Caso Ola Bini: ni el presidente Moreno ni la ministra Romo aportan información nueva a la Fiscalía General
El experto informático sueco Ola Bini (i) saluda a su padre Dag Gustafsson (d) durante una audiencia de apelación.
EFE
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Nota actualizada a las 12:20 con la versión de la ministra del Interior, María Paula Romo
"Sobre los hechos que se investigan, debo indicar que únicamente conozco la información que fue reportada públicamente por la señora ministra del Interior, María Paula Romo", escribió el presidente en una carta dirigida a la Fiscalía General.
El documento, fechado el 11 de junio, está firmado por el gobernante y la secretaria jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez. Fue entregada en una audiencia hoy en Fiscalía.
Allí debía haber acudido este miércoles el presidente en respuesta a una convocatoria del abogado defensor de Bini, Carlos Soria, para rendir su versión "libre, voluntaria y sin juramento" sobre la detención, el pasado 11 de abril, del informático sueco, amigo de Julian Assange.
José Charry, otro de los abogados del informático sueco, se refirió a la carta de Moreno como un "informe escueto, súper simple".
Recordó que Romo "nunca dijo que se lo ha visto 'hackeando' sistemas informáticos, cuentas de Gobierno, celulares", y además, ella "nunca ha dicho en sus declaraciones que a Ola Bini se le encontró sin su equipamiento de artes marciales" cuando intentaba ir a Japón.
"El señor presidente, en sus declaraciones, él sí dijo que supuestamente a Ola Bini se lo encontró 'hackeando' cuentas de Gobierno, celulares y que no tenía los implementos de artes marciales", subrayó el abogado al explicar la necesidad de que se aclaren las circunstancias del arresto.
Según el letrado, el sueco, que está en prisión preventiva, "ha sido una víctima de la desinformación del Gobierno".
Carlos Soria, a través de su cuenta de Twitter, también hizo pública la versión de Romo. "¡La señora Ministra del Interior lo confirma, las razones por las que Ola Bini está detenido son políticas! ¡Abusivamente políticas!
En el documento, de tres páginas, Romo reitera la información que ya es pública. Según ella, cuando el Gobierno retiró el asilo a Julian Assange "previó potenciales ataques a sistemas informáticos públicos y privados (...) Este análisis les llevó a revisar "potenciales aliados de Assange en Ecuador" y descubrieron a Bini.
Detalla los motivos de sospecha:
- Era asiduo visitante de la embajada ecuatoriana en Londres, donde estaba Assange.
- Tenía contratado a su nombre un servidor de Internet por el que había pagado una "cifra poco habitual".
- Su visa para residir y trabajar en Ecuador "había sido solicitada por una empresa que era importante contratista de la ex Senain.
- Había una serie de coincidencias en viajes al exterior con Ricardo Patiño, excanciller ecuatoriano.
Es decir, lo mismo que había informado en rueda de prensa el 11 de abril de 2019. Y reitera en que el Gobierno tenía "identificado un ciudadano extranjero en contacto con el excanciller (Ola Bini) y otros dos ciudadanos rusos con antecedentes por haber hackeado sistemas informáticos, todos relacionados con las organizaciones políticas que buscan desestabilizar al gobierno".
El caso
Bini, experto en programas encriptados y software libre, fue arrestado en el aeropuerto de Quito poco antes de abordar un avión hacia Japón el mismo día en el que Ecuador ponía fin al asilo de Assange en Londres, después de casi siete años en su Embajada.
Ambos son acusados de haber operado presuntamente una red de espionaje que atentó contra los sistemas informáticos del Estado ecuatoriano.
Bini, que dice ser inocente, está desde entonces bajo arresto en una cárcel de Quito y sus abogados han tratado de conseguir para él la libertad condicional, hasta ahora sin éxito.
Reacción internacional
El 7 de mayo un Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria solicitó al Estado ecuatoriano que proporcione información sobre la detención y advirtió de que expresará públicamente sus "preocupaciones" sobre el caso.
El escrito, remitido al representante ecuatoriano ante la Oficina de la ONU y otras organizaciones internacionales en Ginebra, llama a a Ecuador a aclarar las causas que llevaron a la detención del sueco así como las medidas adoptadas para "identificar y remediar cualquier violación" de sus derechos humanos.
Sobre ello, el Gobierno ecuatoriano ha afirmado que responderá a ese requerimiento porque dice no tener nada que esconder.
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