Fraude procesal: jueza dicta prisión preventiva contra Daniel Salcedo

El fallido intento de fuga hacia Perú y que terminó tras el accidente de la avioneta -y el fallecimiento de una persona- derivó en una acusación por el presunto delito de fraude procesal.

Se presume que en la aeronave viajaban cinco personas, entre ellas Daniel Salcedo, investigado también por el presunto delito de peculado por su participación en el contrato para la venta de funda para cadáveres al hospital general Los Ceibos con un sobreprecio de 1.311%.

En la audiencia de formulación de cargos, que se desarrolló este viernes 19 de junio en Unidad Judicial Florida, en Guayaquil, la jueza Mónica Caicedo dictó orden de prisión preventiva en contra de Caicedo. Tras el accidente, él permanece en el hospital y con fuerte resguardo policial.

Su novia, Jocelyn Mieles, en cambio, no podrá salir del país y deberá llevar un grillete electrónico. Desde que fue expulsada de Perú, ella ha asegurado que no tiene ninguna participación en los negocios de su pareja y que el viaje que emprendió con Salcedo era hacia la playa para festejar su cumpleaños.

En la diligencia, el fiscal Joffre Velasco Solís presentó como elementos de convicción:

• La documentación entregada por la Dirección de Aviación Civil, con el registro de las personas que abordaron una aeronave con presunto destino a la Isla Puná.
• El registro del plan de vuelo inicial de salida y retorno de la avioneta.
• El nombre del piloto a cargo del viaje.
• La información periodística emitida por medios de comunicación.
• Los videos de salida de la aeronave, el día del suceso.
• Las versiones receptadas al Director de la Aviación Civil en Guayaquil.
• Las versiones del detenido, Daniel Salcedo, una vez que fue trasladado a esta ciudad desde Perú.

Según Fiscalía, Daniel Salcedo pretendió inducir a engaño a las autoridades judiciales, con su intento de fugarse del país utilizando otro nombre, luego de conocer que sobre él pesaba una orden de detención por otros casos que investiga la institución, relacionados con peculado y la venta de insumos médicos con presunto sobreprecio a varios hospitales en Guayaquil.

La instrucción fiscal durará noventa días.