Paro parcial de transporte de pasajeros afecta al Ecuador

Ventanillas de venta de pasajes cerradas, pasajeros esperando: esa era la tónica que presentaba la Terminal Terrestre de Guayaquil el lunes 19 de abril debido a un paro de transporte interprovincial de pasajeros.

El paisaje se repetía en otras ciudades del país, tras el llamado de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip) a paralizar el servicio en protesta por el alza en el precio de los combustibles.

El gobierno de Lenín Moreno fijó bandas para quitar progresivamente el subsidio.

"Están todos guardados, la mayoría", dijo a radio América Abel Gómez, presidente de la Fenacotip, al analizar las primeras horas de la paralización, que podría durar dos días.

Aceptó que la paralización no es total y apuntó al Gobierno de haber contactado a algunas cooperativas de transporte para evitar que se sumen a la medida de protesta.

"La agencia nacional ha llamado a ciertas operadoras, instigándole temor", denunció y aseveró que van a investigar caso por caso.

Los transportistas estacionaron sus unidades a un costado de las entradas a varias ciudades, en señal de su protesta.

Situación complicada

"Va a morir un sector como el nuestro", sostuvo. "Mucha gente se está retirando porque ya no es un negocio, ya no es un trabajo como el que tenía cualquiera", añadió Gómez al señalar que los gastos superan los ingresos.

Los transportistas y varios ministros se reunieron el fin de semana, con el fin de buscar una solución y evitar que el paro se produzca, sin embargo no se llegó a un acuerdo.

"Queremos una respuesta, exigimos una respuesta, no tenemos una respuesta", acotó.

El gremio del transporte busca un alivio financiero pues señala que las restricciones implementadas a causa de la pandemia han afectado la economía del sector, y se han registrado casos en los que no se puede pagar las cuotas por la compra de nuevos buses.

"Están tomando presos los vehículos, están reteniendo los vehículos (...) No hay un refinanciamiento", explicó.

"El Estado tiene que intervenir para que las instituciones financieras nos hagan una tabla de amortización. No queremos regalías", detalló.