problema", insistió.
Finalmente, cuestionó que existan "leyes mal estructuradas, mal hechas, que no protegen al policía. Queremos leyes que destruyan a los delincuentes".
Buitrón también hizo un llamado al sistema judicial, para que los jueces hagan "una aplicación moral por el bien común" y no dejen en libertad a los detenidos en los operativos.
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